España incumple 19 exigencias del Consejo de Europa para evitar casos de corrupción
El Greco alerta de que un «problema crítico gira en torno al sistema de selección del CGPJ y su aparente politización»
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
España no avanza en el cumplimiento total de 19 exigencias realizadas en 2019 por el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), un órgano del Consejo de Europa diseñado para prevenir la corrupción entre altos cargos, asesores y fuerzas de seguridad. En el último informe de seguimiento, analizado por THE OBJECTIVE, se alerta de las escasas mejoras de nuestro país en materia de transparencia de los altos cargos y asesores, la falta de códigos éticos y los riesgos de conflictos de intereses.
En concreto, no se han aplicado ni abordado satisfactoriamente ninguna de las nueve recomendaciones contenidas en el Informe de Evaluación de la Quinta Ronda. De las recomendaciones restantes, 13 se han aplicado parcialmente y seis no se han implementado. El balance tiene especial interés en un contexto en el que la corrupción ha llegado a prácticamente toda la estructura del Estado, afectando incluso a la familia del presidente del Gobierno, a fiscales y jueces, exministros y asesores. Mientras, la opacidad del Ejecutivo central sigue batiendo mes a mes un nuevo récord.
En detalle, el organismo que analiza la ejecución de normativa antifraude y anticorrupción y que vela por intensificar la transparencia observa que el trabajo sobre los requisitos de transparencia e integridad de los asesores –el Gobierno tiene 1.217– se encuentra aún en una etapa muy incipiente. «No hay evidencia de que se haya prestado especial atención», certifica.
Corrupción y opacidad
Greco también reprende al Ejecutivo por la no aprobación del proyecto de Ley sobre la Transparencia e Integridad de las
Actividades de los Grupos de Interés. El organismo señala que España debe infundir mayor transparencia en las actividades
de cabildeo ante el Poder Ejecutivo. Resalta además que el proyecto se centró en un aspecto de la ecuación: los cabilderos,
mediante la creación de un registro, estableciendo sus obligaciones y la conducta exigida, así como las sanciones aplicables en caso de incumplimiento. El proyecto no incluía nada sobre el otro aspecto de la ecuación: el personal con altas funciones ejecutivas. «Es necesario abordar esto eficazmente», se advierte.
La transparencia de las agendas es otra de las recomendaciones desoídas. Señala que no se ha añadido nada nuevo, pese a que el Consejo de Trasparencia y Buen Gobierno ha insistido en la necesidad de la publicación. «La recomendación sigue sin aplicarse», concluye. También continúan en el cajón los cambios para que se garantice la modificación del procedimiento especial de aforamiento. Además, incide en aspectos que tienen que ver con los agentes de seguridad para prevenir la corrupción. En algunos casos se señala la aplicación parcial de la recomendación.
Policía y Guardia Civil
«En lo que respecta a las fuerzas del orden -Policía y Guardia Civil-, se han registrado algunos avances, aunque limitados. El Grupo de Estados contra la Corrupción valora especialmente las iniciativas integrales emprendidas en los últimos años para promover la igualdad de género y espera que también se desarrollen medidas específicas equivalentes en el ámbito de la lucha contra la corrupción», asegura. En este sentido, resalta que quedan mejoras clave por delante: aún no se ha diseñado una estrategia anticorrupción específica y los códigos de conducta deben ir acompañados de medidas prácticas para su aplicación.
«En general, la respuesta de España a las recomendaciones formuladas en el Informe de Evaluación de la Quinta Ronda ha sido insuficiente, lo que se ha traducido en un bajo nivel de aplicación», concluye.
Jueces y fiscales
Mientras, en otro informe, con recomendaciones de 2016, el Ejecutivo queda algo mejor parado en la puesta en marcha de medidas para evitar la corrupción y la influencia política en jueces y fiscales. El Greco recomendó que se realizase una evaluación del marco legislativo que rige el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de sus efectos sobre la independencia real y percibida de este órgano frente a cualquier influencia indebida, con vistas a remediar cualquier deficiencia detectada.
En cuanto a los jueces, señala que un problema crítico gira en torno al sistema de selección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y su aparente politización. «Esto no es una preocupación menor, ya que el CGPJ es responsable de algunas decisiones cruciales en el poder judicial, incluida la designación de jueces de alto rango».
Concluye que España ha aplicado o ha abordado satisfactoriamente siete de las once recomendaciones contenidas en el Informe de Evaluación de la Cuarta Ronda. De las recomendaciones restantes, tres se han implementado parcialmente y una sigue sin aplicarse.