El Parlamento Europeo estudia ya una petición de investigación sobre la DANA de Valencia
Un colectivo de asociaciones de jóvenes por los derechos humanos ha pedido una investigación a la Eurocámara
Pleno en el Parlamento Europeo. | Philippe Stirnweiss (Europa Press)
Un grupo de jóvenes defensores de los derechos humanos ha presentado en el Parlamento Europeo una petición de investigación para aclarar las responsabilidades políticas en la gestión de la DANA que azotó la Comunidad Valenciana. La denuncia busca aclarar si las actuaciones de los gobiernos de España y Valencia vulneraron derechos fundamentales de los ciudadanos, según informan los denunciantes a THE OBJECTIVE.
Concretamente, la denuncia se basa en una posible vulneración de los artículos 2, 3 y 6 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y del artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Estos artículos se refieren a algunos de los derechos más fundamentales de los ciudadanos, como son la vida, la dignidad y la seguridad.
La Secretaría General del Parlamento Europeo ha acusado recibo de la petición. «Hemos transmitido su petición a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que le comunicará por escrito su decisión en cuanto la tome. No obstante, le advertimos de que, habida cuenta del elevado número de peticiones que el Parlamento Europeo recibe cada año, el procedimiento de examen de una petición puede demorarse cierto tiempo», ha respondido Bruselas a los denunciantes.
Varias regiones afectadas
Desde el pasado 29 de octubre, cuando se produjeron las peores riadas en Valencia en lo que va de siglo, el baile de acusaciones y competencias entre el Gobierno central y el autonómico ha sido constante. Por un lado, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, no quiso aumentar la alerta a nivel 3, lo que supondría ceder la gestión de la tragedia al Estado. Por otro lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no quiso declarar el estado de alarma y arrebatar así el mando a Mazón.
Sin embargo, la DANA no afectó solo a Valencia, también la sufrieron la provincia de Albacete, el norte de Andalucía, la Región de Murcia, Cataluña y Aragón. Esto, según los abogados del Estado que consultó este periódico, es clave para que la gestión de la catástrofe recaiga sobre el Gobierno central.
«Las circunstancias actuales superan la capacidad de respuesta de las seis comunidades autónomas implicadas, por lo que no se prevé que estas comunidades se reúnan para establecer convenios entre ellas para abordar esta situación. En este contexto, interviene el Gobierno central, que tiene la autoridad y la responsabilidad de actuar en este tipo de situaciones», aseguraron los abogados del Estado consultados por este periódico.
Los expertos señalaron que «el instrumento jurídico adecuado para gestionar una situación de esta magnitud se denomina estado de alarma, y está claramente previsto en la Constitución Española». La Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio recoge como primera opción que el Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo 116.2 de la Constitución podrá declarar el estado de alarma en casos de «catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud».
