Los fondos UE naufragan en los ayuntamientos por costes disparados, incidencias y sanciones
El Tribunal de Cuentas pone de manifiesto numerosos problemas en la aplicación que hacen los municipios
Carlos Cuerpo
La gestión de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de la Unión Europea que han ido llegando a los ayuntamientos está resultando extremadamente deficiente y, en bastantes casos, contraproducente. Proyectos que no cumplen los criterios establecidos, desvíos en los presupuestos y reiteradas modificaciones de los plazos, ausencia de seguimiento y sanciones consecuencia de los incumplimientos son situaciones que se repiten en los municipios beneficiados.
THE OBJECTIVE ha analizado dos recientes informes elaborados por el Tribunal de Cuentas sobre el uso de los fondos europeos por parte de los ayuntamientos y el veredicto final no es nada favorable. El organismo fiscalizador ha evaluado en dos trabajos recientes la aplicación de las ayudas europeas tras la covid para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas y para la transformación digital.
En el primer caso, 31 entes locales fueron agraciados por estos fondos que superan los 37 millones de euros. De estos ayuntamientos, el Tribunal de Cuentas ha fiscalizado nueve. Tres años después del anuncio de las ayudas por parte del entonces Ministerio de Industria, Comercio y Turismo -septiembre de 2021-, apenas cinco entidades de las 31 habían finalizado sus planes. Solo el Ayuntamiento de Toledo lo hizo en la fecha prevista.
Ayuntamientos incumplidores
Dos consistorios, Noja y Zamora, renunciaron directamente a la subvención y tuvieron que reintegrarla íntegra y con intereses de demora. A 31 de julio de 2024, fecha de corte del trabajo de fiscalización, el 77,42 % de entidades beneficiarias no había concluido los proyectos.
Los defectos en la definición de proyectos o de presupuestos han motivado el reajuste de actuaciones o de importes de los proyectos de la mitad de las entidades beneficiarias, señala en el TCu en un informe que fue aprobado en pleno el pasado día 18. En prácticamente la totalidad de los contratos tramitados surgieron contratiempos, mientras que los informes de seguimiento de los proyectos, más allá de los obligatorios, han sido excepcionales.
Transformación digital
El segundo informe del Tribunal de Cuentas analiza las ayudas concedidas para su transformación digital y modernización incluidas en los fondos UE del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Hasta 145 ayuntamientos con más de 50.000 habitantes y todas las capitales de provincia obtuvieron 89,4 millones de euros para 324 proyectos de digitalización. Un total de 37,8 millones se destinaron a inversiones en infraestructuras y a equipos que facilitan el teletrabajo. Otros 29,7 millones se dedicaron a ciberseguridad y el resto a la automatización de procesos de prestación de servicios públicos y a facilitar su acceso a la ciudadanía.
Nuevamente, la mayoría de los proyectos fiscalizados presentan deficiencias en la definición, presupuestación o programación temporal de los proyectos. Mientras, hasta cinco entidades locales han tenido que devolver los fondos y la mayoría de los que han tenido la intención de ejecutarlos lo han hecho por importes inferiores a los previstos. También han surgido incidencias reseñables en cuanto a los controles y seguimientos de los proyectos.
Suspenso en Administración para el ciudadano
En detalle, el informe destaca que la convocatoria de ayudas daba prioridad a unas líneas estratégicas «que no fueron utilizadas como criterio determinante para seleccionar los proyectos subvencionados». El mayor volumen concedido, 37,8 millones de euros, se dirigió a proyectos relativos a infraestructuras digitales que estaban recogidos como prioritarios. Los proyectos diseñados para impulsar la Administración orientada al ciudadano apenas absorbieron nueve millones.
Únicamente 22 ayuntamientos (el 15% del total) ejecutaron sus proyectos dentro del plazo fijado por la orden de convocatoria, el 31 de diciembre de 2022. Antes las dificultades en el cumplimiento del resto de las entidades, la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática decidió ampliar el plazo hasta el 15 de noviembre de 2024.
Las deficiencias en la definición, presupuestación o programación temporal de la mayoría de los proyectos de los ayuntamientos de Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Palencia, Talavera de la Reina, Tarragona y Utrera originaron la necesidad de modificar su contenido y la ampliación de los periodos de ejecución, llegando, en algunos casos, a la supresión del proyecto.
Los ayuntamientos de Palencia, Talavera de la Reina y Utrera no disponían, en su estructura organizativa, de órganos de carácter estratégico para el seguimiento efectivo de algunos de los proyectos subvencionados; mientras que los ayuntamientos de Barcelona, Palencia y Utrera no habían remitido sistemáticamente a la DGCAL los preceptivos informes semestrales de gestión y seguimiento, que permiten el control de la adecuada realización de los proyectos.
Las entidades analizadas con proyectos finalizados, excepto el Ayuntamiento de Madrid, que prácticamente ya había ejecutado el proyecto cuando presentó la solicitud, precisaron de ampliaciones de plazo por la inadecuada planificación y la carencia de medios personales suficientes para su ejecución en los términos previstos.
Todos los ayuntamientos analizados adoptaron medidas para mantener una adecuada pista de auditoría contable que facilite el proceso de fiscalización de los proyectos. No obstante, los Ayuntamientos de Barcelona y Palencia no aplicaron las operaciones de gasto a una única partida específica, como exige la normativa para los proyectos financiados con cargo a los Fondos Next Generation EU.
Según destaca el tribunal fiscalizador, los fondos asignados a la transformación digital y modernización de las administraciones públicas en el marco del PRTR, entre los ejercicios 2021 y 2023, ascienden a un total de 1.130 millones de euros. Los principales beneficiarios son las comunidades autónomas -688,6 millones- y a las entidades locales -391,4 millones-.
