Presentan una 'ley popular' para proteger de Bildu el Monumento a los Caídos de Pamplona

Un grupo de navarros preocupados por «la imposición desde el poder de una sesgada y falsa visión de la historia» han presentado este martes en Pamplona una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para blindar el Monumento a los Caídos de Pamplona declarándolo bien de interés cultural (BIC). Lo hacen preocupados porque EH Bildu tiene como pretensión demolerlo, y recientemente el Partido Socialista de Navarra (PSN) se ha abierto a «que se derribe una parte del edificio». Su declaración como BIC impediría estos extremos.

La presentación ha tenido lugar en el Hotel Tres Reyes, y ha corrido a cargo del aventurero carlista Telmo Aldaz Quadra-Salcedo, acompañado del arquitecto José Ismael de la Barba Palacio y de Leonardo Falcó, ambos representantes de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, que ha recurrido ante la Justicia la desestimación por parte del Gobierno de Navarra de declarar BIC el monumento, construido en época franquista para honrar la memoria de los 4.500 navarros muertos en el bando nacional durante la Guerra Civil.

Aldaz ha defendido ante los medios que «ochenta años después querer revivir esos odios no es lógico, es de una sociedad que tiende al bestialismo y no a una evolución lógica». El aventurero ha invitado a los navarros a participar «en la Controversia de Pamplona de una manera serena», y ha plasmado su opinión aludiendo a diferentes libros y escritos de navarros que participaron en la contienda civil de 1936, como el de Pablo Larraz sobre las 100 últimas cartas de un requeté de Mañeru, o el de Javier Nagore, para ilustrar el debate: «La memoria de los muertos no se puede tocar y una sociedad que se dice civilizada no puede remover estos sentimientos».

Informe pericial

La iniciativa se fundamenta en un informe pericial de 160 páginas elaborado por el arquitecto José Ismael de la Barba Palacio, que destaca el valor artístico, arquitectónico, histórico, etnológico y técnico del monumento. «El hecho de que en estos momentos se esté generando un debate, es otro motivo más para tener que conservarlo. Estamos en la interpretación y en el discurso único de la historia, teledirigido al estilo 1984 de Geroge Orwell. Y eso es lo tenemos que evitar, porque el debate es lo que genera riqueza social y cultural», ha subrayado De la Barba.

Tras subrayar la valoración patrimonial y calidad arquitectónica del Monumento, el arquitecto ha explicado que «tenemos que tener en cuenta que nosotros somos simplemente administradores del patrimonio. El patrimonio no es nuestro, nosotros simplemente lo debemos administrar porque nuestro deber está en dejarlo como un elemento petrificado de un momento en el que se hizo, que va a ser testigo para que las futuras generaciones puedan estudiar y aprender lo que se hizo y que es lo que pasó en la época en la que se construyó».

Bildu y PSN

Bildu siempre ha querido demoler el Monumento a los Caídos por considerarlo un «mausoleo franquista», y como Joseba Asirón recuperó la alcaldía gracias al apoyo del PSN en la moción de censura contra UPN, esto es ahora una amenaza real. Tras asumir la vara de mando, Asirón anunció que retomaría el «concurso de ideas» que llevó a cabo en su anterior legislatura, del que se seleccionaron siete posibilidades que oscilan «entre la resignificación del documento hasta su eliminación física». 

Marina Curiel, portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, sostuvo este pasado mes de septiembre que los socialistas «no estamos cerrados a que se derribe una parte del edificio, pero no todo, hay que resignificarlo y en este proyecto presupuestario se debe dar un impulso importante».

Asirón ordenó en 2016 la «clausura del cementerio» existente en la cripta del monumento y la exhumación de los restos de los generales Emilio Mola, José Sanjurjo y los demás ocupantes del mausoleo. El dirigente abertzale abogó públicamente por «que el mejor proyecto sea el que decida la ciudadanía». Y si es así, son muchos los navarros que consideran que hay elementos objetivos para garantizar su conservación, y que van a luchar por ella.

Una vez registrada la ILP, dicta la Constitución, la Mesa del Parlamento de Navarra decidirá si la admite a trámite. Si lo hace, sus promotores tienen un plazo de seis meses para recoger las 5.000 firmas que permitan su debate parlamentario.