Sánchez elude 18 preguntas de PP y Vox sobre el ático que Muface alquila a la familia Gómez

El Gobierno ha dado carpetazo a un total de 18 preguntas parlamentarias registradas en el Congreso de los Diputados por PP y Vox con el objetivo de desentrañar los contratos de alquiler en condiciones ventajosas de mercado que la mutua pública Muface tiene firmados -como el ático o el local de la sauna arrendados de los que informó en exclusiva THE OBJECTIVE- con la familia de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El departamento del ministro Félix Bolaños, que es quien firma las respuestas, ha cursado todas las cuestiones con un texto base en el que sólo menciona citas textuales de tres leyes sobre alquileres.

Moncloa, a través del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, guarda un silencio total sobre cuándo y cómo se alquilaron al menos tres propiedades de Muface a la familia de Begoña Gómez. Y por qué siguen percibiendo por ello rentas que suponen una pequeña fracción de lo que cuestan esos inmuebles en el mercado actual, como el ático de 139 metros por apenas 850 euros.

El Gobierno ha respondido tanto al PP como Vox sobre las 18 preguntas formuladas sobre este asunto en el Congreso de los Diputados. Pero no se da explicación alguna. Según justifica someramente el Ejecutivo, «para el arrendamiento de inmuebles, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado se rige por lo dispuesto en la normativa vigente».

«De acuerdo con la Disposición Transitoria 1ª de la LAU, todos los contratos celebrados a partir del 9 de mayo de 1985 (tanto viviendas como locales) se regirán por lo dispuesto en el artículo 9º del Real Decreto-ley 2/1985, de 30 de abril, sobre medidas de política económica, y por lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobado por Decreto 4104/1964, de 24 de diciembre. Y los contratos de arrendamientos celebrados con anterioridad al 9 de mayo de 1985 (tanto de viviendas como locales) se rigen por el texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964», justifica el Gobierno, citando genéricamente las dos leyes sobre arrendamientos.

De esa forma, el Ejecutivo deja sin respuesta una batería de 18 preguntas presentadas en tandas por el PP y Vox. Algunas tan explícitas como si los alquileres permiten subarriendos (como el de las 14 habitaciones del ático), si Muface conocía que se utilizaba el bajo para un negocio sexual, quiénes son las personas que gestionan los alquileres en Muface, cuáles son las irregularidades que se han detectado por parte del Tribunal de Cuentas, en qué ha quedado la investigación interna abierta por Muface, cuáles son los criterios por los que se elige a los arrendadores de locales como el que fue destinado a una sauna o cómo se establece las rentas de los inmuebles. Las respuestas a las 18 preguntas son las mismas: citas al textual de las leyes sobre arrendamientos.

Batería de preguntas

En marzo, coincidiendo con la publicación de las informaciones de THE OBJECTIVE, Vox reclamó explicaciones al Gobierno sobre el método utilizado para calcular el precio de arrendamiento de ciertos inmuebles, cuestionando que este estuviera por debajo del valor de mercado. Desde la formación liderada por Santiago Abascal insistieron en conocer los motivos de esa diferencia: «¿Por qué se fijó un importe tan inferior al habitual en el mercado? ¿Se han aplicado revisiones periódicas en el precio del alquiler?», plantearon.

Asimismo, tal como había informado este medio, al menos uno de los apartamentos en los que fue dividido el ático estaba alquilado a un tercero. Ante esta situación, Vox también exigió saber si el subarriendo y las actividades comerciales de la familia Gómez en ese edificio se ajustaban a la legalidad.

Vox también reiteró su exigencia de aclaraciones sobre otra información revelada por THE OBJECTIVE: que Muface llevaba más de tres décadas –concretamente 36 años– asumiendo los gastos de mantenimiento de la finca, beneficiando de forma directa a la familia Gómez y a sus actividades empresariales. Entre esos desembolsos figuraba una obra realizada en 1997, valorada en más de 34 millones de pesetas (unos 200.000 euros), que incluyó trabajos en la fachada y la sustitución del tejado. «¿Se trasladó alguno de esos costes a los arrendatarios?», preguntaron desde la formación.

En relación con las actividades desarrolladas en el edificio, vinculadas tanto al negocio de pensión como a la sauna Adán —de contenido sexual—, Vox pidió conocer si los inmuebles alquilados contaban con las correspondientes licencias de actividad. «Y en caso afirmativo, ¿para qué usos específicos fueron concedidas?».