El Gobierno aún no ha anulado oficialmente la compra de las balas israelíes

El Gobierno anunció el pasado 24 de abril que procedía a anular el contrato de munición de arma corta para la Guardia Civil adjudicado y formalizado con una empresa israelí. Sin embargo, el Boletín Oficial del Estado, que sí oficializó la compra el mismo 24 de abril, no ha oficializado la anulación del contrato. Sin ese trámite, el contrato de suministro para 15 millones de balas continúa vigente y los plazos siguen corriendo. Los 27 días de ejecución del contrato previstos ya han empezado a contar.

Ha pasado ya más de una semana desde que se anunció la anulación del contrato de munición de 9 milímetros y ni la Plataforma de Contratación del Estado ni en el BOE figura la rescisión de la adjudicación. El Gobierno y el Ministerio del Interior estiran los plazos y levantan dudas en la propia Guardia Civil, donde ahora ya no se ve con tanta claridad que se vaya a prescindir de esos 15 millones de cartuchos israelíes fabricados por IMI Systems y vendidos a través de su representante en España, la firma Guardian Homeland.

El trámite de la anulación debe quedar reflejado con su publicación en el BOE. Es un paso esencial para que quede oficializado. Sin él, el contrato sigue en vigor y el adjudicatario puede continuar ejecutándolo en los plazos y condiciones fijadas de antemano cuando se formalizó. Es decir, la empresa israelí puede hacer caso omiso del anuncio del Gobierno y seguir adelante con su plan de suministro y entrega de la cartuchería.

El contrato establecía como una de sus condiciones la ejecución en un plazo de 27 días. Un periodo que fija la Administración para organizar la entrega de los materiales que adquiere, y que empieza a contar a partir de su publicación en el BOE. Por tanto, el desenlace se producirá este mismo mes de mayo.

Las únicas que no fallan

Tal y como ha desvelado THE OBJECTIVE, los problemas que genera esta decisión de rescindir el contrato -aún no ejecutado- van más allá de lo meramente económico: afectan directamente a la seguridad ciudadana. En los test de laboratorio que realizó el Servicio de Armamento y Equipamiento Policial de la Guardia Civil sobre todas las marcas de munición que se presentaron al concurso, las balas israelíes fueron las únicas que pasaron la prueba.

El resto de munición se encasquillaba en esos test cuando eran puestas a prueba en las nuevas pistolas reglamentarias Ramon, también de fabricación israelí, tal y como consta en las actas técnicas de laboratorio a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Prescindir de la compra supone, en la práctica, dejar sin munición de arma corta a cuerpos de élite de la Guardia Civil como los GRS o las Usecic, unidades en las que se repartieron las 7.000 pistolas israelíes –ya polémicas en el momento de su compra-.

Las pruebas realizadas por la Guardia Civil con todas las municiones presentadas al controvertido concurso —hoy supuestamente cancelado— se llevaron a cabo en los laboratorios de la Oficina de Ingeniería y Control de Calidad del Servicio de Armamento, en Madrid. Los ensayos se efectuaron entre el 3 y el 9 de julio de 2024. Dos semanas más tarde, el 24 de julio, se emitió un informe técnico firmado por un comandante del cuerpo de Ingenieros de Armamento.

El documento fue contundente: únicamente los cartuchos ofrecidos por Guardian Homeland —fabricados por la compañía israelí IMI Systems— superaron la prueba clave de sensibilidad de la cápsula. Todas las demás propuestas fueron desestimadas por no cumplir ese criterio. Según el informe, estas municiones descartadas no eran aptas para su uso con las pistolas reglamentarias modelo Ramon, ya que existía riesgo de «interrupciones», comprometiendo así la seguridad de los agentes en situaciones operativas críticas al encasquillarse sus armas.

Evitar pagar

Mientras el contrato sigue sin anularse oficialmente, tanto Moncloa como el Ministerio del Interior trabajan a contrarreloj para esquivar el pago de posibles indemnizaciones.

A finales de abril se celebró una reunión en Interior en la que se pusieron sobre la mesa varias alternativas, incluida una maniobra legal: revocar la licencia general de la empresa alegando razones de orden público y protección de los «intereses esenciales» del Estado. La Abogacía del Estado analiza ya las vías legales que permitirían esa acción sin incurrir en una posible prevaricación. Todo apunta a que el conflicto acabará dirimiéndose en los tribunales.

El Ministerio del Interior se enfrenta así a una complicada situación jurídica tras la cancelación del contrato de munición. Aunque el proveedor israelí no ha exigido aún formalmente el pago completo —los citados 6,8 millones sin IVA—, en el Ejecutivo dan por hecho que lo reclamará. Por eso, se buscan fórmulas que eviten un coste económico para el Estado y, sobre todo, un coste político.

Según fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, los esfuerzos por resolver el conflicto comenzaron al día siguiente de anular el contrato. Ese mismo día, Interior convocó una reunión en la que se exploraron distintas opciones legales, con el respaldo de la Abogacía del Estado. La alternativa con más fuerza es impedir la concesión del permiso de importación de las municiones, que depende de la Secretaría de Estado de Comercio, integrada en el Ministerio de Industria.

Esta opción, sin embargo, implica riesgos importantes. Argumentar que la actividad del proveedor supone una amenaza para el orden público o la seguridad nacional no será sencillo, sobre todo teniendo en cuenta que IMI Systems ha sido adjudicataria habitual en contratos tanto del Ministerio del Interior como del de Defensa, no solo en armamento, sino también en equipos policiales.