El Gobierno contrata a dedo a una empresa de la Gürtel que se usó para atacar a Mazón
La Confederación del Júcar confía en Becsa, como antes lo hizo la Generalitat que fue criticada por PSVP y Compromís
El Gobierno de Mazón y la Confederación del Júcar han impulsado contratos de emergencia y a dedo para rehabilitar las infraestructuras dañadas por las inundaciones del pasado 29 de octubre. | Europa Press
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, ha adjudicado a dedo y por el trámite de emergencia un megacontrato a una empresa que se utilizó para atacar a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat valenciana. El contrato, formalizado el pasado miércoles 27 y que tiene por objeto reparar daños provocados por las riadas del 29 de octubre, ha recaído en Becsa. Uno de los accionistas de esta empresa fue condenado hace años en el caso Gürtel.
Esta constructora castellonense nació hace 55 años y está especializada en carreteras y en obras hidráulicas. Becsa ha sido beneficiaria de numerosos contratos de la Generalitat valenciana, algunos de ellos negociados sin publicidad, pero también por concesiones de la Confederación del Júcar. Pese a todo, desde el Partido Socialista y Compromís las concesiones que se han puesto en duda han sido las de Mazón. Estas formaciones entienden que las adjudicaciones son partidarias.
Los documentos analizados por THE OBJECTIVE muestran que la decisión de la Confederación de encargar a esta empresa obras en el Canal del Turia se tomó el pasado día 22. El contrato, formalizado hace solo dos días, está compuesto por dos lotes. El más importante, valorado en 14,4 millones de euros, ha sido adjudicado a Becsa.
Casos Taula y Gürtel
También Becsa recibió hace dos días un contrato de la Confederación del Júcar valorado en 900.000 euros. En este caso, la empresa castellonense competía con Pavasal, una sociedad con sede en Valencia también especializada en construcción y conservación de obra civil. Esta empresa, implicada por financiación irregular en el caso Taula, también se ha hecho recientemente con otros contratos en Valencia. El pliego empezó a tramitarse el pasado junio y prevé un acceso a los sifones -tuberías- del embalse de la Loreguilla, un enclave determinante para evitar las inundaciones.
La localidad del mismo nombre se inundó durante las riadas del pasado octubre. Hubo fallecidos, pero la catástrofe pudo ser mucho mayor si la presa no hubiera resistido. Incluso se especuló con la rotura de la infraestructura, un asunto que fue radicalmente desmentido. Este ambicioso proyecto se remonta a 2007 y se han ido ejecutando iniciativas, de forma pausada, durante dos décadas. El último proyecto está vigente desde 2019.
Esta adjudicación –ver pliego técnico– se une a otras tramitadas por este organismo, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, que hasta el pasado lunes dirigía Teresa Ribera. La Confederación del Júcar, con un presupuesto de 54 millones, alterna proyectos técnicos con reformas en sus sedes y mejoras para sus empleados, como seguros de responsabilidad. Un tercio del presupuesto del organismo responsable de los ríos de la cuenca del Júcar va al pago de sus trabajadores.
Otros contratos de Carlos Mazón
Por su parte, el Gobierno de Carlos Mazón ha otorgado recientemente dos importantes contratos, negociados sin publicidad y por el trámite de emergencia, a Becsa. Uno de los accionistas de la empresa reconoció en 2018 la financiación a la caja B del PP valenciano investigada en la trama Gürtel.
Así, el pasado 15 de noviembre se hacía efectivo el encargo, por parte de la Generalitat, de las obras para la reposición de elementos de seguridad y estudio y medidas para garantizar la estabilidad de la presa de Buseo en Chera (Valencia). Este contrato, de casi cuatro millones con IVA incluido, fue puesto en entredicho por los partidos valencianos en la oposición.
PSPV y Compromís han pedido tener acceso a los expedientes de los contratos de emergencia aprobados por la Generalitat para afrontar la reconstrucción tras la DANA. Ambas formaciones han advertido que sobre ellos sobrevuela «la sombra de la sospecha» y «un patrón» por parte del PP.
Frente a estas críticas, el PP ha defendido que los contratos se adjudican sobre la base de la urgencia, algunos de ellos a empresas con las que trabajaba el anterior gobierno del Botànic. Los populares han criticado la «hipocresía política» de PSPV y Compromís cuando, a su juicio, es momento de estar centrados en la reconstrucción tras las inundaciones del pasado octubre.
Además de este pliego, el Ejecutivo de Carlos Mazón formalizó el pasado 21 de noviembre otro pliego adjudicado a dedo a la misma empresa salpicada, a través de uno de sus accionistas, por la Gürtel. Se trata de un contrato de más de ocho millones de euros. La finalidad es la redacción del proyecto y ejecución de obras de emergencia para rehabilitar dos puentes de la carretera CV-50.
