La fiscal del chavismo que huyó del «genocidio» de Maduro abre consultoría jurídica en Madrid

La fiscal general que huyó de Venezuela abre una consultoría jurídica en Madrid. Luisa Ortega dirigió el Ministerio Público de Venezuela entre diciembre 2007 y agosto de 2017, cuando dejó el país amenazada por el chavismo tras criticar la deriva anticonstitucional de Nicolás Maduro. Primero se refugió en Colombia y luego dio el salto a España, donde solicitó asilo en octubre de 2021. En Madrid ha trabajado en un despacho de abogados y como profesora de universidad. Ahora da un paso más con la creación de Solyr, una firma con la que promete a sus clientes «una combinación única de experiencia internacional para hacer posible lo imposible».

«El equipo de juristas de Solyr asesora y acompaña a nuestros clientes ofreciendo soluciones en el cumplimiento normativo local e internacional, incluyendo regulaciones específicas de la UE y América Latina», asegura la web de la consultoría, que lleva varias semanas activas. El despacho de la fiscal general que se enfrentó a Maduro está ubicada en la madrileña calle de Diego de León aunque, como ha podido saber THE OBJECTIVE, inicialmente iba a estar en la calle de Conde de Peñalver.

Se trata de la dirección en la que la exfiscal general de Hugo Chávez creó el pasado 27 de enero la empresa Soluciones Integrales L&R SL, matriz de Solyr. Lo hizo con un capital social de 3.000 euros, según consta en el portal Insight View. La consultoría jurídica de Ortega está compuesta por una decena de profesionales especializados en diversas áreas. Ofrece asesoría personalizada, soluciones jurídicas e investigación, gestión de crisis y atención de contingencias, proyecciones y análisis financieros, evaluación de riesgos y análisis político y comunicación estratégica.

Señalada por Maduro

Ortega fue destituida en agosto de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, después de que Maduro pidiera su cabeza. La presidenta del organismo era Delcy Rodríguez, actual vicepresidenta de Venezuela. La fiscal fue acusada de instigar desórdenes públicos y de haber cometido diversas irregularidades en el ejercicio de su cargo. Con esa decisión, el régimen lograba desactivar a una de las voces más críticas.

Tras perder su puesto, la Guardia Nacional impidió a Ortega acceder a la sede de la Fiscalía, lo que le llevó a denunciar «una dictadura» que intentaba esconder «la corrupción que hay en Venezuela» y tapar las «pruebas» de violaciones de los derechos humanos. Una de las últimas actuaciones de Ortega fue ordenar que se investigara la muerte de 10 personas durante las protestas de julio de 2017, cuando se celebraron los comicios para elegir a los miembros de la Asamblea de Maduro.

La exfiscal general denunció fraude y dijo que el Gobierno trataba de instaurar «un sistema personalista y totalitario» para perpetuarse en el poder. Esa postura le costó graves amenazas del chavismo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo que ponerle protección al considerar que su vida corría peligro. Ortega se refugió en Colombia, donde obtuvo la condición de refugiada como «perseguida política».

La exfiscal aportó pruebas documentales a la Corte Penal Internacional de «la violación sistemática» de los derechos humanos en Venezuela. También involucró a Maduro en el caso Odebrecht, asegurando que podría haber recibido sobornos de unos 100 millones de euros. Incluso señaló al que sería su testaferro, el ministro de Industrias Alex Saab. Estas acusaciones le reportaron nuevos ataques que le obligaron a trasladarse a Madrid.

Represión policial

En una entrevista con France24 en agosto de 2018, afirmó que en Venezuela «hay un genocidio, un plan deliberado por parte de Maduro, el heredero de Chávez, de exterminar la población y aquellos que no se sometan, no se subordinen, los persiguen, los aniquilan o los obligan a abandonar el país». Ortega evitó distanciarse del chavismo, aunque aseguró que «siempre cuestioné y critiqué las cosas que no estaban apegadas a la Constitución y a la ley. Siempre estuve en contra de los atropellos, sobre todo de la represión policial».

«En 2009 y 2010 me convertí en la principal investigadora de las violaciones de los derechos humanos de los cuerpos policiales en Venezuela. No solo lo investigué, sino que lo denuncié públicamente», insistió Ortega. La exfiscal general explicó que Chávez le llamó entonces a una reunión y se presentó un plan que «lamentablemente quedó en el papel». Sin embargo, sus detractores le acusan de haber colaborado durante una década con el régimen.

Le achacan que durante ese tiempo encabezó la persecución judicial del chavismo. Este martes, una de las víctimas presentará en la Audiencia Nacional una querella por presuntos delitos de lesa humanidad y tortura contra Ortega y Miguel Rodríguez Torres, exdirector de la Agencia de Inteligencia venezolana. La querella está respaldada por Manos Limpias y la Unión de la Resistencia Ciudadana Venezolana (URCVE).

Uno de los encarcelamientos más emblemáticos durante el mandato de Ortega fue el del líder opositor Leopoldo López, ahora también asilado en España. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) cifra en casi ocho millones el número de personas que han abandonado Venezuela. La mayoría han huido a países de América Latina y el Caribe, pero Madrid se ha convertido en la capital del exilio y lugar de acogida de opositores a Maduro. Entre ellos Edmundo González, presidente electo de Venezuela según las actas publicadas por la oposición.