Medio centenar de etarras ultima su estrategia para acogerse a la ley que rebajará sus penas
Los presos de la banda armada dudan sobre cuál es el procedimiento más adecuado para presentar su solicitud
Ilustración de Alejandra Svriz.
Los cerca de 52 etarras que pueden beneficiarse de la ley que rebajará sus penas, y que entra este viernes en vigor, ya preparan su estrategia para cogerse a la norma. Una medida impulsada por el Gobierno no exenta de polémica por la manera en la que fue propuesta y aprobada.
La ley sobre intercambio de antecedentes penales permitirá a los presos etarras descontarse las penas que han cumplido en Francia y adelantar así su salida de prisión. No obstante, la modificación de la Ley Orgánica 7/2014 no afectará, en un principio, al exjefe de ETA Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, ya que la Audiencia Nacional ya tuvo en cuenta en 2014 la pena impuesta por un tribunal francés al acumular sus condenas, de modo que previsiblemente este reforma legal no implicaría su salida de prisión antes de tiempo.
Sare, plataforma de apoyo a los presos etarras, señaló en octubre en rueda de prensa que se podrían beneficiar de la modificación un total de 52 presos, pero hasta el momento ninguno de ellos ha solicitado esa acumulación de condenas que permitiría varias excarcelaciones este mismo año.
Precisamente, estos etarras presos ultiman su estrategia y de momento no se han dirigido aún a tribunal alguno para solicitar su aplicación, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
La cuestión es que los reos albergan dudas sobre el procedimiento para solicitar esa acumulación de sentencias. Fuentes consultadas por esta agencia de noticias explican que, a día de hoy, el procedimiento normal para acumular sentencias condenatorias impuestas en España, incluyendo sentencias que ya están licenciadas y cumplidas, siempre ha sido el del último tribunal sentenciador.
No obstante, matizan que en 2020, el Tribunal Supremo (TS) dictó una sentencia en relación a la acumulación de condenas ya licenciadas –terminadas– para efectos de la libertad condicional, y señalan que esto generó cierta confusión porque en ese caso se indica que no debe ir al último tribunal sentenciador sino posiblemente al juzgado central de vigilancia penitenciaria.
Esto, según las fuentes consultadas puede ralentizar las peticiones de los presos de ETA de que se les aplique la reforma, dado que no consideran adecuado ir a una instancia sin tener una mínima confianza o certidumbre de que sea la adecuada. Entiende que además sería perder el tiempo y posiblemente generar confusión en los tribunales, que podrían incluso acabar planteando una cuestión competencial ante el Supremo.
Una ley no exenta de polémica
la modificación de la Ley Orgánica 7/2014
La aprobación de esta ley provocó un duro enfrentamiento entre Gobierno y oposición. Fue la Asociación de Víctimas de Terrorismo (AVT) la que advirtió de que la norma contenía una enmienda, introducida durante su paso por el Congreso por Sumar, que suprimía un artículo y la disposición adicional que impedía, hasta ahora, que los condenados etarras pudieran descontarse las penas que han cumplido en Francia.
El texto, con dicha enmienda, fue debatido y aprobado por unanimidad en el Congreso y pasó por el Senado sin que ningún grupo introdujera vetos ni enmiendas. El PP acusó al Ejecutivo de incluir «de tapadillo» dicha enmienda y afirmó que apoyó el texto por error, mientras que desde el Ejecutivo defendieron que el PP conocía lo que votaba y que el texto es el mismo que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014.
Esta reivindicación que hacen los presos etarras viene de lejos. Tanto los abogados de los presos etarras como Bildu demandan desde 2015 la modificación de esta ley. No obstante, en 2018 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avaló que España no descontara los años de cárcel cumplidos en Francia a los etarras. De esta manera, en 2022, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), protestó por la medida que preparaba el Gobierno de Sánchez, y aseguró que «supone una nueva humillación para las víctimas del terrorismo» puesto que se basa en «un fraude de ley» de lo dictado en la materia por el TEDH.
Asimismo, el Gobierno se comprometió en febrero de 2022 con las Asociaciones de Víctimas del Terrorismo que no haría ninguna maniobra para beneficiar a los presos etarras a través de esta ley. «No existe ninguna iniciativa para modificar la regulación que se refiere a los efectos jurídicos de las resoluciones condenatorias dictadas en otros Estados de la Unión Europea». El propio Pedro Sánchez señaló públicamente el 1 de septiembre de 2022 que «no se están recortando las condenas» y que los etarras «cumplirán íntegras» sus penas.
