47 hospitales y 347 residencias de ancianos están en zonas inundables de alto riesgo
En estos territorios también se encuentran 977 colegios y nueve aeropuertos; y viven 2,6 millones de personas
Un grupo de voluntarios camian junto a la residencia tercera edad Parqueluz en Catarroja (Valencia). | EFE.
Las terribles inundaciones de la Comunidad Valenciana que por el momento han dejado más de 200 muertos y 75.000 personas afectadas directamente ponen de manifiesto que en España se ha construido en zonas inundables de alto riesgo, en las que hay determinados usos que están prohibidos, como la construcción de hospitales, residencias de ancianos o colegios, según el Real Decreto 638/2016.
De acuerdo con los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) 2022-2027, elaborados por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, en España hay 45 hospitales y 358 residencias de ancianos construidos en zonas inundables de mayor riesgo. Además de 977 centros educativos y nueve aeropuertos.
El problema viene de hace décadas. Hasta 2015 se permitía la construcción en cualquier lugar. Desde ese momento, con una reforma de la Ley del suelo, se obligó a declarar no urbanizables los suelos inundables. A partir de entonces, el Real Decreto 638/2016 prohíbe construir ciertas instalaciones según el riesgo de inundación que tenga cada zona. En lo que se considera zonas inundables de alto riesgo está prohibido construir hospitales, residencias de ancianos y colegios.
Según la norma mencionada, se establecen las siguientes limitaciones en los usos del suelo en la zona inundable: «Se evitará el establecimiento de servicios o equipamientos sensibles o infraestructuras públicas esenciales tales como, hospitales, centros escolares o sanitarios, residencias de personas mayores o de personas con discapacidad, centros deportivos o grandes superficies comerciales donde puedan darse grandes aglomeraciones de población, acampadas, zonas destinadas al alojamiento en los campings y edificios de usos vinculados, parques de bomberos, centros penitenciarios, depuradoras, instalaciones de los servicios de Protección Civil, o similares».
Excepcionalmente, prosigue el decreto, «cuando se demuestre que no existe otra alternativa de ubicación, se podrá permitir su establecimiento, siempre que se cumpla lo establecido en el apartado anterior y se asegure su accesibilidad en situación de emergencia por inundaciones».
A pesar de este marco legislativo, muchos gobiernos autonómicos han seguido dando licencias para construir en estas zonas. Es lo que ha pasado recientemente con el Campus de Salud de Girona, una macroinversión pública, cuyo proyecto arquitectónico fue licitado en octubre por valor de 25,3 millones, y que ahora, a medio proceso, se ha detectado que parte del futuro complejo médico «estará en zona inundable», informa Crónica. El equipo de la consejera de Salud, Olga Pané, busca soluciones para evitar males mayores.
Más de 2,6 millones de personas
Casi medio centenar de hospitales, más de 340 residencias de ancianos y casi un millar de colegios se encuentran ubicados en zonas inundables de mayor riesgo de las cuencas intercomunitarias. Según el resumen ejecutivo de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación de segundo ciclo, en estos lugares, además, viven 2.692.000 de personas. El 59% de esta población se concentra en las demarcaciones del Guadalquivir, Segura y Júcar.
Las cuencas del Ebro (3.572 kilómetros), Júcar (3.408) y Duero (3.277) son las que tienen más kilómetros inundables en España, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Le siguen las cuencas del Guadiana (1.816 kilómetros), Segura (1.783), Tajo (1.643), Cantábrico Occidental (1.256), Guadalquivir (1.127), Miño-Sil (813) y Cantábrico Oriental (589 kilómetros).
Por ciudades, Murcia, Lérida, Badajoz, Gijón, Avilés, Bilbao, Palma e Ibiza son algunas de las más afectadas, según se desprende de las delimitaciones cartográficas que pone el Ministerio a disposición del usuario.
El principal objetivo de estos Planes –que contemplan la ejecución de más de 100 proyectos– es «lograr una actuación coordinada entre las administraciones y la sociedad para reducir las consecuencias negativas de las inundaciones». Los documentos recogen medidas para todas las fases del ciclo de gestión del riesgo (prevención, protección, preparación y recuperación). «Estos planes son una herramienta para la previsión y adaptación a los posibles escenarios de avenidas o inundaciones que acompañan al tercer ciclo de los planes hidrológicos de cuenca para el periodo 2022-2027».
Para ello, según informó el Ministerio, se aprobaron 678 millones de euros para medidas periódicas de carácter anual y 1.322 millones para acciones puntuales. Los fondos se distribuyeron de la siguiente forma: para el Miño-Sil, 55 millones de euros; Cantábrico oriental, 128 millones de euros; Cantábrico occidental, 112 millones de euros; Duero, 143 millones de euros; Tajo, 109 millones euros; Guadiana 153 millones de euros; Guadalquivir, Ceuta y Melilla, 222 millones de euros; Segura, 644 millones de euros; Júcar, 160 millones de euros y Ebro, 250 millones de euros.
