PSOE, Bildu y Geroa Bai vetaron en 2024 investigar el contrato que salpica a Cerdán

El Partido Socialista de Navarra (PSN), EH Bildu, Geroa Bai y Contigoz-Zurekinl -la marca de Podemos e Izquierda Unida en Navarra- vetaron en febrero de 2024 una iniciativa parlamentaria para que el Gobierno foral investigase el contrato de duplicación del túnel de Belate. Esta adjudicación ha puesto en el foco al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por un supuesto cobro de comisiones. La licitación se saldó a través de un cuestionado proceso en el que se sucedieron numerosas irregularidades.

El contrato, adjudicado por 62 millones sin IVA, recayó en una UTE liderada por la multinacional Acciona y las navarras Excavaciones Fermín Osés y Servinabar. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga si este y otros contratos de obras públicas en Navarra fueron dirigidos a determinadas empresas tras presuntos pagos a políticos, entre ellos Santos Cerdán.

Según recogen las actas del Parlamento foral, a las que ha accedido THE OBJECTIVE, la formación Unión del Pueblo Navarro (UPN) presentó el 1 de febrero del año pasado una moción en la que se instaba al Gobierno regional, presidido por la socialista María Chivite, a que remitiese el expediente de adjudicación a la Junta de Contratación Administrativa. El papel que pudo ejercer Santos Cerdán en la concesión de este contrato, que ahora investiga la UCO, ni siquiera se había planteado en aquel momento. Sin embargo, las irregularidades se evidenciaron casi desde el primer momento.

Moción en el Parlamento de Navarra

La petición de los regionalistas pretendía que este órgano emitiese un informe sobre la legalidad de la concesión. La razón principal era que hasta tres miembros de la mesa de contratación plantearon votos particulares sobre cuestiones como el informe de solvencia técnica, que permitió finalmente a la UTE de Acciona hacerse con el pliego. Los votos de UPN, a los que se unieron los del Partido Popular y Vox, no fueron suficientes. La iniciativa que ahora serviría para aclarar numerosas incógnitas no salió adelante. Toda la izquierda del arco parlamentario navarro -mayoritaria- se opuso.

En la exposición de motivos, UPN ponía en cuestión la adjudicación del contrato dirigido a duplicar los túneles de Belate y que salpica a Cerdán. Una de las razones esgrimidas, que meses más tarde refrendaría la Cámara de Comptos, era que la existencia de tres votos particulares contra el criterio de la Mesa era motivo suficiente para recabar un informe. También se buscaba que se aclarasen los reparos del secretario, del interventor y del representante de la Junta de Contratación en torno a la “falta de  motivación” y la presunta “vulneración de los principios de igualdad y transparencia”.

En la moción se invocaba el artículo 119.4 c) de la Ley Foral de Contratos Públicos, que atribuye a la Junta de Contratación Pública la función de informar a requerimiento, entre otros, de los poderes adjudicadores. La Junta de Contratación Pública es el órgano colegiado encargado de evitar la comisión de ilegalidades y malas prácticas. Goza de independencia funcional y está adscrito al Departamento del Ejecutivo Foral competente en la materia.

Los argumentos de UPN

La defensa de la iniciativa llegó de la mano del portavoz de UPN, Javier Esparza. Aseguraba que la moción era una oportunidad de solventar cualquier duda en torno al contrato. Incidía en que la cuestionada adjudicación, de 62 millones, era la más importante en la última década en Navarra. Esparza señaló que el presidente de la mesa de contratación, al emitir su puntuación, “provocó un cambio en la licitación”. “Ha provocado que quien iba a ser adjudicatario, si se hubieran respetado las puntuaciones de los cuatro miembros anteriores -de la mesa-, no sea ahora mismo quien ha sido adjudicatario”. Tras ello, el portavoz de UPN defendió que “es lógico que por transparencia y por evitar dudas quede todo aclarado“.

Por su parte, el socialista navarro Javier Lecumberri aseguró que el proceso fue transparente, porque había información colgada en la web de Transparencia. Desde UPN no se había cuestionado la información facilitada, que fue casi toda, y sí la opacidad con la que se desarrolló el procedimiento de adjudicación y de los métodos de puntación. Lecumberri defendió que “la adjudicación se había hecho de forma legal, clara y transparente”, algo que más tarde cuestionaría el tribunal de cuentas navarro y ahora investiga la UCO.

El diputado visionario de Bildu

Mientras, el parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz afirmaba que lo que estaba pidiendo UPN en la moción no era posible. Araiz pronosticaba que serían los tribunales de justicia los que deberían dirimir si había habido irregularidades o no. “No nos podemos sentir en este Parlamento jueces, porque no nos compete pedir un informe a la Junta de Contratación”.

El diputado de Bildu vaticinaba que el tema no se acabaría ese día “seguramente”, como así ha sucedido. Por su parte, Esparza advirtió a Araiz que podría ser “cómplice de prevaricación” si se demostrara que el procedimiento de adjudicación había sido irregular. Por último, Pablo Azcona, diputado de Geroa Bai, aseguraba que no era necesario dar más importancia al proceso porque ninguna de las 17 empresas participantes lo habían impugnado.

El informe de la Cámara de Comptos

Nueve meses después del Pleno en el Parlamento navarro, la Cámara de Comptos publicaba el pasado noviembre un demoledor informe, al que ha accedido THE OBJECTIVE, el que se detallan decenas de anomalías y un procedimiento en el que no se cumplieron los principios de transparencia e igualdad de trato. El informe respaldaba lo defendido por el diputado Javier Esparza y contradecía lo esgrimido por el socialista Lecumberri. También avalaba algunos de los vaticinios del diputado Araiz.

El tribunal de cuentas navarro consideró en su informe que hubiera aportado una mayor garantía al proceso solicitar un informe a la Junta de Contratación Pública, como pidió UPN. Además, apuntó la insuficiente concreción en los pliegos de los criterios de valoración sometidos a juicio de valor.