La prisión de Guipúzcoa, al límite: la salida de 33 funcionarios multiplica las riñas entre presos
El CSIF denuncia en un escrito que se han producido ocho incidentes regimentales en menos de un mes
La consejera de Justicia del Gobierno vasco. | EP
La salida de casi 90 funcionarios de las prisiones vascas en el último concurso de traslados a otras cárceles españolas ha provocado que los incidentes regimentales se multipliquen en los centros que dependen del Ejecutivo autonómico. La más afectada es la prisión de Martutene, en Guipúzcoa, de donde se marcharon 33 profesionales penitenciarios. Las plazas vacantes que dejaron estos trabajadores siguen sin suplirse después de un mes y esto ha dado lugar, según ha denunciado el sindicato CSIF, a «una mezcla explosiva que está poniendo en grave riesgo el buen funcionamiento y la seguridad del centro, así como la integridad física de internos y funcionarios».
En el escrito, remitido a la dirección del centro penitenciario y al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la organización sindical denuncia además que el aumento de la población reclusa ha alcanzado tal máximo que se están derivando a internos hacia módulos alternativos, como el de enfermería y el de respeto, para conseguir «huecos libres en las galerías de régimen general para los nuevos ingresos». Actualmente, la prisión acoge un total de 260 reclusos, cuando tiene capacidad para 150.
Cabe destacar que para trasladar a reclusos de un módulo a otro no se tiene en cuenta ese criterio, sino toda una serie de condiciones preestablecidas en el régimen penitenciario que nada tienen que ver con la capacidad de la prisión. Aunque las derivaciones se están haciendo de forma voluntaria, es decir, sin obligar a los presos, la dirección «está haciendo la vista gorda». «A los internos es a quienes más les interesa, tienen las celdas siempre abiertas para entrar y salir; horarios mucho más flexibles, puntos extra para los vis a vis, beneficios penitenciarios…», revelan fuentes del centro penitenciario.
Ocho incidentes en 25 días
La falta de personal sumada al traslado de presos a módulos menos conflictivos ha tenido como resultado la concatenación de ocho incidentes en los últimos 25 días, según reza el citado escrito. Amenazas de muerte entre presos; otra pelea en los baños del centro penitenciario; un enfrentamiento de un interno contra una funcionaria de servicio, «que tuvo que encerrarse en su cabina para asegurar su integridad física»; o un episodio de «amenazas de muerte con patadas y cabezazos» por parte de un preso a funcionarios. Son solo algunos de los conflictos que se han desencadenado entre el 9 de marzo y el 2 de abril.
El CSIF pide medidas inmediatas a la dirección de la prisión y a las autoridades competentes del Gobierno vasco para hacer frente a esta situación: «Se les hace responsables de las futuras incidencias regimentales y agresiones que internos y funcionarios puedan sufrir, solicitándoles encarecidamente tomen las medidas oportunas para evitarlo», dice el documento. El sindicato también advierte de que el aumento de la conflictividad se está produciendo además, aunque en menor medida, en las otras dos prisiones vascas, Basauri y Zaballa. No obstante, la más afectada es Martutene «porque es donde más funcionarios se han ido». «Los centros se han convertido en un polvorín», denuncian.
Una brecha en el sistema
La salida de casi 90 funcionarios de prisiones es una de las mayores brechas a la que ha tenido que hacer frente el Gobierno vasco desde que asumió la competencia penitenciaria hace tres años y medio. Pese a que al principio se manejó una cifra de 197 solicitudes, finalmente los trabajadores que materializaron la petición para el concurso de traslados fueron 135. De estos últimos, el Ministerio del Interior ha seleccionado a 87. Una cifra menor de la que se esperaba, pero que, advierten fuentes sindicales, es igualmente «un porcentaje alto teniendo en cuenta el número de funcionarios de carrera que se reparten entre las cárceles».
Fuentes penitenciarias explican que una gran parte de los trabajadores penitenciarios son personal interino, sin experiencia previa y que el departamento de prisiones ha ido contratando en los últimos años para suplir el déficit de funcionarios. De hecho, aseguran fuentes penitenciarias, actualmente la bolsa cuenta con 63 que ya han concluido el curso de formación, pero todavía no se han incorporado a los puestos vacantes.
La desbandada de funcionarios se produjo en un contexto de máxima tensión entre los trabajadores, tras años en los que han criticado la sobrecarga de trabajo, la falta de personal y un «caos generalizado» en la gestión de las cárceles.