Cuando Marlaska defendía la acción popular: «Es el instrumento más democrático»
El ministro considera ahora que la propuesta del PSOE servirá para no instrumentalizar los procedimientos judiciales
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. | Ilustración de Alejandra Svriz
El PSOE quiere limitar ahora la acción popular en los tribunales. Hubo un día en el que uno de sus miembros más destacados, el ministro del Interior, elogiaba dicha figura procesal. Fernando Grande-Marlaska, juez de profesión, escribió en 2010 un artículo en Cuadernos Penales José María Lidón en el que consideraba a las acusaciones populares como «un deber cívico» y «el instrumento más democrático para abrir el proceso penal». Una opinión muy diferente a la que defiende ahora.
El artículo firmado por Marlaska se titula La acción popular-la acusación particular. El ministro del Interior alababa entonces a las acusaciones populares, cuya labor consideraba «un deber cívico». «La institución de la acción popular no ha pasado, y menos en la actualidad, desapercibida, siendo denostada por parte de la doctrina, pero aplaudida por la mayoría como el instrumento más democrático para abrir el proceso penal».
Contrasta con la opinión que mostró este viernes, horas después de que el PSOE registrara una proposición de ley pretende limitar la acción popular, prohibiendo que sea ejercida por partidos políticos y asociaciones próximas. También pretende que se inadmitan las querellas que solo sean respaldadas por la acusación popular. La reforma servirá para cerrar los procedimientos en curso. Algunos de ellos cercan al Gobierno. Por eso, asociaciones judiciales y juristas denuncian el momento elegido.
El cambio de Marlaska
«Servirá para garantizar la independencia de los jueces y la no instrumentalización de los procedimientos judiciales con fines distintos a los que es realizar la justicia, es decir, con fines torticeros», afirmó Marlaska este viernes. El artículo 125 de la Constitución establece que «los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los tribunales consuetudinarios y tradicionales».
Las asociaciones judiciales sin excepción consideran que la reforma que propone el PSOE y que defiende Marlaska pone en peligro esta figura procesal. Una opinión a la que se suman numerosos juristas y las asociaciones que suelen ejercer la acción popular. Hazte Oír, primera organización en denunciar a Begoña Gómez, esposa del presidente, considera que con su iniciativa el PSOE pretende «una auténtica ley mordaza». Manos Limpias, que inició con su denuncia el caso de David Sánchez en Badajoz, afirma que la reforma supone una restricción «clamorosa» de un derecho constitucional.
Sus opiniones no están lejos de lo que pensaba Marlaska hace poco más de una década, cuando era juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. Apenas tres años antes de dar el salto como vocal al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el actual ministro del Interior reconocía el papel de la acción popular. En el artículo que escribió para una revista especializada reiteraba su necesidad.
«Hemos de iniciar reiterando la relevancia del ejercicio de la acción popular como manifestación de la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia, así como el poder considerarlo más que como derecho, como deber cívico», explicaba en las conclusiones de Cuadernos Penales José María Lidón. Se trata de una revista que edita la Universidad de Deusto para mantener viva la memoria de este profesor y magistrado asesinado por ETA en noviembre de 2021.
La propuesta del PSOE
El grupo parlamentario socialista presentó este viernes una proposición de ley en el Congreso que gira sobre cuatro pilares. El apartado más polémico tiene que ver con la limitación de la acción popular. El PSOE quiere impedir que los partidos políticos y sus asociaciones se personen. También quieren que se inadmitan las querellas basadas en recortes de prensa, lo que habría impedido investigar el caso Bárcenas o Gürtel, que acabó con una sentencia condenatoria contra el PP. En tercer lugar, buscan recusar a aquellos jueces que se pronuncien políticamente. Y por último, eliminar los delitos de ofensas religiosas.
Todas las asociaciones de jueces, incluidas las afines a la izquierda, han mostrado su rechazo a la reforma porque está diseñada «con nombres y apellidos». Algo en lo que coinciden los juristas consultados por este diario, que aseguran que la iniciativa está hecha a medida para buscar la impunidad del entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Marlaska tiene ahora otra opinión.
