Aldama desvela que Ábalos habría cobrado una comisión por un megacontrato ferroviario
El presunto pago ilegal tendría que ver con la compra de trenes de cercanías a una empresa valenciana
Los tentáculos de la trama liderada por el exministro José Luis Ábalos se extienden más allá de los conocidos casos del cobro de comisiones en la venta de material sanitario durante la pandemia, la adjudicación de obras a constructoras y la venta de hidrocarburos. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, el comisionista de las tramas, Víctor de Aldama, al que los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil definen como el «nexo corruptor», ha apuntado también al amaño de contratos en la adjudicación de obras ferroviarias cuando Ábalos estaba al frente del Ministerio de Fomento y su asesor Koldo García ocupaba el puesto de consejero de la empresa pública Renfe Mercancías.
En ese sentido, Aldama ha desvelado a su entorno más cercano cómo se amañó un megacontrato, calificado en el ámbito ferroviario de «contrato del siglo», para que la empresa Stadler Rail Valencia obtuviese una parte del encargo a cambio de presuntamente pagar una mordida a Ábalos.
Los hechos se remontan a marzo de 2019, cuando Renfe, la operadora ferroviaria estatal, sacó a licitación la compra de 211 nuevos trenes de cercanías de «gran capacidad» valorados inicialmente en 2.700 millones de euros. Cada uno de estos trenes, según las especificaciones del concurso público, debía ser capaz de transportar al menos 900 viajeros, lo que convertía la adquisición en uno de los contratos más relevantes de la historia ferroviaria española.
Pocos meses después, en noviembre de 2019, Koldo García Izaguirre fue nombrado por Ábalos consejero de Renfe Mercancías, a pesar de que no contaba con formación o experiencia en el sector ferroviario. Fue un nombramiento polémico y el exministro lo defendió en el Congreso de los Diputados de una manera vaga. «Como no puede ser de otra manera, el nombramiento se realizó de acuerdo con la legalidad vigente», afirmó.
Acto con el exministro Ábalos
El marzo de 2020, en un evento organizado por la Cadena Ser, el presidente de Stadler Rail Valencia, Íñigo Parra, coincidió como ponente con el entonces ministro Ábalos en un debate titulado «Empresa y movilidad». En esa ocasión, Ábalos destacó la importancia de mejorar el transporte ferroviario, en especial el transporte de mercancías, y de impulsar las conexiones de Cercanías, una asignatura pendiente según sus palabras.
Por su parte, el presidente de Stadler Rail Valencia aprovechó la ocasión para anunciar una inversión significativa en la sede de la compañía en Valencia, por un total de 40 millones de euros, así como la creación de más de 500 puestos de trabajo directos, lo que que posicionaba a la planta valenciana como un centro tecnológico para trenes regionales y de cercanías para Norteamérica y el sur de Europa. Un proyecto que no puso en marcha hasta recibir la adjudicación millonaria por parte del Gobierno.
Adjudicación para Stadler
En marzo de 2021, Renfe anunció la adjudicación del megacontrato a la multinacional francesa Alstom y a Stadler Rail Valencia por un importe de 2.445 millones de euros. La primera se haría cargo de la fabricación de un primer lote de 152 trenes y la segunda del segundo lote, que incluía 59 máquinas. Hasta ese momento, Stadler no había logrado penetrar en los grandes encargos de la operadora ferroviaria española. Este contrato representó un logro histórico para la compañía, lo que elevó aún más las sospechas sobre el proceso de adjudicación.
Fuentes cercanas al caso consultadas por THE OBJECTIVE aseguran que el contrato se fraguó tras varias reuniones entre Koldo García y el responsable de Stadler en Valencia, en las cuales, presuntamente, se adelantaron los pliegos de condiciones del concurso a la empresa a cambio de una comisión ilícita.
Según estas fuentes, existían otras ofertas que resultaban más favorables que la que fue finalmente elegida, lo que incrementa las dudas sobre la transparencia del proceso. En este contexto, se mencionó un enfrentamiento entre Ábalos y la entonces presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, que inicialmente se mostró reacia a ese contrato.