Cadena de dimisiones de altos cargos en el Gobierno vasco tras el caos en las prisiones

El modelo penitenciario vasco no termina de cuajar. O eso es al menos lo que invita a pensar la cascada de dimisiones que se han producido en los últimos meses en la Consejería de Justicia que dirige la socialista María Jesús San José y que se encarga de la gestión penitenciaria desde que el Gobierno central transfiriese la competencia hace casi cuatro años. En este tiempo se han sucedido las protestas de funcionarios prisiones por las condiciones laborales y económicas. Cien de ellos —un tercio de la plantilla— se marcharon a otras cárceles en el último concurso de traslados, principalmente por el citado motivo y por la falta de personal, que sigue cubriéndose con interinos sin experiencia. Se han multiplicado las quejas por la tensión en los centros, y los conflictos entre presos también se han disparado. 

Un escenario al que se han sumado cuatro dimisiones de altos cargos en los últimos seis meses. En noviembre, tras apenas tres meses en el cargo, Juan Carlos Romero dimitió como director general de Aukerak, la Agencia de Reinserción Vasca y una de las piedras angulares del nuevo modelo penitenciario que quiere establecer el Gobierno autonómico. La consejera San José nunca aclaró las circunstancias de su salida. Poco después, en enero, se marchó la mano derecha de la titular de Seguridad, su jefa de gabinete, Concha Aretxaga. Y en abril y mayo han dejado su cargo primero el viceconsejero de Derechos Humanos, Alfredo Retortillo, y después el director del mismo área, Jagoba Álvarez. 

Retortillo, número dos de la Consejería de Justicia, estaba impulsando en el Gobierno una reforma de la ley para que se sancionase la exaltación del terrorismo en espacios públicos como los ongi etorri. Una propuesta de las asociaciones de víctimas del terrorismo que incluso había respaldado en público el pasado mes de febrero la consejera San José. El viceconsejero de DDHH formaba parte del Consejo Vasco de Participación de las Víctimas del que salió el compromiso del Ejecutivo. Una intención que, sin embargo, meses más tarde quedó en duda después de que el PSOE votase en contra de esa iniciativa, en una proposición no de ley que presentó el PP en el Parlamento vasco. 

Reforma de la ley de víctimas

«No ha trascendido ni trascenderá por qué dejó su cargo, pero discrepancias como esas son las que llevaron al viceconsejero a dimitir», aseguran a este periódico fuentes parlamentarias. Retortillo dimitió el pasado 14 de abril, apenas una semana después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurriese la concesión del tercer grado penitenciario a Jesús Narváez Goñi, exmiembro del sanguinario comando de ETA Ekaitz, al considerar que la medida era prematura. Las asociaciones de víctimas denuncian desde hace tiempo que el Gobierno está concediendo este tipo de privilegios a muchos presos de la banda terrorista sin que cumplan los requisitos para obtenerlos.

Esta sucesión de salidas, denuncia el PP vasco, ha generado «inquietud tanto dentro como fuera de la Consejería de Justicia, y ha planteado serios interrogantes sobre la estabilidad» en la gestión de San José. El pasado viernes, el diputado Santiago López, precisamente, pidió a la consejera que diese explicaciones en el Parlamento autonómico sobre las cuatro dimisiones. «Diseñar el equipo de un departamento es una tarea discrecional y competencia de los consejeros y consejeras a fin de lograr mejorar la calidad del servicio que hemos de dar a la ciudadanía en cada momento», señaló la titular de Justicia, sin entrar en detalles sobre los múltiples ceses en su área.

18 terceros grados

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado que desde que la Consejería de Justicia y Derechos Humanos está en manos del partido socialista vasco (PSE) se han concedido 18 progresiones al tercer grado a presos de ETA, de las cuales solo una ha recaído en un etarra que no está vinculado a la izquierda abertzale. María Jesús San José asegura que «no hay privilegios» para los internos etarras en las prisiones vascas y les invita a que den el paso «de «responsabilizarse de los crímenes cometidos y reconocer el daño injusto causado», así como su «colaboración con la justicia» para resolver los asesinatos aún sin aclarar.

En febrero, la dirección del centro penitenciario de Basauri, en Vizcaya (País Vasco), dejó sin sanción a un preso de ETA que protagonizó una riña contra un funcionario de prisiones en el módulo de respeto. Según revelan fuentes penitenciarias, la evidencia de que no se tomó ninguna medida disciplinaria contra el interno, Óscar Barreras Díaz —condenado a 35 años por el asesinato de un inspector de la Policía Nacional en 1999 en Bilbao—, es que mantuvo su puesto de trabajo remunerado en el penal. Un privilegio que, según explican las mismas fuentes a THE OBJECTIVE, se retira automáticamente al recluso cuando se abre un parte por este tipo de incidentes.

El preso se enfrentó al trabajador porque estaba cerrando las celdas del citado módulo y, ante esto, «le acusó de hacer lo que le salía de los cojones». El funcionario le respondió señalando que cumplía con la normativa penitenciaria. A lo que, siempre según la versión de las fuentes consultadas, el interno etarra le «llamó fascista y nazi». «A partir de ahora, cada vez que venga tenemos que cuadrarnos y levantar el brazo derecho», le espetó el reo. El funcionario, que evitó reaccionar ante la provocación, elevó un parte a sus superiores, calificando los hechos como «incidente grave». Tres meses después, la dirección no ha aplicado ninguna sanción al etarra.