Sánchez trata de colar a la OTAN como gasto en defensa la 'app' para llevar el DNI en el móvil
El programa de ciberseguridad para la Policía Nacional incluye el desarrollo y ‘resiliencia’ de la aplicación del DNI
Mark Rutte, secretarion general de la OTAN, con Pedro Sánchez. | Moncloa
El Gobierno de Pedro Sánchez busca fórmulas para engordar el gasto en defensa computable por la OTAN, a la vista de su promesa para alcanzar el 2% del PIB en este mismo 2025 y tras recordarle la Alianza Atlántica que sigue a la cola. Pero lo hace con una estrategia de alto riesgo: colar gastos difícilmente imputables al presupuesto de defensa. En su Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, el Gobierno incluye la mejora de la ciberseguridad y «ciberresiliencia» de las plataformas de gestión y expedición del DNI, entre las que se incluye la aplicación para móviles que permite portar de forma digital la identificación personal. Cifra en 189 millones ese plan.
Según ha podido saber THE OBJECTIVE, en el Ejecutivo hay cierto nerviosismo por el análisis detallado que se pueda hacer en la OTAN del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa. El documento que ha elaborado Moncloa, y que recoge esquemáticamente las partidas para las que Sánchez anuncia una inversión de más de 10.000 millones de euros es sólo una guía enunciativa de programas, pero «no un documento técnico para la OTAN». El examen de la Alianza Atlántica será mucho más minucioso y ello requiere que el Gobierno desgrane uno a uno cada proyecto.
Hay algunos de esos planes que, como admiten fuentes de la seguridad del Estado consultadas por THE OBJECTIVE, van a ser «problemáticos». Por ejemplo, señalan, el que lleva el epígrafe de «Nuevas tecnologías de telecomunicación y ciberseguridad» y que versan sobre la «potenciación de la ciberinteligencia y refuerzo de infraestructuras en el Ministerio del Interior» por un importe de 189 millones que no desglosa ni concreta.
En primer lugar, explican estas fuentes, porque la OTAN no contempla como gasto en defensa nada que no esté directamente vinculado con las Fuerzas Armadas. Todos los cuerpos bajo control jerárquico de Interior, civiles, por tanto, no encajan en las exigencias de las normas OTAN. Pero hay algunas en concreto que ni siquiera tienen aplicación sobre la seguridad. Es el caso de la cita a la «plataforma del DNI» que incluye el documento.
En la explicación técnica de ese epígrafe, indican, se ha incluido «el desarrollo y mantenimiento de la aplicación para llevar el DNI en el teléfono móvil». Es decir, la aplicación denominada MiDNI que ha sido diseñada y puesta en marcha este mismo año por la División de Documentación de la Dirección General de la Policía Nacional. Una partida que la OTAN, a todas luces -y según sus propias normas- no aceptará.
Desglose de gastos
Según los datos que manejaba la OTAN, España había destinado en 2024 un total de 19.723 millones de euros al gasto en Defensa, lo que representaba un 1,3% del producto interior bruto. De cara a 2025, el Ejecutivo estimaba que esta cifra ya rondaría los 23.000 millones, y calculaba que, con un crecimiento del PIB próximo al 2,5%, sería posible alcanzar el 2% del PIB gracias a una inyección adicional de 10.000 millones. No obstante, para cumplir de forma continuada con los compromisos internacionales, el Gobierno tendría que garantizar una inversión anual mínima de entre 33.000 y 34.000 millones de euros. En otras palabras, esos 10.000 millones extra deberían mantenerse de forma estructural.
Las fuentes consultadas reconocían que mantener ese nivel de gasto en el tiempo resultaría muy complejo. En primer lugar, por los plazos necesarios para desplegar los planes anunciados. Sánchez detalló entonces cómo se repartirían los fondos adicionales: 3.713 millones se destinarían a mejorar las condiciones laborales, la formación y el equipamiento de las Fuerzas Armadas; 3.263 millones se invertirían en la creación de un «escudo digital» para el país; 1.962 millones irían a la adquisición de nuevos sistemas de defensa y disuasión; 1.751 millones servirían para reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias y catástrofes naturales; y 329 millones estarían dirigidos a mejorar la seguridad de los militares desplegados en misiones internacionales.