La Confederación del Júcar antepuso la reforma de sus sedes a la limpieza de los ríos
El contrato para el mantenimiento del río Magro se anunció una semana después de la tragedia
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) dio prioridad a la reforma de sus sedes sobre la limpieza de los cauces de algunos ríos, entre ellos el Magro, uno de los que se desbordó el pasado 29 de octubre. El organismo responsable de los ríos valencianos inició el pasado día 5 de octubre -una semana después de la catástrofe que ha dejado 223 fallecidos- el expediente para el mantenimiento y conservación de la presa de Forata y del canal del Magro. Era una asignatura pendiente desde hace años. El desbordamiento del Magro provocó seis víctimas en Utiel y miles de afectados en otras localidades.
Mientras, la documentación para reformar integralmente las oficinas de su sede alicantina se puso en marcha el pasado julio. En Alicante están ubicadas sus oficinas técnicas. Los últimos trámites hasta su adjudicación, que ha quedado desierta, tuvieron lugar el día de la tragedia y los posteriores. El detalle de los contratos analizado por THE OBJECTIVE muestra que, además, el presupuesto previsto para las obras en Alicante, 268.000 euros, supera al de otras iniciativas clave. Entre estas destaca el proyecto de conectividad fluvial en el nuevo cauce del río Turia y revisiones en la presa de la Loriguilla. Esta fue otra de las zonas inundadas, con al menos un muerto.
Entretanto, el pasado septiembre la Confederación anunció la licitación de otro contrato que en este caso afecta a la sede de Valencia. El objeto es el desarrollo de proyecto complementario a la mejora de la eficiencia energética del edificio sede de la Confederación Hidrográfica del Júcar en la capital. El pliego está valorado en más de dos millones de euros. Este importe supera en medio millón al previsto para mantener en condiciones el canal del Magro y la presa de Forata.
Obras de mantenimiento y presupuesto
Otros mantenimientos, como el de las presas del Júcar –Alarcón, Contreras, Tous, Escalona– y bombeo de Benifaió también fueron previstos después de las reformas y mejoras de las oficinas. También fue posterior el pliego que prevé trabajos de apoyo en las labores de mantenimiento y conservación de las distintas infraestructuras que componen el Canal Júcar-Turia. Este contrato tiene un valor estimado de 5,3 millones y un periodo de ejecución de tres años.
Uno de los graves problemas de las confederaciones que dependen del ministerio que capitanea Teresa Ribera es la falta de presupuesto. La del Júcar en concreto apenas cuenta con 52 millones para gastos, y es una de las razones por las que obras clave llevan atascadas décadas. Los dos contratos de mejoras en las sedes suman casi 2,7 millones, el equivalente a más del 5% del presupuesto de la CHJ para 2024.
El canal del Magro
En el caso del mantenimiento del canal del Magro, la última vez que se impulsaron labores de este tipo fue ahora hace cinco años. La duración prevista del contrato era de tres años. En 2001 se proyectó una presa de laminación de avenidas que hubiera suavizado, probablemente, el impacto de las inundaciones. Esta iniciativa fue descartada siete años más tarde por problemas geológicos. Sin embargo, se planteó una alternativa que nunca se llevó a cabo, según informa el diario Las Provincias.
José Javier Sánchez, alcalde de Algemesí, una de las localidades afectadas por el desbordamiento del Magro, fue uno de los que alertó de las malas condiciones en las que estaba el cauce del río. Asegura que avisó a la Confederación hasta en dos ocasiones y por escrito del peligro que suponía la falta de limpieza del cauce. Sin embargo, dice, le ignoraron. El Magro fue uno de los ríos que sobrepasó su cauce el día que se desencadenó la tragedia de Valencia. Su desbordamiento afectó a La Alcudia, Carlet, Algemesí, Utiel y Requena.
Reforma de las oficinas
El 1 de noviembre, solo cuatro días antes de la puesta en marcha del contrato para limpiar el río Magro, los responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar tramitaron la adjudicación del pliego para la reforma integral de sus oficinas en Alicante. Apenas habían pasado tres días de la tragedia. Ese día, los cruces de acusaciones ante la descoordinación y por la falta de previsión ya habían tomado protagonismo.
La mesa de contratación del organismo responsable de los ríos valencianos y dependiente del Ministerio de Transición Ecológica gestionó el 29 de octubre, el día de la tragedia, la valoración de la única empresa que se había presentado al concurso. Los pliegos muestran que ésta quedó fuera porque no obtuvo la puntación mínima en los criterios subjetivos.
Ese mismo día se subió a la Plataforma de Contratación, a las 12:38, el informe sobre los criterios de valoración de Antilia Proyectos y Obras, la única empresa que se presentó. Media hora antes llegó la primera alerta sobre una crecida del caudal en el barranco del Poyo, la zona con más víctimas. Los datos muestran que se ha triplicado el cauce normal y se avisa de que «la crecida está siendo muy rápida».
Tras la catástrofe
Tres días más tarde, según consta en el acta de resolución del contrato, Miguel Polo Cebellán, presidente de la Confederación del Júcar, ratificaba con su firma la resolución de la mesa. Polo Cebellán suscribía que se había presentado ofertas admisibles de acuerdo con los criterios establecidos en los pliegos que rigen la licitación. Al tiempo, ordenaba que se publicase la resolución.
El contrato deberá volverse a adjudicar. Su objeto es la rehabilitación total de las oficinas de Alicante, situadas en una parcela en la que se ubica el Instituto Geográfico Nacional (IGN). El pliego apunta que se requiere una adecuación de la distribución interior, instalaciones existentes y los elementos. Asimismo, apunta la necesidad de garantizar la accesibilidad.
Blindaje penal
Otro contrato en el punto de mira es el relativo al seguro de responsabilidad civil derivada de un procedimiento penal para los empleados de la Confederación del Júcar. Este se activará en el caso de concurrencia de negligencia o culpa leve. El contrato se ejecutó el pasado día 7 de octubre, tres semanas antes de que tuviese lugar la tragedia. Los empleados protegidos son 212, según recoge el pliego técnico. Entre los blindados están el presidente, los cuatro jefes de unidades administrativas y 15 directores técnicos y jefes de área.
W.R. Berkley Europe, una empresa aseguradora estadounidense con sede en España, se encargará de la cobertura de este seguro para la plantilla de la Confederación del Júcar. El importe de adjudicación ha sido de 45.000 euros y duplica el suscrito con la misma compañía hace dos años. El pliego técnico detalla que el seguro tiene por objeto la cobertura de la responsabilidad civil que pudiera derivarse de actuaciones profesionales. La cobertura del seguro se extiende a los gastos de defensa civil y constitución de fianzas exigidas en o derivadas de un procedimiento penal.