Desbandada en las prisiones vascas: uno de cada tres funcionarios pide irse a otras regiones
El PP critica que la salida de estos trabajadores es consecuencia de la «gestión desastrosa» del Gobierno vasco
La consejera vasca de Justicia, María Jesús San José. | EP
El Gobierno vasco se expone a una de las mayores brechas en su sistema penitenciario desde que asumió la competencia hace tres años y medio. Aproximadamente un tercio de los 550 funcionarios que conforman la plantilla de las tres prisiones en la comunidad autónoma han formalizado su petición de cambio de destino fuera del País Vasco en el concurso de traslados que ha convocado la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y que se resolverá a mediados de marzo. Un intento de salida que se produce en un contexto de máxima tensión entre los trabajadores, tras años en los que han criticado la sobrecarga de trabajo, la falta de personal y un «caos generalizado» en la gestión de las cárceles.
Según confirmó el pasado viernes en el parlamento vasco la consejera de Justicia, María Jesus San José, de las 197 solicitudes que se realizaron en un primer momento se han tramitado finalmente 135, tras concluir el plazo de alegaciones y renuncias. Una cifra menor de la que se esperaba, pero que, advierten fuentes sindicales, es igualmente «un porcentaje alto teniendo en cuenta el número de funcionarios de carrera que se reparten entre las cárceles»: explican que una gran parte de los trabajadores penitenciarios son personal interino, sin experiencia previa y que el departamento de prisiones ha ido contratando en los últimos años para suplir el déficit de funcionarios. De hecho, aseguran fuentes penitenciarias, unos 70 están concluyendo ya el curso de formación de cara a las plazas que queden vacantes el mes que viene.
«No se fugan los presos, se fugan los funcionarios»
Pese a la avalancha de peticiones, la consejera socialista quitó hierro al concurso de traslados y aseguró en sede parlamentaria que el dato evidenciaba que la administración penitenciaria era un «entorno laboral atractivo, competitivo y estable». «No hay indicios de situación crítica», apuntó. Desde el PP, en cambio, el diputado Santiago López criticó duramente su gestión «desastrosa» de las prisiones y advirtió que la salida de los funcionarios era una consecuencia de ello. «El modelo propio que defienden es un castillo de naipes a punto de derrumbarse. No han cumplido las condiciones económicas que prometieron, tiran de interinos sin experiencia… No se fugan los presos, se fugan los funcionarios», censuró López.
En los últimos meses, el clima de tensión ha ido in crescendo entre los trabajadores, sobre todo tras la oferta que puso sobre la mesa el Gobierno vasco en diciembre a los sindicatos para fijar las condiciones económicas y laborales de los funcionarios de prisiones después de un año de negociación. La propuesta, según fuentes sindicales, suponía una subida generalizada de salarios excepto para aquellos que trabajan en los módulos de interior de los centros penitenciarios, es decir, los que tienen contacto con los presos y que suponen el 90% de la plantilla. La noticia desencadenó casi de inmediato que trabajadores de la prisión de Zaballa, la más grande de Euskadi, renunciasen a seguir haciendo horas extras para sacar el servicio adelante.
En 2024, según denunció CSIF, la plantilla de la prisión de Alava se vio obligada de manera continua a hacer peonadas «sobrepasando los límites legales a fin de dar un servicio público de calidad y con responsabilidad». Casos de trabajadores que realizaban jornadas de 36 o 48 horas seguidas, y, que como consecuencia, acumularon hasta 200 horas extra en un año. Un sobreesfuerzo que fue causando el agotamiento físico y mental de los trabajadores y que, finalmente, provocó una oleada de más de 100 bajas médicas a finales del pasado año que dejaron la prisión de Zaballa en mínimos históricos, según justificaron los sindicatos.
Sin vis a vis ni actividades
Una situación insólita que obligó a la dirección del centro a cerrar varios departamentos para garantizar la seguridad de la plantilla y la población interna. Se cerró el departamento de comunicaciones, lo cual implicó la suspensión de las visitas a los internos tanto de familiares como de sus abogados en plena Navidad; y el departamento sociocultural, de modo que los presos no pudieron realizar ninguna actividad educativa, de tratamiento, cultural, deportiva ni recreativa durante algunas semanas. Posteriormente, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Bilbao abrió diligencias penales contra todos los funcionarios de baja y calificó de «preocupante, insostenible, intolerable y alarmante» la situación en la cárcel, asegurando que los trabajadores, en realidad, estaba perpetrando una «huelga encubierta» en el contexto de una negociación colectiva de condiciones salariales.
En el auto, al que tuvo acceso este periódico, el juez incluso instó a la Dirección de Justicia del Gobierno vasco a adoptar medidas de carácter disciplinario contra los funcionarios que «de forma consecutiva, continuada y colectiva habían presentado la baja médica desde el pasado 4 de diciembre» en adelante. Tras ello, el departamento de prisiones advirtió de probables sanciones a los trabajadores que, según los sindicatos, tenían justificadas sus bajas «en distintas comunidades y por distintos médicos». «No podían arremeter contra los derechos de los trabajadores», insisten.
Fuentes sindicales, de hecho, advierten a este periódico, que el juez ha sobreseído el caso provisionalmente al no apreciar indicios de delito por parte del centenar de trabajadores. Mientras tanto, la situación se ha normalizado en la prisión de Zaballa tras la contratación de más personal interino y el regreso de la mitad de los trabajadores que estaban de baja. Aun así, advierten fuentes de la prisión, Zaballa será una de las más afectadas tras el concurso de traslados. «Las guardias se quedarán con la mitad de los funcionarios que tienen ahora, tanto en interior como en oficinas. Serán todo internos, que en realidad es lo que quieren. Han dejado bien claro que no quieren a trabajadores que sean de otras comunidades autónomas».
