El Gobierno tiene 11.200 ‘enchufados’ a dedo en todos los ministerios y entes estatales
La libre designación se ha convertido en una fórmula habitual pese a que el Supremo estima que debe ser excepcional
Pedro Sánchez | Ilustración de Alejandra Svriz
El Gobierno de Pedro Sánchez tiene colocadas a dedo a 11.218 personas -asesores y funcionarios que ocupan un puesto de libre designación- en los 22 ministerios y en los organismos y entes dependientes de estos. Solo en los ministerios, hay 7.323 funcionarios que llegaron a su último puesto sin superar un concurso de méritos. Para ello, el Ejecutivo eligió la libre designación, un método que debería ser excepcional y restrictivo, según numerosas sentencias del Tribunal Supremo. Para acceder a un puesto de este tipo ni siquiera es necesario acreditar un tiempo determinado en la Administración tras aprobar la oposición.
Junto a esto, diferentes entes, agencias y organismos públicos vinculados a los ministerios –Agencia Tributaria, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) o la Agencia Española de Medicamentos (Aemps)– tienen otros 3.100 cargos públicos situados en puestos relevantes a partir de criterios subjetivos. Hay otros 1.749 puestos, sumados ministerios y organismos dependientes, todavía vacantes, pero que están diseñados para ser cubiertos a través de criterios discrecionales.
A estos efectivos habría que añadir los 795 asesores y personal de confianza con los que cuenta el Gobierno de Pedro Sánchez, según el Registro de Empleados Públicos. Presidencia tiene 444 asesores, diez veces más que el primer ministro británico. Hay que tener en cuenta que en estos casos no es imprescindible haber superado previamente oposición, como sucede con la libre designación, para acceder al puesto. Las plazas de asesor están diseñadas para personal eventual y el trabajador pierde su puesto cuando cesa la persona que le nombró. La mayoría de estos cargos tienen nivel 30, el máximo en la Administración española.
Enchufados en ministerios
El análisis realizado por THE OBJECTIVE a partir de la relación de puestos de trabajo de la Administración General del Estado (AGE) a 1 de diciembre de 2024 muestra que la designación a dedo se ha convertido en una fórmula habitual para colocar a los afines en los mejores puestos. Sus sueldos son superiores a los de otros compañeros con el mismo nivel, gracias fundamentalmente al complemento específico.
Hay diferencias muy importantes porque algunos subdirectores generales o delegados tributarios pueden ganar mucho más que ministros y secretarios de Estado. Este plus está destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su «dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad», según el régimen de retribuciones de los funcionarios.
El detalle del registro de puestos de trabajo del personal funcionario contempla 201.183 puestos en la AGE. En la actualidad, hay 44.561 vacantes. La plaza vacante es aquella que se encuentra sin ocupar por su titular en un momento determinado. Buena parte están activas con carácter temporal mediante su cobertura con personal interino. No es el caso de los puestos de libre designación, que no deberían ser cubiertos por interinos.
Concurso de méritos
En total, hay 180.392 plazas previstas para que se acceda mediante un concurso de méritos. Hasta 39.800 estaban vacantes a principios de diciembre, aunque la mayor parte se encuentran ocupadas por interinos. La fórmula de concurso de méritos es el procedimiento ordinario de adjudicación de puestos de trabajo en la Administración. Un órgano colegiado independiente valora los méritos y capacidades de los aspirantes. Esto convierte a este mecanismo de provisión en el más idóneo.
La relación de puestos de trabajo muestra que el Ministerio de Exteriores es el departamento del Gobierno de Pedro Sánchez que cuenta con más funcionarios colocados a dedo en puestos relevantes. Una buena parte de este personal tiene destino fuera de España. Cancilleres, vicecancilleres, cónsules, jefes de negociado, secretarias y operadores de comunicaciones accedieron a sus trabajos a través de la libre designación y no por méritos. En el caso de Exteriores, seis de cada diez plazas se encuentran ocupadas por funcionarios que llegaron a su último puesto tras la decisión del ministro José Manuel Albares o algún alto cargo.
Nivel 30 y complemento específico
Tras Exteriores, el Ministerio de Hacienda copa las provisiones discrecionales. En total, 945 personas han obtenido su destino por libre designación, la mayor parte inspectores de tributos. Le sigue Interior (768), Política Territorial (679) y Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (607).
La mayor parte de los funcionarios por libre designación tienen nivel 30, reservado para puestos de confianza nombrados por altos cargos. Suelen tener rango de subdirectores y directores generales. También un porcentaje reseñable de estos funcionarios tienen niveles 28 -consejeros técnicos- y 29 -directores-. Tampoco faltan niveles 16 y 17, que son puestos destinados a secretarias y secretarios. El complemento específico, en el caso de delegados especiales de la Agencia Tributaria, puede superar los 71.500 euros.
El cese no es tan fácil
Pese a que resulta fácil la designación de funcionarios sin tener en cuenta los méritos y la antigüedad, el cese de estos efectivos no es tan sencillo como en el caso del personal eventual (asesores). El Tribunal Supremo ha dictado doctrina sobre el cese de funcionarios nombrados mediante el sistema de libre designación. Si bien pueden ser destituidos discrecionalmente -igual que fueron elegidos-, ello no impide que rija la regla general de la motivación.
En las plazas de funcionarios de libre designación es preciso motivar la elección. Se trata de hacer visible el cumplimiento de los límites a los que está sujeta tal elección. El funcionario de carrera que desempeña un puesto clasificado como de libre designación tiene interés en permanecer en su puesto, aunque no existe un derecho a la inamovilidad en esa plaza concreta. Por esta razón, el cese debe ajustarse a exigencias formales. Entre estas se encuentra la motivación –ver resolución del Supremo-.
«Al funcionario cesado debe dársele razón de por qué las razones de oportunidad, basadas en la confianza e idoneidad apreciada para el puesto y que llevaron a su elección, ya no concurren, o si concurren, qué otra circunstancia objetiva determina la pertinencia del cese», destacaba el tribunal en una resolución de septiembre de 2019 de la que es ponente el magistrado José Luis Requero.
En paralelo, la Justicia lleva años anulando colocaciones a dedo insuficientemente motivadas. Las sentencias afectan al Estado, pero también comunidades autónomas, especialmente a Andalucía. La mayoría de los nombramientos tuvieron lugar durante el mandato de José Antonio Griñán.
