El Gobierno gastó 3,5 millones en informar por carta a los jubilados de la subida de su pensión
En las misivas enviadas a través del correo postal se detallaba el nuevo importe de la prestación y otras comunicaciones
Los personas mayores caminando, imagen de archivo. | Eduardo Parra, Europa Press
El Gobierno ha destinado 3.434.059,65 euros al envío postal de cartas a los jubilados con motivo de la revalorización de las pensiones en 2025, tal y como señalan los datos aportados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a partir de una solicitud de THE OBJECTIVE al portal de Transparencia.
En estas misivas, dirigidas a las personas jubiladas, se detallaba el nuevo importe de la pensión que recibiría cada destinatario tras los últimos cambios y se otorgaba información acerca de la cuantía que se les ha revalorizado. La pensión media de jubilación con la ley actual se sitúa en los 1.360 euros al mes. Desde el ministerio señalan que, con la legislación anterior, la cantidad habría crecido solo 18 euros al mes en siete años.
Entre las características de esta revalorización de las pensiones, notificada por la institución responsable a través del correo postal, destaca la subida en un 8,1% del complemento para reducir la brecha de género, alcanzando los 35,9 euros al mes por hijo.
Revalorización de las pensiones
Las pensiones en España, en 2025, han experimentado una revalorización para garantizar el bienestar y poder adquisitivo de los pensionistas. Esta actualización está basada en la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC) y asegura que las prestaciones no pierdan valor a causa de la inflación, garantizando que los ingresos mantengan su capacidad de compra a lo largo del tiempo.
Las pensiones contributivas y de clases pasivas, que son las destinadas a los individuos que cuando se retiran del mercado laboral han cotizado lo suficiente, han aumentado un 2,8%, siguiendo la media del IPC interanual. En cuanto a las pensiones mínimas, que reciben aquellas personas que aunque tengan derecho a una pensión no han cotizado lo suficiente o acrediten una determinada carencia de rentas, han subido un 6%, dentro del plan de mejora de rentas más bajas, acumulando un incremento superior al 12% en los últimos dos años.
Por su parte, las pensiones no contributivas, dirigidas a personas sin suficientes años cotizados o que carecen de recursos suficientes para la subsistencia, han experimentado una subida del 9%, permitiendo mejorar su capacidad económica. Del mismo modo, las pensiones con cónyuge a cargo y viudedad con cargas familiares han aumentado un 9,1%. Además, la pensión máxima ha sido ajustada hasta los 3.263,94 euros mensuales en 14 pagas, alcanzando un total anual de 45.695,17 euros. Por último, también se ha incrementado un 2,8% el subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte, alcanzando un total anual de 1.002 euros.
Desigualdad entre las pensiones
En España, la desigualdad entre las pensiones es un problema que afecta a muchos jubilados. Las pensiones varían significativamente en función del historial de cotización, provocando una brecha entre pensiones altas y bajas. Las personas con trabajos bien remunerados o estables en el tiempo reciben, en general, pensiones mayores, mientras que quienes han tenido empleos precarios, contratos temporales o periodos de desempleo suelen recibir pensiones mínimas que en muchas ocasiones no permiten cubrir sus necesidades básicas.
Además, el sistema de pensiones del país cuenta con otros problemas, puesto que existen desigualdades geográficas, ya que las pensiones son más altas en regiones más desarrolladas, como Madrid o el País Vasco, y más bajas en áreas que tienen un mayor desempleo, como Extremadura. Otro factor a destacar es la brecha de género; las mujeres, que suelen tener salarios más bajos o hacen trabajos a tiempo parcial, reciben, en general, pensiones más bajas que los hombres.
Para abordar estas desigualdades se proponen soluciones como aumentar las pensiones mínimas, mejorar la igualdad salarial entre hombres y mujeres y crear un sistema de pensiones más redistributivo que considere no solo las cotizaciones, sino también factores no contributivos para asegurar pensiones más justas y equitativas.
