Un estudio calcula que el exceso de inmigrantes cuesta 30.000 millones al año
Los 1,4 millones de personas nacidas en el extranjero que están en paro en España tensionan las arcas públicas
Ilustración de Alejandra Svriz.
El exceso de inmigración en España tiene un coste para las arcas públicas de al menos 30.000 millones de euros al año, amén de que genera una fuerte presión en los servicios públicos y en el mercado laboral, sobre todo en el actual contexto de elevado desempleo. Es una de las distintas conclusiones que se extraen del informe Inmigración en España: buenismo o eficacia, publicado este viernes por el grupo de trabajo de Amenazas Globales de NEOS, la fundación que lidera Jaime Mayor Oreja, que está formado por expertos como Luis Zayas, Jorge Soley, Alejandro Macarrón, Fernando Rosado y Carlos Beltramo.
El grupo ha concluido que el coste de la inmigración es de decenas de miles de millones de euros porque la «inmigración debería ser esencialmente solo la que se precise para cubrir huecos en el mercado laboral», pero actualmente hay 1,4 millones de nacidos en el extranjero en paro. A estos se suma «el efecto de sus familiares dependientes residentes en España inactivos -hijos suyos y cónyuges, principalmente- con los que conviven, lo cual daría, según nuestras estimaciones, en torno a dos millones de inmigrantes que vivirían de prestaciones económicas directas del Estado», pero se benefician de los servicios públicos gratuitos.
Si en promedio el total de las prestaciones económicas y los servicios de los que se benefician equivaliesen por persona al 50% del PIB per cápita de España (una estimación «conservadora» para los autores del informe), como este fue de 30.000 euros en 2023, «su coste total para el Estado sería en números redondos de unos 30.000 millones de euros, una cantidad enorme». Además, «como no es cierto que haya 0% de competencia laboral entre españoles y extranjeros, con muchos menos inmigrantes, cabe suponer que habría bastantes menos parados españoles, que, además de sufrir ellos en persona por esta condición, cuestan mucho dinero al Estado/contribuyente sin aportar a las arcas públicas».
Esto implica que el sobrecoste real de la inmigración excesiva en España supera con creces los 30.000 millones. Y en el plano humano, la existencia de tantos parados implica «un riesgo claro de erosión salarial (y eventualmente, de ser reemplazados por parados) para los que trabajan en tipos de empleos para los que hay abundante mano de obra en paro, sean españoles o inmigrantes bien arraigados».
«En definitiva, en España tenemos un enorme exceso de inmigración, como consecuencia, sobre todo, de un estado de bienestar que permite vivir sin trabajar de forma indefinida e incondicional, y eso nos cuesta carísimo y propicia mucho daño social», abundan los autores del informe, que zanjan en este sentido: «La gestión pública de la inmigración en España, cuando menos desde 2008, para la economía, las arcas públicas, los españoles y los inmigrantes bien arraigados, ha sido y es un disparate que pone en riesgo la viabilidad del estado de bienestar».
Otros problemas
El informe recoge también otros problemas: no sólo el coste sobre el estado de bienestar que la inmigración genera en nuestro país, sino el de la seguridad pública. En España, la afinidad cultural y lingüística ha favorecido la integración sin fracturas sociales de la inmigración iberoamericana, mayoritaria (47%) y de la europea (28%), aunque con un impacto económico negativo por las altas tasas de desempleo. Sin embargo, la inmigración se ha convertido en uno de los principales problemas para los españoles, según reflejan las últimas encuestas del CIS.
La población de origen extranjero ascendía el 1 de octubre del año 2024 a 9.193.988 personas, que junto a los más de 2.000.000 de niños nacidos en España de padres extranjeros, representa ya más del 22% de la población total. «Este incremento exige una reforma del modelo para adecuar los flujos migratorios a una ratio de absorción e integración de las diferentes comunidades llegadas, en particular de aquellas con menos afinidad cultural y religiosa», reza el informe.
«Es necesario abandonar la gestión migratoria pasiva, tolerante con la irregularidad, y el recurso a las regularizaciones extraordinarias, y apostar por una política activa y estratégica que equilibre la inmigración regular y seleccionada. Esto permitirá asegurar el futuro de la nación y la cohesión de la comunidad política», consideran los expertos del grupo de trabajo de NEOS.
Por último, también destacan que la inmigración no puede ser el remedio a la baja natalidad de los españoles porque «aunque pueda aliviar temporalmente déficits demográficos o laborales, esta solución no aborda el problema de fondo y puede generar desequilibrios culturales y sociales»: «La realidad es que la inmigración no puede resolver todos los problemas económicos que la baja natalidad conlleva a la larga por falta de obra nativa porque, en promedio, es de una cualificación laboral bastante inferior a esta, además de que, inicialmente, debe vencer la barrera de aprender un nuevo idioma en muchos casos y adaptarse a nuestro país».
Propuestas
Los autores señalan la necesidad de repensar los procesos de regularizaciones, indicando que no son buenas las regularizaciones masivas de cientos de miles de inmigrantes, como ha aprobado recientemente el Consejo de Ministros. Y expresan también la «falta de eficacia» en las repatriaciones y devoluciones de inmigrantes.
Finalmente, proponen colaborar con los países emisores de inmigración y perseguir a las mafias para reducir las llegadas de los ilegales, o en el caso de los menas, detectar a los adultos, repatriarlos y crear una agencia en los países de origen encargada de su tutela. También incrementar el número de años necesarios para adquirir la nacionalidad. NEOS enviará el informe a todos los partidos; esperan que lo reciban con «espíritu abierto» para cambiar las políticas migratorias.
