Una víctima de la dana recurre a Manos Limpias para que investigue el caso por homicidio
Familiares de un fallecido en las inundaciones en Valencia recurren a Manos Limpias tras la inacción de la Fiscalía
Militares realizando labores de limpieza en Valencia por la dana. | Axel Miranda / Zuma Press / ContactoPhoto
Una víctima de la dana (Depresión Aislada en Niveles Altos), el fenómeno meteorológico que causó decenas de muertes y graves destrozos en la Comunidad Valenciana, ha solicitado al sindicato Manos Limpias que intervenga ante los tribunales para investigar a los responsables de la muerte de su progenitor debido a la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez y del Gobierno autonómico de Carlos Mazón durante la tragedia. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, el sindicato, liderado por Miguel Bernard, representará a esta familia y presentará un recurso ante la Audiencia Provincial de Valencia para impugnar el auto del Juzgado de Instrucción número 15, que el pasado jueves archivó sin realizar ninguna diligencia de investigación.
El caso se refiere a la tragedia ocurrida el 29 de octubre de 2024, cuando la dana dejó un saldo de 224 fallecidos en la Comunidad Valenciana. En noviembre, el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia abrió una causa penal por homicidio imprudente contra varios responsables de la gestión de la emergencia, entre ellos la presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), María José Rallo; el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, Ángel Javier Montero; y el máximo responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo.
Tal y como adelantó este periódico en exclusiva, el juez Vicente Ríos había decidido inicialmente abrir diligencias de investigación tras una denuncia presentada por Manos Limpias, pero también se inhibió a favor del Juzgado de Instrucción número 20 de Valencia, dado que ya existía una causa en trámite relacionada con el fallecimiento de una persona debido a las inundaciones en la ciudad. Sin embargo, este juzgado rechazó la inhibición, considerándola prematura, y planteó una cuestión de competencia ante la Audiencia Provincial. Finalmente, la sección segunda de la Audiencia de Valencia determinó que el Juzgado de Instrucción número 15 era competente para seguir investigando los hechos denunciados.
A pesar de este dictamen, y solo dos días después de que se resolviera la cuestión de competencia, el juez del Juzgado de Instrucción número 15 resolvió sobreseer provisionalmente las diligencias abiertas. Por ello, según ha podido saber este periódico, el sindicato planea presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial y lo hará en representación de una víctima que ha recurrido a ellos tras haber perdido a un familiar en las catastróficas inundaciones y verse desamparada por la inacción de la Fiscalía.
La denuncia de Manos Limpias
La denuncia interpuesta por el sindicato ante el juzgado de guardia incluye a María José Rallo (AEMET), Ángel Javier Montero (Agencia Valenciana de Seguridad y Emergencias) y Miguel Polo (Confederación Hidrográfica del Júcar). Los denunciantes les acusan de homicidio imprudente, conforme al artículo 142 del Código Penal, además de delitos por imprudencia grave, según el artículo 152, y daños por imprudencia, de acuerdo con el artículo 267 del mismo código.
Manos Limpias argumentó que a pesar de las alertas internacionales previas a la llegada de la dana, las autoridades locales actuaron de manera insuficiente. Aunque la AEMET había emitido una alerta roja a las 8.00 horas del 29 de octubre, la Agencia Valenciana de Seguridad y Emergencias no envió un mensaje a la población hasta las 20.00 horas, más de 12 horas después de la primera alerta. Además, los mensajes enviados a través del sistema ES-Alert no fueron claros ni suficientes para advertir a la población sobre la gravedad de la situación. En el primer mensaje, se solicitaba evitar desplazamientos, y solo en un segundo aviso, a las 20.10 horas, se instaba a la gente a permanecer en sus hogares. Sin embargo, estos mensajes no llegaron a toda la población.
El sindicato también señaló que, al no ver acción por parte de la Fiscalía, decidió presentar la denuncia por iniciativa propia, en virtud del artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga a quienes tengan conocimiento de un delito público a denunciarlo ante el tribunal competente o el juez de instrucción correspondiente.
Contra el presidente de la Confederación Hidrográfrica
El 5 de noviembre, Manos Limpias amplió la denuncia e incluyó a Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, acusando a la entidad de no haber alertado adecuadamente sobre el riesgo de inundaciones a pesar de contar con herramientas y datos que lo indicaban. La denuncia sostiene que la Confederación tiene un sistema denominado SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica), pero que este sistema no funcionó correctamente durante la emergencia. Además, subraya que la Confederación dispone de estaciones de aforos en áreas clave, como la rambla del Poyo, una zona gravemente afectada por las inundaciones, pero que no emitió alertas oportunas.
La Confederación Hidrográfica del Júcar notificó a la Generalitat a las 15.50 horas que el caudal de la rambla era bajo- La información no fue actualizada hasta las 18.43 horas, cuando la situación ya era crítica. También se cuestiona la falta de inversión en infraestructuras preventivas, ya que, a pesar de contar con un presupuesto de 58,2 millones de euros, la Confederación solo ha destinado 1,1 millones a medidas de prevención, mientras que ha gastado más de 8 millones en pagos al personal.
Con este recurso, Manos Limpias busca que se haga justicia a las víctimas de la dana y se determine si las autoridades fueron responsables de retrasos negligentes y falta de preparación ante la catástrofe.
