La crisis inmobiliaria se ceba con los jóvenes: el 66% de menores de 35 depende de sus padres
Un informe elaborado por economistas calcula que en 2030 habrá un déficit de 2,5 millones de viviendas en España
Pedro Sánchez presenta el Perte de Vivienda para la construcción industrializada en la Feria Rebuild. | Europa Press
La crisis de vivienda que asola España no tiene parangón y se ceba especialmente con los más jóvenes. El 65,6% de los jóvenes de entre 18 y 34 años todavía residen en el hogar familiar o dependen económicamente de sus padres, lo que supone un aumento de 16 puntos porcentuales más con respecto a la media de la Unión Europea (UE). Es una de las demoledoras conclusiones que se extraen del informe Radiografía del mercado de la vivienda en España: por qué el control de alquileres es una mala idea, elaborado por los economistas Santiago Calvo, José Torres y Marta Caniego para la Universidad de las Hespérides.
El estudio demuestra un problema sin precedentes, con dos tercios de los jóvenes españoles sin posibilidad de emanciparse. En el contexto europeo, esto nos coloca en una penosa situación que lidera Croacia, con un porcentaje de jóvenes dependientes de sus progenitores superior al 70%. El porcentaje se reduce al 20% en Finlandia, Dinamarca y Suecia, los mejores países para emanciparse siendo joven.
La edad media de emancipación en España en la época de la burbuja inmobiliaria alcanzaba los 28,4 años en comparación con los 30,2 años actuales, lo que implica un incremento de aproximadamente dos años a lo largo de las últimas dos décadas. Este retraso en la independencia residencial sitúa a los jóvenes españoles entre los que más tardan en abandonar el hogar familiar, solo superados por los de Croacia, Eslovaquia y Grecia. El promedio de la UE se ubica dos años por debajo de la media de emancipación española, evidenciando un desfase significativo.
El mercado de la vivienda en España presenta problemas estructurales que afectan tanto a la compraventa como al alquiler, limitando el acceso a la vivienda para gran parte de la población. En los últimos años, los precios han mostrado un crecimiento sostenido: han aumentado un 53% en compraventa desde 2013, y el alquiler ha registrado subidas de entre el 7-8% anual desde 2015. Este aumento se debe sobre todo al déficit de vivienda, estimado en 423.000 unidades en la última década.
Este déficit se agrava por «la rigidez administrativa en el desarrollo urbanístico, donde los trámites para la calificación de suelo y licencias de obra nueva superan los catorce meses en promedio». Además, añaden los economistas, «el mercado laboral de la construcción se enfrenta a restricciones significativas debido al envejecimiento de su fuerza laboral y a la falta de cualificación profesional, limitando la capacidad de respuesta del sector». Para 2030, el déficit podría alcanzar 2,5 millones de viviendas.
Contra la ley de vivienda
El agotamiento del stock de obra nueva supone que ahora mismo nueve de cada diez transacciones son de segunda mano. La accesibilidad a la vivienda ha caído más de un 30% desde 2021. En consecuencia, el alquiler gana terreno, y ya representa el 18,7% de los hogares, impulsado por los jóvenes (el 50% de 16-29 años alquila) y por los extranjeros. Además, el esfuerzo financiero en el alquiler es el mayor de la UE: el 39,4% de los inquilinos destina más del 40% de su renta a vivienda, el doble que la media europea. En ese contexto, las políticas de contención de precios impulsadas por el Gobierno de España son contraproducentes: reducen la oferta, deterioran la calidad del parque habitacional y dificultan el acceso a la vivienda de las rentas bajas.
«El impacto del alquiler turístico ha sido limitado en términos generales, aunque sí ha influido en los precios en zonas concretas como áreas costeras y destinos turísticos. Esto pone de relieve la importancia de aplicar regulaciones adaptadas a cada contexto local en lugar de medidas generales que ignoren las dinámicas específicas de cada región», añade el informe publicado este pasado lunes.
La propuesta de los economistas consiste en ofrecer seguridad jurídica, agilizar los trámites urbanísticos, rehabilitar vivienda, fomentar la formación en el sector de la construcción y dar incentivos fiscales. En palabras de los autores, se trata de adoptar «un enfoque integral que combine reformas estructurales e incentivos a la oferta, de tal forma que se facilite un mercado más eficiente a largo plazo».