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El 'mercado' oculto de teléfonos en prisión: los funcionarios confiscan 250 móviles cada mes

Los sindicatos alertan de métodos de introducción cada vez más sofisticados. En ocasiones se usan incluso drones

El ‘mercado’ oculto de teléfonos en prisión: los funcionarios confiscan 250 móviles cada mes

Un teléfono, en el interior de un 'souvenir' deportivo. | TO

Adquirir un móvil en prisión es ya tan fácil como hacerlo en la calle. En las prisiones españolas existe todo un mercado oculto de telefonía. Así lo evidencia la estadística sobre la intervención de estos dispositivos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior. Según los últimos datos, a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, los funcionarios se han incautado de un total de 12.882 terminales en los centros penitenciarios en los últimos cinco años. Solo en 2024 se confiscaron 2.884 dispositivos, lo que se traduce en que cada tres horas un trabajador confisca un teléfono móvil a un interno; cada mes se intervienen más de 250. 

El sindicato Acaip-UGT denuncia que estas cifras reflejan «una preocupante estabilidad de su presencia dentro de las cárceles». Cabe destacar que el hallazgo de estos móviles va en línea con un mayor control en los centros penitenciarios, pese a «los medios limitados y la creciente sofisticación de los métodos de introducción». De hecho, sostienen fuentes penitenciarias, solo se localiza un pequeño porcentaje del total que circulan en los penales. Las prisiones de Madrid III, Málaga I y Almería encabezan la lista de centros con más incautaciones en este periodo, con casi 700 terminales intervenidos en cada una. En el último año, Almería (195), Madrid VII (180) y Málaga I (161) lideraron el ranking de decomisos.

El perfil de preso que los busca

La citada organización sindical alerta de que los dispositivos son utilizados por internos especialmente peligrosos, como condenados de terrorismo, violencia de género o pertenecientes a bandas organizadas, cuyas comunicaciones están restringidas por motivos legales o de seguridad en el penal. La posesión de estos dispositivos, además, está relacionada con una mayor actividad de conflictos internos: deudas entre presos y episodios de violencia relacionados con su control y tenencia.

Por otro lado, los funcionarios de prisiones deben hacer frente a esta realidad con medios claramente insuficientes, denuncian desde Acaip. Los terminales, cada vez más pequeños y fabricados con componentes plásticos, escapan fácilmente a los detectores de metales y pueden esconderse en los lugares más insospechados. Un escenario que obliga a hacer requisas más exhaustivas que requieren formación especializada y suficiente personal, algo que, denuncia el sindicato penitenciario, no se garantiza en todas las prisiones.

Los trabajadores de las prisiones han localizado terminales móviles en los lugares más insólitos. El interior de un paquete de galletas, un fondo falso de una botella de lejía, el pie de un flexo de escritorio o un hueco entre la pared y la baldosa son solo algunos de los escondites que han utilizado los presos en los últimos años. 

La irrupción de drones

En paralelo, han surgido nuevos métodos de introducción de estos terminales que suponen una grave amenaza para la seguridad: los drones. Su capacidad de sobrevolar las instalaciones penitenciarias y depositar todo tipo de objetos con precisión convierte a estos dispositivos «en vectores de riesgo indetectables, capaces de burlar las defensas actuales de los centros», critican las mismas fuentes. 

Frente a este escenario, reclaman, es urgente que el Ministerio del Interior haga una intervención decidida en tecnología moderna de seguridad. Según denuncian, los inhibidores instalados hace años, basados en redes 3G, han quedado obsoletos ante el avance de las telecomunicaciones. «Es imprescindible dotar a los centros penitenciarios de sistemas de inhibición actualizados que impidan el uso de teléfonos móviles en su interior y eviten que drones sobrevuelen zonas restringidas». 

Según publicó este diario a finales de 2022, el uso de estos dispositivos se había duplicado con respecto al año anterior, de acuerdo con datos oficiales. Uno de los casos más sonados fue el del centro penitenciario de El Puerto de Santa María (Cádiz). La Policía Nacional abortó la introducción de un teléfono móvil de alta gama y dos mini botellas de whisky, perfectamente empaquetadas y adosadas a un dron.

Las fuentes penitenciarias insisten en que la lucha contra esta amenaza debe ser una prioridad para la Administración. «La seguridad en prisión es un prerrequisito para la aplicación efectiva de los programas de reinserción. La introducción y uso de objetos prohibidos como los teléfonos móviles desestabiliza gravemente la convivencia, fomenta la violencia y socava los objetivos del sistema penitenciario». 


 




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