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El Gobierno cambia la letra pequeña de la ley de extranjería para beneficiar a Cataluña

El número de plazas creadas en los últimos años o ser «frontera exterior» son nuevos criterios que favorecen a la región

El Gobierno cambia la letra pequeña de la ley de extranjería para beneficiar a Cataluña

Inmigrantes atendidos por Cruz Roja.

El pacto que sellaron este martes el Gobierno y Junts ha desbloqueado después de meses de negociación el reparto de 4.400 menores migrantes que viven hacinados desde hace meses en centros de acogida de Canarias y Ceuta. Y ha desatado al mismo tiempo una tormenta política después de que ese acuerdo beneficie, entre otras regiones, a Cataluña, que tras algunos cambios en los criterios solo tendrá que acoger como máximo a 30 niños y niñas extranjeros, según afirmaba a primera hora del día la formación de Carles Puigdemont y confirmaban fuentes del Ministerio de Infancia a este diario. Una cuota que desató una gran indignación en el PP, que amenaza con incumplir el reparto y acudirá a los tribunales en el caso de la Comunidad de Madrid, que deberá asumir la mayor cuota de jóvenes de acuerdo con la nueva norma.

El Gobierno aprobó este martes en el Consejo de Ministros la modificación de la ley de extranjería que exige a las comunidades autónomas asumir una cuota de menores migrantes cuando el sistema de acogida de otros territorios triplique su capacidad. De esta forma, mediante un decreto ley, el Gobierno articula un mecanismo permanente para reubicar a los jóvenes en el que la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia puede acordar por unanimidad los requisitos para la declaración de la situación de contingencia migratoria extraordinaria, el plan de respuesta y los criterios para la aplicación del plan. No obstante, el decreto contempla que si no hay un acuerdo entre las comunidades autónomas, sea el Gobierno quien estipule esos criterios y los ejecute.

Y si bien en declaraciones a los medios de comunicación el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, señaló que estos parámetros eran «semejantes» a los acordados en la conferencia sectorial de 2022, lo cierto es que se han incluido nuevos criterios que, de una forma u otra, han beneficiado a regiones como Cataluña y País Vasco. Para calcular la nueva distribución se tienen en cuenta criterios ya contemplado en otras distribuciones voluntarias como la población (con un peso del 50%), la renta per cápita (13%); la tasa de paro (15%) el esfuerzo que hace actualmente esa comunidad autónoma (6%) y la dispersión (2%). 

Esfuerzo previo de Cataluña

Pero también otros nuevos, que tienen en cuenta la singularidad de cada comunidad, como la insularidad (2%), el dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%) o ser una «frontera exterior» (2%). Y es en estos dos últimos criterios donde, según explican fuentes del Ministerio de Infancia, Cataluña sale más favorecida. En este sentido, estas fuentes subrayan que esta comunidad autónoma es la segunda que más plazas de acogida tiene a nivel nacional, un 25%, después de Canarias, y ha hecho un esfuerzo de acogida mucho mayor que otras regiones en recibir a estos jóvenes en los últimos años. También el hecho de que sea frontera con Francia, al igual que País Vasco, y se vea «afectada por movimientos secundarios migratorios». 

De acuerdo con estos criterios y las últimas proyecciones que maneja el Ministerio de Infancia sobre las tasas de ocupación que tiene cada región con datos de diciembre de 2023, el reparto quedaría de la siguiente forma. De los 4.400 menores migrantes a repartir, la Comunidad de Madrid debería acoger a 806; Andalucía a 795; la Comunidad Valenciana a 478; Galicia a 325; Castilla y León a 310; Castilla-La Mancha a 291; Murcia a 189; Aragón a 186; Cantabria a 171; Extremadura a 168; Navarra a 164; La Rioja a 157; Asturias a 150; País Vasco a 88; baleares a 59; Melilla a 34 y Cataluña a 27. 

Madrid rebate los datos de Infancia

A falta de actualizar los datos por parte de las comunidades autónomas, que tienen hasta el 31 de marzo para facilitar a Infancia y Juventud sus cifras actualizadas respecto a sus sistemas de acogida y las plazas de que disponen, la Comunidad de Madrid sería la región que más menores migrantes debería acoger, según explican las mismas fuentes, por el peso poblacional y por la limitada dimensión de su sistema de acogida, es decir, su bajo número de plazas para acoger a menores, su poco esfuerzo. Le ocurriría lo mismo a la Comunidad Valenciana. Y en el extremo opuesto estaría la región catalana, que en un principio tiene una capacidad de acogida mayor que el resto de comunidades autónomas.

El Gobierno de Ayuso, sin embargo, rebate ese sistema. Fuentes del Ejecutivo madrileño destacan que en los últimos siete años, desde 2019, la Comunidad ha atendido a 10.618 menores migrantes no acompañados. Y que en 2024, Madrid habría acogido más menores que Cataluña en función de su población. En «términos relativos», detallan, «Cataluña atendió a 33 menores por cada 100.000 habitantes (un total de 2.643 con 8 millones de habitantes) y Madrid a 34,8 por cada 100.000 habitantes (un total de 2.442 con 7 millones de habitantes). 

La capacidad máxima de cada región

Aunque «la estimación de Cataluña es bastante acertada», según admiten fuentes ministeriales, las cifras no están actualizadas y no lo estarán hasta que las comunidades autónomas remitan los datos de sus sistemas de acogida, es decir, sobre su capacidad máxima, para ejecutar los criterios que fija el decreto ley y llevar a cabo el reparto. En este sentido, la norma establece «criterios objetivos para determinar la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida», es decir, el número de plazas que debería tener cada comunidad autónoma en función de la población.  

De este modo, la capacidad se obtendrá de dividir la población total de cada comunidad autónoma a 31 de diciembre del año anterior por el cociente resultante de dividir la población total de España a 31 de diciembre del año anterior entre el número máximo de personas menores de edad extranjeras no acompañadas atendidas por el conjunto del sistema de protección español, según los datos que envíen las Comunidades Autónomas antes de finales del próximo mes, o las últimas de las que se disponga el Ministerio, en caso de que algunas nieguen esa información. Y el departamento de Sira Rego valorará si las regiones tienen más o menos camas de las que deberían sobre la base de esas plazas.

El reparto de los 100 millones

Saber qué capacidad tiene cada comunidad autónoma para atender a menores migrantes no solo será clave para el posterior reparto de menores migrantes. También lo será para acceder al paquete de 100 millones de euros que se ha establecido el Ministerio para financiar la acogida del menor así como para ayudar a regiones que tengan sus sistemas tensionados, como Canarias o Cataluña, admiten fuentes de Infancia. Las comunidades autónomas, además, tendrán que acoger a un mínimo de menores para acceder a estos fondos extraordinarios. Por el momento, esa financiación es anual, pero será prorrogable, según advierten. El PP, en este sentido, pedía ayudas económicas a largo plazo para garantizar la acogida del menor con todas las garantías hasta los 18 años.

En cualquier caso, fuentes ministeriales explican que el reparto migratorio no será inmediato. En paralelo al trámite parlamentario de la norma, el real decreto ley estipula un plazo de un año para que se haga efectiva la distribución y las regiones puedan así dimensionar sus sistemas de acogida, es decir, aumentar sus plazas, en caso de ser necesario. Del mismo modo, en el Ministerio explican que un pronto traslado de los jóvenes podría tener un impacto negativo en ellos, habida cuenta de que la mayoría están escolarizados y tienen arraigo en en Canarias o Ceuta. Un punto, este último, que el departamento de Sira Rego tendrá en cuenta a la hora de poder mantener a determinados jóvenes en los centros en los que ahora habitan.








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