Empresarios de hidrocarburos ven un pacto de Aldama y Moncloa para «ensuciar» la trama
«Que se haya hecho eco de una información dudosa levanta sospechas», aseguran socios de Aldama
Víctor de Aldama saliendo de la Audiencia Nacional. | A. Pérez Meca (Europa Press)
Empresarios imputados en la trama de los hidrocarburos sospechan que el comisionista Víctor de Aldama ha llegado a un pacto con el Gobierno de Pedro Sánchez con el objetivo de «ensuciar» la causa que afecta al PSOE y a varios políticos socialistas por el presunto cobro de comisiones ilegales. Y es que, señalan a THE OBJECTIVE, «el comportamiento de Aldama en los últimos meses es revelador». Además, añaden, «si a nosotros nos han tanteado, a él con más motivos».
El «nexo corruptor», que se encontraba en prisión provisional por defraudar millones de euros en el IVA en la venta de combustible, declaró en la Audiencia Nacional el 21 de noviembre. Lo hizo con un solo objetivo: salir de la cárcel en la que se encontraba después de que el juez Santiago Pedraz decretara prisión provisional y sin fianza para él y su socio Claudio Rivas. Aldama no declaró ante el magistrado Pedraz, sino que lo hizo ante el instructor del caso Koldo, Ismael Moreno, que también le investiga por el presunto pago de comisiones en la venta de mascarillas durante la pandemia provocada por la covid-19.
Cambio de estrategia
Durante su declaración, Aldama desplegó una batería de acusaciones contra varios miembros del Gobierno, entre ellos el propio Pedro Sánchez, el exministro José Luis Ábalos, el secretario general del PSOE Santos Cerdán, el ministro Fernando Grande-Marlaska, y el presidente canario Ángel Víctor Torres. En su relato, el comisionista aseguró que Sánchez se le acercó para «agradecerle lo que estaba haciendo» y afirmó que el presidente «estaba informado» de sus actividades.
De acuerdo con su versión, Aldama entregó sobres con grandes cantidades de dinero a varios de los citados. Asegura que dio 400.000 euros en efectivo al exministro Ábalos como parte de comisiones ilegales, y otros 250.000 euros al asesor de Ábalos, Koldo García, quien a su vez entregó 15.000 euros a Santos Cerdán en un bar frente a la sede del PSOE en Ferraz, en Madrid. Además, Aldama afirmó que Ángel Víctor Torres, entonces presidente de Canarias, le pidió 50.000 euros en el marco de las gestiones para la compra de mascarillas, negocio que favoreció a empresas vinculadas a la trama.
Estas acusaciones fueron ratificadas en una entrevista exclusiva que Aldama concedió a Carlos Herrera, en la que reafirmó que Pedro Sánchez «lo sabía todo» y aseguró que poseía «pruebas más que suficientes» para demostrarlo. Sin embargo, después de estas revelaciones y de asegurar que aportaría dichas pruebas, el comisionista se ha mantenido en silencio durante las últimas semanas. «Desapareció del mapa», explican a este periódico.
Señala a Begoña Gómez
Después de levantarse el secreto de la trama de los hidrocarburos -la que realmente le preocupa a Aldama por las posibles penas a las que podrían condenarle- el empresario ha vuelto a sentarse ante los micrófonos de Herrera en COPE este miércoles. En esta ocasión, aseguró que ha tenido acceso a una denuncia ante la Fiscalía en la que se demostraría que la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, tiene cuentas en el extranjero por valor de seis millones de dólares. Aldama también señaló en relación con estas cuentas a la vicepresidenta segunda del Gobierno, María Jesús Montero, y a la mujer del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Sonsoles Espinosa.
Pero, a pesar de contar con pruebas que incriminan de manera directa o indirecta al presidente del Gobierno, en lugar de revelar sus documentos optó por mencionar una información de un denunciante desconocido a la que la Fiscalía Anticorrupción «no da credibilidad» y, por ello, ha sido archivada. Fuentes fiscales aseguran que el asunto se archivó rápidamente y que guardaba parecido con las denuncias falsas que lanzaba el exjuez Fernando Presencia, actualmente en prisión.
Un posible pacto con el Gobierno
Varios socios de Aldama que también han sido contactados por el PSOE en un intento de llegar a un acuerdo no descartan que el comisionista haya alcanzado un pacto con el Gobierno. «El hecho de que se haya hecho eco de una información dudosa, en lugar de presentar las pruebas irrefutables que dice tener, levanta sospechas». Para estos empresarios, la respuesta de Aldama es el reflejo de un intento por ganar tiempo y lograr una posición favorable ante un posible acuerdo con las autoridades.
«Tras apuntar con nombre y apellido a varios miembros del PSOE, parece evidente que solo hay una razón para esta estrategia: estar dispuesto a perder toda credibilidad, si eso le garantiza evitar una condena», concluyen.
Y es que, tal y como adelantó este periódico, miembros del PSOE han contactado, a través de intermediarios, con empresarios investigados en la trama de los hidrocarburos, un caso en el que se investiga una «trama milmillonaria» de compraventa de petróleo. Fuentes cercanas a la investigación han revelado que en este intento de manipulación de las investigaciones los miembros del PSOE buscarían también involucrar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sugiriendo que las pesquisas estarían siendo impulsadas por unas supuestas «cloacas del Estado». De esta forma, el objetivo sería desviar la atención sobre la corrupción que afecta al PSOE y sembrar dudas sobre la imparcialidad de los cuerpos de seguridad que investigan la trama.
El Gobierno, el PSOE y sus aliados multiplican pues sus movimientos, no solo para intentar desacreditar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, encontrar errores procesales y anular las causas judiciales que les afectan directamente, sino también para acallar a los testigos y empresarios implicados y, en último término, para controlar la causa y evitar la fuga de información. Fue precisamente el PSOE el que solicitó al juez que instruye la causa de los hidrocarburos que no llamara a declarar a la testigo de THE OBJECTIVE, Carmen Pano, la mujer que desveló haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE en la calle Ferraz y que compró el chalé de La Alcaidesa para el ministro José Luis Ábalos; y ahora es el despacho del exjuez Baltasar Garzón -estrechamente vinculado al PSOE- el que se habría ofrecido a llevar su asistencia letrada para controlar la causa y silenciar a esta denunciante, según relatan fuentes directas del ofrecimiento.
