Vuelven a detener al subinspector de la Policía de Granada por presunto maltrato machista

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Granada ha acordado la puesta en libertad provisional del jefe de estudios de la Policía Local y subinspector del cuerpo, detenido nuevamente por presuntamente vulnerar la orden de alejamiento que le impide acercarse a su mujer. Esta medida judicial ha sido adoptada mientras se sustancia un nuevo proceso penal abierto por el presunto quebrantamiento.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la detención deriva de que el agente no aceptara el acuerdo de conformidad ofrecido por la Fiscalía, lo que obliga a continuar con la investigación sobre las circunstancias y motivos del presunto incumplimiento.

Prohibición de residir en Armilla

Mientras se desarrollan las diligencias previas, el Juzgado ha impuesto al agente la prohibición de acudir o residir en Armilla, localidad donde vive la presunta víctima, con la advertencia expresa de incurrir en delito de desobediencia o de que se puedan adoptar medidas cautelares más restrictivas de su libertad.

Esta medida cautelar ha contado con el visto bueno tanto del Ministerio Fiscal como de la acusación particular y la defensa. Según la mujer, entre marzo y mayo, el agente habría quebrantado la orden mediante llamadas telefónicas, que ella no respondió, y con varias desconexiones supuestamente intencionadas del brazalete electrónico que debe portar para garantizar la distancia con su expareja.

El subinspector ha negado que estas desconexiones fueran voluntarias, argumentando que se debieron a fallos técnicos del dispositivo. Para esclarecerlo, el Juzgado ha encargado un informe al grupo Cometa, responsable de la instalación y supervisión de las pulseras electrónicas.

Acusación por violencia habitual y control

Este nuevo incidente se suma al proceso judicial que el Juzgado de Violencia de Género 2 de Granada mantiene abierto contra el agente desde marzo, cuando decretó la apertura de juicio oral por presuntos delitos de violencia física y psíquica habitual, menoscabo psíquico y descubrimiento y revelación de secretos contra su expareja y una de sus hijas.

La Fiscalía pide para el acusado seis años y diez meses de prisión, mientras que la acusación particular, representada por el letrado Mariano Vargas, eleva la solicitud a más de 15 años de cárcel. Por su parte, la defensa, a cargo del abogado Domingo Domingo, reclama la libre absolución del agente.

Según el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, el agente habría ejercido, especialmente desde 2017, conductas continuadas de control, agresiones verbales y físicas, incluyendo empujones y golpes, tanto contra su expareja como contra sus dos hijas. También habría accedido sin consentimiento a datos personales de su exmujer, utilizando un rastreador tecnológico para vigilar sus movimientos y relaciones.

Polémica por su continuidad en el cargo

La continuidad del subinspector como jefe de estudios de la Policía Local de Granada ha reavivado la polémica política. El PSOE de Granada ha exigido este miércoles a la alcaldesa de la capital, Marifrán Carazo (PP), que revoque su nombramiento, al considerar que se trata de hechos de “extrema gravedad” ante los que el Ayuntamiento debe actuar “con determinación” y situarse “del lado de las víctimas”.

Por su parte, la defensa del agente ha recordado que varias denuncias presentadas por la mujer fueron archivadas, y que incluso la Audiencia ha remitido testimonios contra ella por presunta denuncia falsa en algunos de estos procedimientos.

En paralelo, el Juzgado de Instrucción 4 de Granada investiga a varios agentes en el denominado caso Viogen, por un posible delito de revelación de secretos al haber accedido a datos de la expareja del subinspector en el sistema de seguimiento de víctimas de violencia machista.