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Los funcionarios de prisiones exigen el mismo plus que los jueces por trabajar en Canarias

El colectivo busca igualar su complemento de insularidad con jueces y fiscales, un 160% más elevado desde 2007

Los funcionarios de prisiones exigen el mismo plus que los jueces por trabajar en Canarias

Una protesta de funcionarios en el Congreso de los Diputados. | EP

El colectivo de funcionarios de prisiones canario busca equiparar su complemento de insularidad con el de los cuerpos de la carrera judicial y fiscal, que el Gobierno incrementó exclusivamente en más de un 160% en 2007. Este aumento provocó un gran malestar por el agravio comparativo con el resto de trabajadores públicos de las islas, que perciben hasta 100 euros menos en su salario respecto a los jueces y fiscales. Ahora, el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (Tampm) lidera una iniciativa para que el Ministerio del Interior incremente el citado plus «después de 18 años en los que se viene discriminando a los empleados penitenciarios canarios», denuncian. 

Tras mantener distintas conversaciones y celebrar reuniones con distintas formaciones políticas del archipiélago canario para lograr su apoyo, los representantes de Tampm en Las Palmas han conseguido que varios grupos registren una proposición no de ley elaborada por el citado sindicato para que se discuta en el Parlamento autonómico la eliminación de la diferencia salarial entre los funcionarios y se debata posteriormente en las Cortes Generales. 

En un informe al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el sindicato justifica que el mencionado complemento tiene como finalidad compensar el desarrollo del puesto de trabajo por funcionarios dependientes de la Administración General del Estado (AGE) en determinados territorios como es el caso, entre otros, del archipiélago canario, sin que se tengan en cuenta las funciones concretas a desarrollar por los trabajadores públicos o al cuerpo de pertenencia para obtener dicho complemento o para determinar el importe que por el mismo se deba percibir, según rezan las distintas regulaciones de este extra salarial.  

«Grave discriminación»

Por este motivo, Tampm considera que «los funcionarios de Instituciones Penitenciarias con destino en alguno de los centros que nos incumben —esto es, de la Comunidad Autónoma de Canarias—tienen el derecho a verse beneficiados de las mejoras que se produzcan en el complemento de indemnización por residencia en iguales condiciones que otros cuerpos de la Administración».

A juicio de este sindicato penitenciario, la actualización en 2007 que se aplicó a los importes de indemnización por residencia en el territorio canario «exclusivamente para los miembros de las carreras judicial y fiscal supuso para el resto de cuerpos dependientes de la AGE una clara y grave discriminación». Un incremento con el que el Gobierno incumplió, critican, el artículo 14 de la Constitución: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

Equiparación en Baleares

Si se aplica la citada subida del 160%, dependiendo del grupo de funcionario, al cuerpo de Instituciones Penitenciarias, el aumento en el complemento oscila entre los 100 y los 150 euros en términos monetarios absolutos, en el caso de la isla de Gran Canaria, según la tabla que adjunta en el dosier el sindicato. 

Por otro lado, los funcionarios de prisiones denuncian que pese a que el complemento de Canarias tenía una mayor retribución de territorialidad que el de Baleares por «las características que rodean a ambas», esa diferencia ha desaparecido, habida cuenta de que el plus balear se ha equiparado recientemente con el del archipiélago canario. «El complemento de territorialidad ha quedado totalmente desfasado y se ha quedado lejos de realizar su función para compensar los desplazamientos por obtención de destino en localizaciones tan concretas». 

El coste del complemento en Canarias

Así, denuncia Tampm,  Canarias, «única región ultraperiférica del territorio español», y sus empleados públicos «sufren un nuevo agravio retributivo al ver como su complemento de territorialidad ya no cumple con las diferencias porcentuales establecidas con las Islas Baleares mientras los costes que soportan por su necesidad de residencia se mantienen alejados y superiores a los de aquellos». 

Por último, el colectivo hace mención al coste de la equiparación para las arcas públicas y explica que, en la actualidad, este complemento se encuentra financiado con fondos de la UE en un 80 por 100, por lo que el importe al que debería hacer frente Interior sería el 20% del total. «Un coste insignificante en los Presupuestos Generales del Estado que supondría reconocer y valorar a los empleados públicos que defendemos, e incentivar su permanencia en territorio insular». 





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