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Aparece amianto en las obras de la sede de la Policía en Zaragoza: «Hay agentes en riesgo»

El SUP ha denunciado presuntas irregularidades en la demolición del edificio que albergará la nueva Jefatura de Aragón

Aparece amianto en las obras de la sede de la Policía en Zaragoza: «Hay agentes en riesgo»

Las obras de remodelación de la nueva sede de Policía de Aragón. | SUP

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado presuntas irregularidades en la ejecución de las obras de la nueva sede de la Policía Nacional de Aragón, en Zaragoza, tras la aparición de amianto, un material empleado para la construcción de edificios antiguos que fue prohibido hace dos décadas por ser peligroso para la salud. Se da la circunstancia de que el complejo que albergará la nueva jefatura es un viejo cuartel policial ubicado en el centro de la capital aragonesa que fue inaugurado en 1945. El proyecto, al parecer, contemplaba que este elemento tóxico pudiese manifestarse en el edificio. El problema, no obstante, ha surgido de la manipulación de unas tuberías por parte de unos operarios, advierten fuentes sindicales a THE OBJECTIVE

En un vídeo que difundió el sindicato el lunes, se observa como una pala excavadora deposita en un contenedor, en el patio interior del cuartel, una serie de tuberías de amianto. «La demolición se estaba haciendo en malas condiciones. Las bajaban con la máquina y después las volcaban a una altura de tres metros. De ese modo, los tubos se rompen y las fibras del material se propagan. Esa zona estaba sin señalizar, solo lo estaba parte de la obra. Y coincide que por allí hay coches policiales y pasan muchos funcionarios de Policía. Si no se actúa correctamente, los agentes están en riesgo», advierten las mismas fuentes. Cabe destacar que el edificio en obras también aloja la comisaria del distrito centro.

Según esta organización policial, la gestión de estos residuos no cumplía con la normativa y por este motivo denunció este proceder ante la Inspección de Trabajo. Por su parte, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEPSE), responsable de la reforma, decidió paralizar los trabajos en ese punto el lunes y continuar en otras zonas, según publicó El Heraldo de Aragón. Este miércoles, no obstante, se han retomado las demoliciones. Según fuentes presenciales, la zona estaba ya acotada y la pala de la excavadora estaba cubierta para que las tuberías no impactasen en la misma, tal como puede advertirse en las imágenes que ilustran este texto. En cualquier caso, el SUP dará parte a la inspección para que corrobore si esta solución es adecuada.

Sin plan de ejecución

Desde esta organización policial destacan que el SIEPSE se ha negado en dos ocasiones a facilitar a los delegados de prevención de riesgos laborales una copia del proyecto de ejecución de la demolición y reforma del complejo policial. «Realizamos la solicitud en julio, pero no se nos autorizó. Tampoco en septiembre. En cambio, sí se han reunido con el colegio Joaquín Sorolla y una asociación de vecinos que hay en el edificio de al lado, cuando, hasta ahora, nosotros somos hemos sido los únicos que hemos estado vigilantes sobre la demolición», denuncian. A su juicio, la negativa de esta sociedad pública supone el incumplimiento del Procedimiento de Prevención de Riesgos Laborales. 

«Una vez incorporado al proyecto los requisitos de prevención previstos, la División Económica y Técnica remitirá el proyecto a la Subdirección General de Recursos Humanos —de la Policía Nacional—, la cual lo enviará al Comité de Seguridad y Salud respectivo para consulta de los Delegados de Prevención y del resto de los miembros del mismo, pudiendo éstos formular las alegaciones que estimen pertinentes. Estas observaciones deberán ser remitidas a la División Económica y Técnica en un plazo de 15 días», reza la citada norma, en el punto, 401, apartado 5.2.

Protestas por el amianto

Tras desvelar las presuntas irregularidades en las obras, el SUP ha protagonizado protestas frente al antiguo cuartel el lunes y el martes. Fuentes sindicales insisten en el riesgo supone este tipo de errores en la salud de los ciudadanos y, sobre todo, de los agentes que trabajan allí. «Una posible liberación de fibras de amianto durante el proceso de demolición de los edificios puede conllevar graves riesgos para la salud de los trabajadores, pero además puede constituir un riesgo para la salud pública debido a su localización junto a un colegio y para los funcionarios que seguimos ocupando nuestros puestos de trabajo», alertan.

Estas mismas fuentes critican, además, que la Jefatura de Policía no se ha planteado el traslado de los agentes mientras duran los trabajos de demolición. Según publicó el citado diario regional, durante el verano, fueron reubicadlas algunas unidades como el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES), la Unidad de Guías Caninos o de Subsuelo. En cualquier caso, en las instalaciones todavía permanecen cientos de agentes de otros departamentos, como la brigada provincial de seguridad ciudadana. 

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