Caos en la prisión de Vizcaya: un robo de 4.000 euros de la caja fuerte, dimisiones, bajas...

La prisión de Basauri (Vizcaya) se sume en el caos. La desaparición de 4.000 euros de una caja fuerte de la cárcel, el incremento del número de internos y la falta cronificada de personal, al igual que ocurre en las otras dos prisiones vascas, han llevado a este centro penitenciario a una situación insostenible en los últimos meses. La directora de la cárcel está de baja desde que denunció en octubre el robo del dinero, al que, según fuentes penitenciarias, solo tenían acceso otros tres responsables. El departamento de Prisiones no ha nombrado a un sustituto desde entonces y el centro estaba dirigido hasta ahora por el subdirector de Seguridad, el número dos. Ya no. Hace una semana decidió dejar su cargo.

«Esto es un caos total, estamos cada vez peor», señalan a este periódico las mismas fuentes. Por si la tesitura no fuese preocupante, en Nochevieja los funcionarios tuvieron que intervenir en una «pelea con pinchos» entre distintos presos de origen magrebí. Días después, el 4 de enero, se produjo la muerte por suicidio de un interno. Todo, advierten desde la prisión vasca, mientras la Consejería de Justicia sigue sin resolver la falta de responsables en la cárcel de Basauri, sobre todo en el caso de la directora, que acudió por última vez a su puesto de trabajo el 28 de octubre. Al parecer, la psicóloga Vicenta Alonso denunció el robo ante la Fiscalía, y posteriormente ante sus superiores la posibilidad de que hubiese sido uno de los subdirectores.  

En un primer momento, mientras la Ertzaintza investigaba los hechos, comunicó que tomaba unas vacaciones. Poco después, cogió la baja. Fuentes penitenciarias explican que el departamento de Prisiones declinó destituir a los responsables a los que acusaba Alonso y, por este motivo, y ante la perdida de confianza en su equipo, la directora decidió abandonar temporalmente su puesto, que ostenta desde septiembre de 2021, apenas un mes antes de que el Gobierno vasco asumiese la gestión del sistema penitenciario tras la cesión del Ejecutivo central. Cuatro años después, los sindicatos continúan denunciando su incapacidad en la gestión y una sobreocupación de presos que ha llevado a los trabajadores a hacer turnos hasta de 48 horas ante la falta de personal. 

«La mitad está de baja»

La fatiga laboral que sufre el funcionariado a consecuencia de los turnos y del clima en las prisiones ha llevado a muchos trabajadores a pedir en los últimos meses la baja médica. En Basauri, revelan distintos trabajadores, «hay turnos en los que si somos nueve, cuatro están de baja. Tanto es así que han empezado a pedir a distintos departamentos como el área mixta o a los que están oficinas que tienen que hacer turnos de noche en los módulos de interior, esto es, donde habitan los presos», señalan fuentes de la prisión. «Estamos sin capitán, sin dirección, nadie dice nada. Y todo esto no solo va en perjuicio de nosotros, sino también de los presos, a los que no se puede asegurar un buen servicio y todos los derechos que tienen garantizados». 

En la prisión de Álava la situación es todavía más insólita. La Consejería de Justicia remitió a finales de diciembre un oficio a la dirección del citado centro para solicitar la identidad de todos los trabajadores que habían presentado la «incapacidad laboral transitoria», así como cualquier otra información que obre en poder del responsable para iniciar los trámites de expediente disciplinario contra todos ellos e investigar las razones que han llevado a más de cien funcionarios a coger la baja de manera consecutiva durante el mes de diciembre. El Gobierno vasco, apunta el escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, da respuesta así al auto dictado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao, que instaba a tomar medidas disciplinarias contra los trabajadores ante el gran déficit de plantilla que padece la prisión.

Más de 100 funcionarios de baja en la prisión

La grave falta de personal llevó al director de Zaballa, Benito Aguirre, a denunciar ante el juez una situación por la que se veía obligado a cerrar incluso departamentos del centro penitenciario. En concreto, el de comunicaciones y el sociocultural, para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de la población reclusa ante la oleada de bajas que se habían cursado en los últimos días. En un auto, el juez decidió abrir diligencias penales contra todos los funcionarios. Calificó de «preocupante, insostenible, intolerable y alarmante» el asuntó y apuntó a que los funcionarios estarían llevando a cabo una «huelga encubierta» en el contexto de la negociación de sus condiciones laborales con la administración vasca. 

Tal como adelantó este periódico, la última oferta que puso sobre la mesa a los sindicatos el área de Prisiones, con la consejera socialista María Jesús San José al frente, provoco un hondo malestar entre el personal de las cárceles. Los equipos de San José ofrecieron una subida generalizada de salarios a todos los funcionarios, excepto a los que tienen contacto con los presos en los módulos de interior, y que suponen prácticamente el 90% de la plantilla. Esto tuvo un efecto inmediato en la prisión de Zaballa: los empleados renunciaron a seguir haciendo jornadas extra para sacar el servicio adelante ante la falta de personal. Lo que, sumado a las bajas, ha dejado el centro en mínimos históricos.

Una «amenaza» del Gobierno vasco

Fuentes sindicales ven en el escrito de la Dirección de Justicia una «amenaza» contra los trabajadores para que vuelvan a su puesto de trabajo, cuando todos ellos, advierten, «tienen reconocida su incapacidad laboral por médicos distintos e incluso de distintas provincias». El CSIF denuncia que desde que el Gobierno vasco asumió en octubre de 2021 la competencia penitenciaria, la plantilla de la prisión de Álava se ha visto obligada de manera continua a hacer peonadas «sobrepasando los límites legales a fin de dar un servicio público de calidad y con responsabilidad».

Esta organización sindical critica que en los últimos tres años, el área de Prisiones no ha sido capaz de solucionar la carencia de personal y ha optado por aplicar de «manera unilateral» el reglamento penitenciario, «obligando a los trabajadores a realizar jornadas de 36 o 48 horas seguidas». En algunos casos, hay funcionarios que han hecho 200 horas extra en el último año. Un sobreesfuerzo, prosiguen, que ha terminado causando el agotamiento físico y mental de la plantilla, y con ello la baja de decenas de profesionales, lo que «sin duda ha provocado una disminución de la calidad del servicio penitenciario». Por ahora, señalan las fuentes consultadas, la llegada de personal interino y el alta médica de 30 trabajadores han permitido que se vuelvan a abrir los departamentos clausurados.