Solo el 9% de las familias ha recibido las ayudas para vivienda solicitadas al Gobierno por la dana
El Ejecutivo apenas ha abonado el dinero a 4.060 hogares que han reclamado los recursos prometidos por Sánchez
Daños en una calle por la dana del pasado octubre | Europa Press
Apenas poco más de 4.000 familias han recibido medio año después las ayudas del Gobierno para reconstruir sus viviendas y reponer sus enseres por la dana que asoló a finales de octubre varias zonas de España, especialmente la provincia de Valencia.
Los datos oficiales recabados por THE OBJECTIVE ponen de manifiesto que los fondos prometidos por el presidente Pedro Sánchez para los hogares afectados no se han desatascado, a pesar de que ya han pasado más de seis meses desde la tragedia y del anuncio del primer paquete del plan lanzado por el Ejecutivo.
En concreto, las cifras reflejan que solo 4.060 familias han percibido el dinero solicitado. Se trata de un 9,3% de las que han presentado la solicitud de la ayuda para arreglar los desperfectos de sus viviendas y la compra de electrodomésticos, muebles y otros enseres que fueron dañados por las inundaciones y la riada de la dana. El Gobierno tiene registradas un total de 43.592 demandas para este fin en su mayor parte. La partida incluye también otros fines, como fondos por fallecimiento de familiares, pero tanto el número como los importes están limitados.
En total, el Gobierno ha abonado únicamente 82 millones a los hogares damnificados por la riada. De este importe, 69,2 millones corresponden a daños por los inmuebles y los restantes 12,8 millones para cubrir gastos por la muerte de seres queridos.
Pocos días después de la tragedia, el Consejo de Ministros aprobó a principios de noviembre la entrega de hasta 60.000 euros para la reconstrucción de casas y otros 10.300 euros para reparar o cambiar electrodomésticos y muebles. La medida formó parte de la primera dotación que puso en marcha Moncloa. Posteriormente, el proyecto fue ampliado varias veces para incorporar nuevas líneas de actuación.
Las ayudas para viviendas y enseres son la gran iniciativa del Ejecutivo para ayudar a los afectados de la dana sufragada por las arcas del Estado. Otras decisiones, como las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), están financiadas por el conjunto de los ciudadanos que tienen contratada una póliza y que pagan un extra para costear los daños por este tipo de catástrofes naturales; existen además los préstamos avalados por el ICO, cuyos recursos son otorgados por los bancos.
Los datos oficiales señalan que el grueso de las indemnizaciones del Consorcio de Seguros ya ha sido desembolsado. Esta institución, dependiente del Ministerio de Economía, ha cursado 2.894 millones a los afectados por los coches demolidos y las viviendas, entre otros bienes. El organismo ha tenido 247.158 solicitudes, de las que 234.487 han sido tramitadas a la fecha actual. El Gobierno estimó que esta partida iba a rondar los 3.500 millones. En cuanto a los préstamos ICO, en los que se incluyen los destinados para las empresas y los autónomos, se han financiado 638 millones, de las 2.806 operaciones pedidas.
Este periódico ha venido informando de la lentitud con la que el Gobierno está desembolsando las ayudas prometidas. Por ejemplo, a mediados de febrero el 6% de las familias que habían pedido ayudas para viviendas habían percibido la cuantía, por lo que en tres meses la aceleración no ha sido muy relevante, aunque poco a poco se van distribuyendo.
El plan alcanza un máximo de 16.600 millones, pero solo un tercio del dinero es pagado por el Estado. Hay línea para empresas, que a diferencia de los hogares sí están recibiendo los recursos, para ayuntamientos y otras instituciones, para explotaciones agrícolas, para entidades deportivas, etc. Del total, 5.279 millones ya han sido dispuestos, siendo la partida más importante la que corresponde a las indemnizaciones por el Consorcio de Seguros.
Desde el principio, los afectados por la dana se han quejado de la falta de rapidez en la entrega de las ayudas directas y han lamentado la excesiva burocracia. Un papeleo que medio año después parece que no es excusa para que el dinero no llegue a unas familias que, en muchos casos, lo perdieron todo. Mientras tanto, la clase política sigue enzarzada por la responsabilidad de la tragedia. El Gobierno central y la Generalitat Valenciana pelean por echarse la culpa mutuamente de la gestión durante y después de la catástrofe en la que perdieron la vida más de 200 personas.