Aldama dijo al juez que le dio 10.000 euros al mes a Koldo por «futuras adjudicaciones»
Las grabaciones de las declaraciones del comisionista corroboran los detalles publicados por THE OBJECTIVE
Víctor de Aldama, en su declaración ante el Tribunal Supremo. | TO
El presunto comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, aseguró ante el juez del Tribunal Supremo que le entregó al asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, 10.000 euros al mes durante un año a cambio de «futuras adjudicaciones», según las grabaciones a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Las grabaciones de las declaraciones judiciales de Aldama corroboran los detalles publicados por este diario sobre el testimonio del empresario ante el Tribunal Supremo. En su intervención, Aldama cifró en hasta cuatro millones de euros las mordidas recibidas de empresas beneficiadas por adjudicaciones de obra pública, implicando directamente a José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y, presuntamente, al PSOE.
La comparecencia del comisionista de la trama de mascarillas, que se prolongó durante tres horas, aportó nuevos detalles sobre el entramado de corrupción que salpica al exministro de Transportes. Según las grabaciones, Aldama afirmó que una parte de las mordidas era destinada al partido político, aunque no pudo precisar las cuantías ni presentó pruebas concluyentes en este aspecto. Sin embargo, entregó pantallazos de WhatsApp y notas manuscritas de Koldo García que, según él, demuestran el amaño de contratos públicos bajo la supervisión de Ábalos.
«El dinero era para el partido»
Aldama sostuvo ante el juez que Ábalos y García le indicaron que una parte de las mordidas debía destinarse al partido, aunque evitó proporcionar detalles específicos sobre los beneficiarios finales. Según su relato, las comisiones oscilaban entre el 1% y el 1,5% del valor de los contratos y eran repartidas entre él mismo, el exministro, su asesor y el PSOE. Los contratos amañados, precisó, se extendieron entre 2019 y 2021 y afectaron a varias empresas, incluidas Levantina, HCH, Azvi, OPR y Áridos.
Las mascarillas y el papel de Transportes
Ábalos habría facilitado a Aldama el acceso a otros ministerios, como los de Reyes Maroto (Industria) y Teresa Ribera (Transición Ecológica). Entre las empresas que pagaban comisiones se encuentran Levantina, HCH, Azvi, OPR y Áridos, algunas de las cuales lo hacían de forma directa, mientras que Aldama se encargaba de recaudar el dinero y actuar como intermediario. Además, explicó que los 6.000 euros mensuales que Sortis habría entregado no correspondían a un servicio de asesoría, sino que eran, en realidad, pagos encubiertos. Aunque el ministro de Transportes, Óscar Puente, y un informe de Adif han desmentido estas acusaciones, Aldama afirmó que las comisiones eran distintas de las que recibió por la adjudicación de mascarillas.
En relación con las comisiones por las mascarillas, Aldama precisó que la cantidad total alcanzaba los 250.000 euros, y aseguró que el dinero lo entregaba el asesor de Ábalos, quien mantenía la discreción durante las conversaciones. El empresario también reveló que personalmente entregó 170.000 euros al exministro en su residencia de El Viso y en el Ministerio de Transportes. Además, ratificó las acusaciones realizadas previamente ante la Audiencia Nacional, asegurando que entregó 15.000 euros a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, y 25.000 euros a Carlos Moreno, jefe de Gabinete de María Jesús Montero, lo que confirma la existencia de un entramado de sobornos dentro del PSOE.
Aldama reitera las acusaciones sobre Torres y Ábalos
El empresario también aseguró que Ábalos y otros altos cargos, como Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, acudían a una vivienda en la madrileña calle de Atocha «en compañía de señoritas». Según Aldama, este inmueble era utilizado para «encuentros de diversa naturaleza», aunque la defensa de Ábalos desestimó esta acusación, calificando dichas reuniones de estrictamente políticas.
Tras la declaración de Aldama, el Tribunal Supremo decidió mantener las medidas cautelares en su contra, incluyendo la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer ante la Secretaría de la Sala de lo Penal cada 15 días. En el auto emitido por el magistrado Leopoldo Puente, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, se señala que «persisten los indicios de criminalidad» y que es necesario reforzar las medidas tras las nuevas pruebas aportadas.
