La concurrencia en los contratos públicos se desploma y dispara costes y el riesgo de fraude
En los negociados sin publicidad -a dedo- hay 1,3 licitadores por pliego y la reducción del precio inicial apenas es del 2%

Ilustración de Alejandra Svriz | Ilustración de Alejandra Svriz
Las administraciones públicas pagan cada vez más caras las adjudicaciones de contratos para solventar sus necesidades y las demandas de los ciudadanos. La causa más evidente es la falta de competencia a la hora de optar a los pliegos, que hace que el precio final se diferencie cada vez menos del Presupuesto Base de Licitación (PBL). En este contexto, las grandes compañías, con más márgenes, son las beneficiadas. En paralelo, la falta de concurrencia incrementa los riesgos de fraude.
Un reciente informe elaborado por OIReScon, el organismo supervisor de la contratación pública, muestra que la situación ha ido empeorando en los últimos años. El desplome de la concurrencia, además, se ha producido con mayor intensidad en los contratos más opacos, los negociados sin publicidad. El trabajo, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE deja patente que la concurrencia en el procedimiento abierto, en su modalidad ordinaria, ha pasado de 3,79 en 2022 a 3,73 en 2023. También es relevante, señala, la caída continuada de la concurrencia en el procedimiento restringido, donde se ha pasado de una media de 6,40 en el 2019
a un promedio de 2,75 licitadores en 2023.
En 2023, la media de licitadores en los contratos adjudicados fue de 2,99, mientras que la mediana se situó en 2 licitadores por expediente. Son las contrataciones del sector público autonómico las que consiguen mayor participación, 3,16 licitadores, frente a los 2,8 de los organismos del Estado. Todo sucede en un contexto en el que se ha abusado de los contratos a dedo, menores (sin control), de los criterios subjetivos y del procedimiento negociado sin publicidad, que debería ser restringido. La sombra del fraude está presente en grandes adjudicaciones de emergencia, infraestructuras y sanitarias.
Concurrencia en contratos públicos
La concurrencia media en los contratos de obras (4,21 licitadores de media y tres de mediana) es la más elevada. En contratos de servicios, la media de licitadores que concurrieron en 2023 fue de 3,03 de media (y 1 de mediana) y en los de suministro, de 2,69 de media (y 1 de mediana). Pese a todo, en los contratos de obras se evidencia una drástica caída en la participación de las empresas desde 2019.
Una de las claves está en cuánto se ahorra la Administración en las contrataciones tras los concursos. El análisis de 175.500 adjudicaciones, el 80% de los formalizados en 2023, muestra que, en el conjunto de todo tipo de procedimientos, se obtiene una bajada media en el importe del 10,34% respecto del PBL. La reducción más importante se da en los contratos licitados por el
procedimiento restringido, con un 16,95% de bajada respecto del PBL.
Irregularidades y fraude
Mientras, en los procesos abiertos o abiertos simplificados es de 12,70% y 13,93%, respectivamente. Es el negociado sin publicidad, cada vez más popular, el que más restringe la competencia -1,3 licitadores- y, también, en el que se producen menos reducciones de precios, apenas un 2,2%. El 38% de las licitaciones de 2023 solo tuvieron un postor, recoge el informe. “Los procedimientos de contratación que consiguen promover un mayor nivel de concurrencia de licitadores tienden a conseguir una mayor bajada en el importe final, con alguna excepción puntual”, señala OIReScon.
El informe también analiza 229 auditorías y actuaciones de control realizadas por las comunidades autónomas y centradas en sus contratos. Las anomalías y fraudes con mayor presencia en los estudios son las correspondientes a las prácticas irregulares en la contratación menor (39,74%). Estos contratos tienen como base la elusión de procedimientos que promueven la publicidad y concurrencia. Fundamentalmente, las irregularidades y fraudes se centran en el fraccionamiento del contrato o de la contratación reiterada en el tiempo del mismo servicio o suministro.
Son también relevantes, con un 20,52%, las irregularidades relacionadas con la justificación del presupuesto de licitación. También lo son los incumplimientos en materia de publicidad, no solo los relativos al deber de publicar los anuncios correspondientes sino también la omisión de documentación o información de acuerdo con el artículo 63 de la LCSP con un 19,21%. Por último, con un 15,28%, se situaría la falta de solicitud de al menos tres ofertas o la ausencia de justificación de petición de estas en la contratación menor y la tramitación con carácter de urgencia o emergencia, que alcanza un 14,85%.
Suspenso en las licitaciones
Durante 2023, en España se licitaron 196.763 contratos –un 7% más que en 2022– por un importe, sin impuestos, de 107.557,67 millones de euros, un 8,6%. La enorme cantidad de licitaciones hace complicado su control total, como ha quedado claro en las numerosas tramas de corrupción y fraude destapadas durante los últimos meses y vinculadas a los contratos públicos.
Como ha informado TO, España suspende en ocho de los 12 criterios con los que la Comisión Europea evalúa la transparencia y el trato igualitario en la contratación pública. Adjudicaciones a dedo, sin publicidad, amaños, excesivo peso de criterios subjetivos, falta de concurrencia, abuso de la contratación menor y mínima presencia de las pymes protagonizan el día a día de los contratos públicos en España.
Las irregularidades y anomalías llevan años produciéndose y ya están enquistadas en el sistema. El detalle de los datos analizados por este medio indica que en algunos aspectos como la velocidad de los procesos o la proporción de contratos que no incluyen el número de registro del proveedor, España obtiene las peores notas.