Illa rescata al 'fontanero' de Moncloa que ordenó fichar a la asesora de Begoña Gómez
Alfredo González Gómez ha sido nombrado director del área de Derechos y Asuntos Constitucionales de la Generalitat
Alfredo González Gómez, ex vicesecretario de Presidencia del Gobierno. | Agencias.
El próximo miércoles tendrá que declarar ante el juez Juan Carlos Peinado el que fuera vicesecretario de Presidencia del Gobierno, Alfredo González Gómez, como testigo en el caso Begoña Gómez. González fue el alto cargo que ordenó contratar a María Cristina Álvarez como asesora de la mujer del presidente, ambas imputadas hoy. González Gómez, que tuvo una carrera política en claro ascenso tras su salida de Moncloa, firmó buena parte de los fichajes de asesores en los primeros meses de Pedro Sánchez en el poder. El alto cargo, que llegó a ocupar el puesto de secretario de Estado ha encontrado ahora acomodo en el equipo del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, con quien ya había estado como subsecretario de Sanidad durante la fase más dura de la pandemia. Es en estos momentos su director de Derechos y Asuntos Constitucionales.
El ‘fontanero’ de Moncloa que estampó su firma en el documento por el que se autorizaba el fichaje de la asesora-secretaria de Begoña Gómez es ahora el hombre que asesora a Illa en asuntos constitucionales, terreno clave en Cataluña. González Gómez, como confirman a THE OBJECTIVE fuentes del Departamento de la Presidencia, fue nombrado director general de este área en el Gabinete Jurídico de la Generalitat tras su paso por los ministerios de Sanidad -con María Luisa Carcedo y luego con Illa- y el de Política Territorial de Isabel Rodríguez, que le nombró secretario de Estado.
El miércoles deberá acudir a declarar a Madrid, a los juzgados de Plaza Castilla, para explicar quién le dio la orden de contratar a la asesora de Begoña Gómez. «Examinada la situación actual de la causa, se acuerda la toma de declaración como testigo a Alfredo González, quien, según el informe remitido por la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, propuso el nombramiento de la investigada María Cristina Álvarez», señaló el magistrado en el auto de la pasada semana.
Fichó a la asesora de Begoña Gómez
El 11 de julio de 2018, con Pedro Sánchez recién instalado en Moncloa, González Gómez firmó de su puño y letra la carta que disponía el nombramiento de María Cristina Álvarez Rodríguez como personal eventual. Se le asignó un cargo de nivel 26 con el título de «directora de Programas». Sin embargo, su función real era gestionar la agenda personal de Begoña Gómez y asistirla en sus comunicaciones y actos. Cobra por ello 52.000 euros brutos al año, a razón de 3.000 euros netos mensuales. Los correos electrónicos incorporados al caso indican que también brindó apoyo a la esposa del presidente en sus actividades empresariales privadas. Algo que ya había hecho en el pasado, antes de que Sánchez asumiera la presidencia del Gobierno.
González Gómez, que deberá comparecer ante el juez Peinado el próximo miércoles 26 de febrero para explicar cómo se tomó esta decisión y si la designación fue impuesta desde instancias superiores, dejó Moncloa poco después de ese nombramiento.
De ascenso en ascenso
En septiembre de 2018 se trasladó al Ministerio de Sanidad, bajo la dirección de María Luisa Carcedo, donde asumió la Subsecretaría de Sanidad, el cargo de mayor rango que había ocupado hasta entonces. En enero de 2020, con la llegada de Salvador Illa al ministerio, se mantuvo en el puesto. Durante ese período, además, el PSOE lo designó concejal en el Ayuntamiento de Madrid, aunque solo permaneció en el cargo un año, entre 2019 y 2020.
Desde la Subsecretaría de Sanidad pasó a asumir otra alta responsabilidad dentro del equipo de Illa. Se puso al frente de la Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación en el Sistema Nacional de Salud, un cargo clave en la gestión de la pandemia del covid-19. Su principal promoción llegaría en 2023, cuando fue nombrado secretario de Estado de Política Territorial, convirtiéndose en la mano derecha de la ministra y entonces portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
Actualmente, el Ejecutivo también lo ha designado consejero de la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), entidad encargada de la construcción y administración de infraestructuras hidráulicas en las cuencas hidrográficas del país. Este puesto incluye una retribución aproximada de 800 euros por cada reunión a la que asista.
