La explosión de Cerredo confirma el descontrol de la actividad minera en Asturias

La inspección de la mina de Cerredo en la que se produjo una explosión que acabó con la vida de cinco trabajadores ha hallado indicios de extracción encubierta de carbón, una actividad que se extralimitaría con respecto a los permisos y subvenciones con los que contaba la empresa Blue Solving desde hace tres años para cerrar la explotación y sondear yacimientos de grafito. Ante la detección de dos agujeros de unos 20 metros de largo, la consejera asturiana de Transición Ecológica, Belarmina Díaz, habló este viernes de “una irregularidad ilegal con consecuencias letales” por una “actividad de altísimo riesgo”, y prometió aplicar “todo el peso de la ley” de confirmarse los incumplimientos.

Ante esta situación, la pregunta es por qué la autoridad minera, en este caso el Principado de Asturias, no actuó antes. Los “indicios” de una actividad extractiva no autorizada no son algo nuevo, sino que fueron conocidos por el Gobierno autonómico en 2022 a través de un informe motivado por el accidente de aquel año, en el que murió un minero y otro resultó herido grave, según La Nueva España.

De hecho, que ocurra una explosión de gas metano de estas características, como apuntan los primeros indicios, es “imposible” si se cumplen las normativas y protocolos actuales, según alerta un profesional especializado en la seguridad minera, que incide en que “en España, el problema de la minería está en las autoridades”, ya que las normas son exhaustivas, pero en muchos casos “falta fiscalización”.

El especialista señala que a nivel internacional es una práctica común establecer tras un accidente “una investigación oficial de las autoridades y otra independiente externa” que se suele encargar a expertos extranjeros para extraer conclusiones sobre los fallos y tomar medidas. Pero en España las dos investigaciones son la judicial y la de la autoridad; a menudo las compañías encargan informes internos, pero no siempre se adoptan acciones sobre la base a los mismos: “Se queda en la empresa”.

Este interlocutor pide “más intervención” y se pregunta si la mina contaba con los detectores de gases obligatorios, si los trabajadores estaban formados e informados para poder interpretar los límites y si la ventilación era la adecuada. Cuando los niveles de metano, el principal gas que compone el grisú, fluctúan entre el 5% y el 15%, existe riesgo de explosión, por lo que los medidores, que deben estar presentes en ventiladores y en la indumentaria de cada minero, suelen emitir una alerta cuando el aire de la galería subterránea supera una concentración del 2,5%.

El experto en seguridad añade que posiblemente el tiempo de ventilación previo fue insuficiente. Cree que “no hubo tiempo de extraer todos los gases, un proceso que suele durar entre dos y tres horas. Si una mina retoma su actividad un lunes a las nueve de la mañana tras un fin de semana en el que puede haberse acumulado metano por una fuga o grieta, “deberían haber empezado a las 6 de la mañana”, para que tres horas después pudiese descender el equipo con seguridad.

“Antes de entrar todos, tiene que bajar una persona para evaluar la atmósfera con un detector de gases”, indica el experto. Todas las explotaciones y prospecciones cuentan con un ingeniero que ejerce como jefe facultativo, además de un responsable de seguridad que “sobre papel siempre firma, pero a veces ocurre que en la práctica no está allí”. “Si las autoridades no hacen una buena fiscalización, las empresas y los trabajadores tienden a no cumplir”, remacha.

El experto ve posible que existiese extracción de carbón pese al supuesto cierre de esta actividad, ya que el carbón hallado durante los trabajos de sondeo “tiene valor comercial”, aunque “habría que encontrar los camiones con los que lo transportaban”. Y pone de manifiesto que el rescate fue “complicado”. “Había bomberos y Protección Civil que no deberían estar allí dentro, porque no tienen equipos de protección ni de respiración de larga duración como la gente de las minas”.

Recuerda que una explosión puede “causar fisuras geotécnicas” y una “nueva liberación de metano” que provoque nuevas explosiones. Aunque la maquinaria usada actualmente es tan avanzada que no provoca chispas, si los niveles de este gas son críticos incluso un teléfono móvil puede activar la ignición.

Otras fuentes sectoriales tachan de “tercermundista” que se produzca una explosión de grisú y se salde con cinco fallecidos, y dudan de la rentabilidad de recuperar materiales y chatarra e investigar la existencia de grafito, la actividad para la que tenía concedido el permiso oficial y subvenciones Blue Solving. Se trata de una firma dedicada a la extracción de hulla y antracita con 3.000 euros de capital y en manos del empresario Adrián Rodríguez: tomó el relevo a la firma de Victorino Alonso, que se ha querellado contra los nuevos dueños de la mina por una explotación “fantasma” que debería estar cerrada.

Estas fuentes de la minería especulan con la posibilidad de que el carbón fuese llevado al puerto de El Musel para ser exportado. El problema, reiteran, es que “una mina grande, cerrada, carece de ventilación principal y el gas queda dentro”. Según esta versión, el Principado -que tiene la competencia de minas transferida desde hace cuatro décadas- habría hecho “caso omiso” de las “denuncias de particulares” y del informe de 2022, algo que atribuyen a la supuesta influencia de una “mafia del carbón” con “mucha gente metida”.

Alfonso Vázquez, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro de España, subraya que “este es de los países más seguros en minería” y con “grandes profesionales”. Si ahora se está recuperando una “imagen nefasta” ante la sociedad, no se ajusta a los avances que han tenido lugar en las últimas décadas, pues las normativas de seguridad han logrado que los accidentes sean “mínimos”. Explica que “las minas de carbón se cerraron en 2018 no por seguridad, sino porque ya no era muy buena la calidad y tenía mucho azufre”, aunque piensa que “a lo mejor se vuelve a hacer necesario”, ya que 2023 fue el año en el que España ha consumido más carbón, principalmente importado de Sudáfrica.

“El accidente refleja una situación insostenible”, sentencia Marcel Llavero, investigador de ICTA UAB, que alerta de que “acertadamente se han acabado los años de los beneficios subsidiados y las empresas intentan sacar su margen a base de reducir plantilla y condiciones laborales”. Propone inversiones para compensar la prohibición de carbón en la España vacía o una “transición justa financiada por impuestos a los que más contaminan, que ponga en valor la tradición minera de las cuencas, pero suponga una transformación económica, social y cultural de las comunidades hacia un futuro sostenible, seguro, saludable y resiliente”.

Por su parte, Ramón Hervás, ingeniero técnico de minas, hace hincapié en que las normas españolas y europeas están “muy bien estructuradas”. “Es necesario que se cumplan las normas, es imposible determinar al 100% que no va a pasar nada, pero es un sector muy avanzado en seguridad, medio ambiente y residuos”. Y añade que si bien la tasa de mortalidad -dos de cada 10.000 trabajadores- es “la mayor” de todos los sectores económicos en España, ha caído drásticamente con respecto a hace medio siglo.