Canarias exige que el Gobierno se haga cargo ya de los mil menores: «Son su responsabilidad»

Las conversaciones entre el Gobierno canario y el central para que este último se haga cargo de los mil menores extranjeros no acompañados que han pedido protección internacional en las islas tras el auto del Tribunal Supremo pasan por un momento clave. Ambos ejecutivos están a la espera de que el Tribunal Supremo dé el visto bueno a la solución planteada por el Gobierno para hacerse cargo de esos niños, después de que el pasado viernes expirase el plazo para que tanto los ministerios implicados en la materia como Canarias presentasen una respuesta de colaboración mutua. Lo curioso, sin embargo, es que fórmula elegida es todavía una incógnita para una de las partes implicadas: Canarias.

Desde el Ejecutivo de Fernando Clavijo esperan que el Ministerio de Migraciones, del que depende el Sistema de Protección Internacional, así como el de Política Territorial y el de Infancia, también implicados en las negociaciones, cumplan el mandato judicial y se hagan cargo de los menores que han pedido asilo a la mayor brevedad posible. Desde el archipiélago son claros. No aceptarán soluciones a medio o largo plazo, ni otras que pasen por un modelo combinado en el que Canarias se haga cargo de los menores mientras el Gobierno central busca ubicar a los menores. 

«Ha habido un cambio sustancial, el Tribunal Supremo ha dicho que quien tiene la obligación de dar respuesta es el Estado. Nosotros no barajamos otra solución que no sea esa. Son su responsabilidad. Al parecer, han dicho que no tienen plazas para estos niños y niñas. Nosotros hace un año y medio tampoco teníamos medios. Teníamos 20 centros, ahora tenemos 86 para acoger a todos estos jóvenes. Tendrán que enfrentarse a los mismos problemas a los que nos enfrentamos nosotros. El Estado es el que ahora debe dimensionar su sistema y analizar como habilitar esa red de acogida», dice en una entrevista con THE OBJECTIVE, el portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello. 

El cambio de criterio del Supremo

La decisión del Alto Tribunal ha dado un giro de 180 grados sobre la acogida de los menores extranjeros que piden protección internacional. Hasta ahora, la tutela de esos adolescentes era competencia de la comunidad autónoma, como la de cualquier otro menor. Sin embargo, la medida cautelar del TS, solicitada por el Gobierno canario ante el colapso de su sistema, ha hecho una nueva interpretación sobre la asistencia de los menores que huyen de conflictos o persecuciones en sus países de origen, y ha primado la necesidad de que estas personas reciban refugio pese a que sean menores. Esto es, que formen parte del Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional. 

Este dictamen, además, ha coincidido en el tiempo con la modificación de la ley de extranjería, convalidada hace una semana en el Congreso de los Diputados y que hace obligatorio el reparto de menores migrantes entre las regiones cuando la ocupación del sistema de acogida de una comunidad autónoma esté por encima del 150%. Una situación en la que se encuentra Canarias y Ceuta, de las que se derivarán unos 4.400 menores —3.400 si se tienen en cuenta los que han pedido asilo— a lo largo de los próximos meses. La norma ha despertado gran malestar en las comunidades del PP, algunas las cuales han anunciado recursos de inconstitucionalidad contra el reparto de menores.

La respuesta de Canarias

Respecto a la solución para la acogida de los mil jóvenes que han solicitado protección, Alfonso Cabello explica que tanto el Gobierno central como el canario presentaron el pasado viernes «dos escritos diferentes ante el Tribunal Supremo». «Nosotros no hemos tenido acceso al escrito del Estado. Lo que hemos hecho es presentar tres documentos en los que se ha facilitado un listado individualizado de cada uno de los menores con derecho a asilo político; las entrevistas que se les ha realizado, sus expedientes y en qué centros están ubicados. Así como información sobre las reuniones que se han mantenido sobre este asunto entre los dos ejecutivos». 

En este sentido, Cabello recuerda «el momento de confusión» que se vivió hace dos semanas después de que la Abogacía del Estado recurriese las medidas cautelares fijadas por el TS. Un recurso que se interpuso y se retiró el mismo día, después de que el ministro de Política Territorial, Victor Ángel Torres, que ha liderado las negociaciones para la aprobación de la nueva ley de extranjería, presionase en el Gobierno para eliminar esa medida. Principalmente, por la falta de sentido que tenía defender el reparto obligatorio de niños extranjeros a otras comunidades, y, al mismo tiempo, negar a esa misma medida con los menores asilados que debe asumir el Ejecutivo.  

Centros con «350 menores»

«En todas las conversaciones insisten en que van a cumplir lo que ha dicho el Tribunal Supremo, ahora hay que esperar a que se pronuncien los magistrados. Lo que está claro es que Canarias no puede seguir en esta situación de emergencia y de saturación. Así es dificil garantizar los derechos de los menores, según las consideraciones de los tratados internacionales. Tenemos centros con 350 jóvenes, cuando lo ideal es que tengan 30, lo que en ningún caso permite hacer un trabajo de integración, clave para el interés superior del menor. Hay casos muy graves: niños soldado, con mutilaciones… Vienen de la guerra y necesitan atención y cuidados especializados», argumenta el portavoz del Gobierno canario. 

Desde el Gobierno se trasladó en un primer momento que el sistema estatal para solicitantes de asilo no está preparado para albergar a menores sin la compañía de un adulto, habida cuenta de que no hay centros especializados en la atención de menores no niños no acompañados. De ese modo, señalaron, para cumplir con la medida del TS se deben habilitar nuevos espacios o, en su caso, alojarlos en centros pensados para adultos. Ante la falta de consenso con esto último, el Ejecutivo planteó una fórmula combinada en la que, si bien se incluía a los jóvenes en el sistema de protección, seguían en centros de Canarias mientras se buscaban emplazamientos adecuados para los menores. 

Para el Gobierno canario, sin embargo, la salida de los menores de sus centros es una línea roja. «Canarias ha ido un paso más allá de la solidaridad, no podemos garantizar los derechos de estos jóvenes», insiste Cabello. Mientras tanto, en los ministerios implicados no dan detalles al respecto. «El Ministerio de Migraciones está trabajando en coordinación con el Gobierno de Canarias y con el resto de ministerios competentes para dar cumplimiento al auto en el plazo previsto, y para garantizar los derechos y la seguridad de los menores», responden a este periódico desde el departamento dirigido por Elma Saiz.