Los policías evitan Baleares por el precio de la vivienda: 400 plazas quedan desiertas

Las Islas Baleares siguen sin convencer a los policías nacionales como destino. El problema del acceso a la vivienda en el archipiélago, con precios cada vez más desorbitado en los alquileres, complica que los agentes se desplacen a trabajar a Mallorca, Menorca o Ibiza. Los sindicatos denuncian desde hace años los obstáculos que padecen los policías para asentarse en esta comunidad autónoma. Prueba de ello es que en el último concurso de traslados que se ha conocido esta semana más de 400 plazas quedarán vacantes, según denuncian desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP). 

El déficit de policías en Baleares es un problema recurrente debido a que el complemento de insularidad que perciben los agentes no cubre el alto coste de vida en el archipiélago. Del mismo modo, tampoco se ha actualizado la indemnización por residencia desde hace casi 20 años. Peor escenario es el que se plantea para los que tienen el archipiélago como el primer destino y, por tanto, es forzoso. Sobre todo, en la época estival, cuando más se disparan los precios por el turismo.  Hay agentes que se ven obligados a residir en campings o a desembolsar grandes cantidades de dinero por adelantado para vivir en pisos de 90 metros cuadrados.

El delegado del SUP, Manuel Pavón, dice que «llevan años denunciando las pésimas condiciones y la falta de personal que sufre la Policía Nacional en las islas» ante el caso omiso del Ministerio del Interior. El departamento de Grande-Marlaska anunció «medidas» en 2023 para que policías y guardias civiles tuviesen más facilidades a la hora de encontrar una vivienda asequible. Dos años después, todavía no han llegado. En marzo, el ministro señaló en el Senado que su área estaba explorando vías de financiación para el proyecto de construcción de una residencia para agentes y otros funcionarios en un solar junto a la comisaría de Ibiza. 

Las ayudas del Parlament Balear

El SUP aplaude la iniciativa del Parlament Balear, que el pasado martes aprobó una Proposición No de Ley (PNL) para actualizar el complemento de insularidad. Aunque señala que apenas tendrá «recorrido en Madrid —se refieren al Ministerio del Interior-, aplaude la iniciativa y el apoyo por parte de la clase política regional». Además, explica, el Ejecutivo autonómico también ha sacado adelante una deducción fiscal dentro del margen presupuestario para que los agentes tengan algún beneficio en su renta del pasado ejercicio. «Esto demuestra que si se quiere, se puede», señala Pavón. 

En un tuit, la presidenta balear, Marga Prohens, ha calificado de «muy grave» la denuncia del Sindicado Unificado de Policía (SUP) y ha señalado que su gobierno está trabajando en medidas como «incluir a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la deducción fiscal para plazas públicas de difícil y muy difícil cobertura o con soluciones específicas de vivienda». No obstante, ha advertido, es imprescindible antes «una actualización de la indemnización por residencia para adaptarla al coste de vida derivado de nuestra insularidad». 

Aumento de la presión migratoria

La falta de agentes ha coincidido en el tiempo con importantes oleadas de inmigración irregular que han dejado en cuadro los servicios y recursos de los que disponen las islas. En el caso de la Policía y Guardia Civil, el problema, advierten, es la falta de especialización y de personal, habida cuenta de que cuando hay una avalancha de pateras «se paralizan todas las unidades porque todos tenemos que apoyar; está claro que hay que dar atención a estas personas». Baleares ha registrado máximos históricos en la llegada de inmigrantes en situación irregular. En el último año fueron interceptadas en aguas de la comunidad autónoma un total de 347 pateras, en las que iban a bordo casi 6.000 personas, según los datos facilitados por fuentes oficiales.

Unas cifras que suponen un récord tanto en embarcaciones como en el número de ciudadanos que han llegado desde Argelia, principalmente a las islas Pitiusas, Ibiza y Formentera, las que sufren mayor presión migratoria. Hasta ahora, el pico histórico se había registrado en 2022, con 2.637 personas y 176 embarcaciones. Respecto a 2023, en cualquier caso, los cruces irregulares hacia Baleares a través del mar se han casi triplicado. 

El problema con los menores

El principal problema al que se enfrenta este archipiélago es que ninguna de sus islas está preparada para asistir a las miles de personas que han llegado en los últimos meses. El aumento de los flujos migratorios, por un lado, ha dejado al borde del colapso los centros de menores, encargados de tutelar a los jóvenes que llegan hasta las costas en las pateras. La situación es especialmente preocupante en las islas más pequeñas como Ibiza, que solo cuenta con un centro de este tipo. La falta de espacio y de personal comienzan a hacer insostenibles estos espacios, por lo que la mayoría de menores se derivan a los de Palma, que también están al límite. Baleares es, actualmente, una de las comunidades que más se esfuerza en la acogida de menores extranjeros no acompañados.

Por otro lado, las fuerzas de seguridad y los equipos de salvamento soportan cada vez más trabajo y, al mismo tiempo, una mayor falta de medios para hacer frente al mismo. Una circunstancia que, señalan fuentes policiales, las mafias aprovechan para introducir a los inmigrantes en las islas donde es más patente este déficit: Ibiza y Formentera. A lo largo del año han llegado a la primera 346 personas a bordo de 22 embarcaciones, y a la segunda, 2.670 personas en 167 pateras. En otras palabras, estas ínsulas, las más pequeñas del archipiélago, concentran más del 50% de la inmigración irregular que llega a la comunidad autónoma.