Los independentistas van a por el exjefe del CNI Félix Sanz Roldán

Paz Esteban, anterior exdirectora del CNI, el servicio de inteligencia español, está imputada en tres causas abiertas a petición de los independentistas catalanes a los que espiaron sus teléfonos móviles con el virus Pegasus. Casos judicialmente llamativos porque llevó a cabo esas intervenciones tras recibir la autorización judicial del magistrado del Tribunal Supremo encargado de esa tarea para el trabajo del servicio secreto. La lógica dice que si Esteban siguió el conducto legal, nada podrán hacerla. Los espiados pueden discrepar de los motivos aducidos, están en su derecho, pero la ley ampara a la que fue directora, cumplió la ley a rajatabla. De hecho, las órdenes judiciales tienen fecha de pocos días después de que interinamente –6 de julio de 2019– ocupara la dirección.

Una ley, por cierto, que no estaba en vigor en 1998, cuando se descubrió que la sede de Herri Batasuna en Vitoria, un partido legal en ese momento, estaba infectada de micrófonos. Desde el piso de arriba se grababan las conversaciones y aparecieron pistas claras de la autoría del entonces Cesid, antecesor del CNI. Hubo un juicio en el que no encarcelaron a los directores implicados, Emilio Alonso Manglano y Javier Calderón, solo hubo una condena para el suboficial que cambiaba las cintas, si se me permite limitar su trabajo a eso para explicar jocosamente lo llamativo de la sentencia.

Sanz Roldán, con el PSOE y el PP

Volviendo al caso Pegasus, el que aparece judicialmente más desprotegido es Félix Sanz Roldán, director del servicio desde el año 2009 hasta el 2019. Fue nombrado por José Luis Rodríguez Zapatero, le mantuvo en el cargo Mariano Rajoy y acabó el tiempo máximo de permanencia con Pedro Sánchez. 

Las fechas son importantes porque esta semana los medios de comunicación han sacado a la luz un informe de Citizen Lab, de la universidad de Toronto, expertos en detectar infecciones con virus como Pegasus, en el que aseguran que el móvil de Artur Mas cuando era presidente de la Generalitat estuvo infectado desde julio de 2015 hasta mayo de 2020. Me explico: le metieron el virus Pegasus sin orden judicial de 2015 a 2018 con el PP siendo la responsable política Soraya Sáenz de Santamaría, y hasta mediados de 2019 con el PSOE, bajo la responsabilidad de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Además de a Mas, los investigadores han demostrado también que Pegasus tomó posesión del teléfono de Pere Aragonés, cuando era vicepresidente de la Generalitat, sin autorización judicial en julio de 2018, con Pedro Sánchez ya en el poder y el tándem Robles-Sanz controlando el servicio de inteligencia.

Muy difícil implicar al CNI

Demostrar que el CNI fue el responsable de meter el virus en los teléfonos será muy difícil de demostrar, casi imposible. Se sabe que a partir de julio de 2019 fueron ellos los atacantes porque lo han reconocido en el Congreso, pero se pueden amparar con razón en que el mismo virus lo poseían otros países que también lo utilizaron contra destacados políticos como el presidente Sánchez o la ministra Robles. Estamos hablando de Marruecos, pero no es el único.

La historia que cuentan los agentes con muchos años en el servicio es que se habría hecho sin pedir autorización legal, y que por eso Paz Esteban al llegar al cargo lo primero que hizo fue legalizarlas para no verse implicada. Meras interpretaciones, imposible de demostrar.

El acoso por parte de los independentistas que se le viene encima a Sanz irá acompañado por la exigencia de que comparezca en el Congreso de los Diputados para sacarle los colores, dicen. No hace mucho, les dijo a los diputados que las relaciones del CNI con el imán de Ripoll se habían limitado a visitas a la cárcel, pero sin que posteriormente hubiera relación. Hace unas semanas, filtraciones del propio servicio han apuntado a que era colaborador y estuvo cobrando hasta los atentados de Barcelona y Cambrils 500 euros mensuales.