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El presidente del Grupo Hafesa, Alejandro Hamlyn | Hafesa
Este miércoles 28 de mayo, mantente al tanto de los temas clave que marcan la actualidad en el ámbito nacional, político, social, internacional y cultural. Solo en THE OBJECTIVE. Alejandro Hamlyn, presidente del Grupo Hafesa, es visto como un personaje enigmático en el sector de hidrocarburos. Durante años, obtuvo beneficios millonarios gracias a aplazamientos fiscales otorgados por la Diputación de Vizcaya, gobernada por el PNV. La administración le concedió demoras en el pago de impuestos por un total de 225 millones de euros, trato que no se ocultaba y era reconocido públicamente.
Las instrucciones de la asesora del PSOE: «No habléis con fiscales que no os digamos»
El entorno del PSOE , Leire Díez, Javier Pérez Dorset y Jacobo Teijelo, dio instrucciones precisas al empresario Alejandro Hamlyn, dueño del Grupo Hafesa, sobre cómo proceder para alcanzar un pacto con la Fiscalía: solo debían hablar con los fiscales que ellos señalaran específicamente. Así se desprende del audio completo de una conversación al que accedió THE OBJECTIVE, en la que los tres allegados al partido ofrecieron a Hamlyn, residente en Dubái, un encuentro con representantes del Ministerio Público en territorio árabe para cerrar un acuerdo por escrito. Aunque no mencionaron a quién representaban oficialmente, la militante socialista cercana a Santos Cerdán no vio problema en dicho viaje, argumentando que «los fiscales también se desplazan para resolver este tipo de asuntos».
Leire Díez pidió al empresario que contratara a un abogado afín al PSOE: «Pon a Jacobo»
Un grupo cercano al PSOE, encabezado por Leire Díez, trató de persuadir al empresario vasco Alejandro Hamlyn, propietario del Grupo Hafesa, para que rompiera con su abogado José Antonio Choclán y contratara en su lugar a Jacobo Teijelo. Este último, presente en la conversación, forma parte de un círculo reducido que ofrecía acuerdos “muy ventajosos” con la Fiscalía a cambio de pruebas que comprometieran a altos mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El propósito final de esta estrategia era identificar posibles fallos en el proceso judicial que pudieran derivar en la nulidad de las actuaciones que afectan al Gobierno.
La mafia que nos gobierna
Tras siete años de gobierno de Pedro Sánchez, hemos sido testigos de una creciente toma de control de las instituciones públicas, orientadas cada vez más a servir los intereses del partido en el poder y de un presidente decidido a mantenerse en La Moncloa a toda costa. Hace tiempo que quedó en evidencia que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado actúan más en función del Gobierno que en defensa del Estado. Pero lo más preocupante es que esto ya no parece suficiente: además de instrumentalizar organismos públicos, ahora se busca reunir ‘pruebas’ para socavar los tres pilares que aún ofrecen resistencia democrática —la independencia judicial, la libertad de prensa y la labor ejemplar de algunos cuerpos de seguridad.
Jacobo Teijelo, una vida al servicio del PSOE: del vídeo sexual de Pedro J. a ir contra la UCO
Una de las voces más reconocibles en los audios de la reunión donde se fraguaba una maniobra contra un teniente coronel de la UCO es la del abogado Jacobo Teijelo Casanova. Este letrado, que defiende al empresario Javier Pérez Dolset, participó en la videollamada junto a la asesora del PSOE Leire Díez y el empresario Alejandro Hamlyn, quien estaba del otro lado de la pantalla. Teijelo, que sostiene que los audios se obtuvieron a través de una “escucha ilegal” en su despacho, cuenta con una amplia experiencia en lo que él llama “crisis penales corporativas”, un perfil que encajaría con la coyuntura actual que atraviesa el PSOE. En el pasado, fue abogado de Exuperancia Rapú, la mujer implicada en el vídeo sexual usado como trampa contra el periodista Pedro J. Ramírez.
El entorno del PSOE prometió a un empresario mediar con el PNV: «Hablaremos con ellos»
A comienzos de 2025, personas del entorno del PSOE ofrecieron al empresario Alejandro Hamlyn la posibilidad de renegociar su deuda con la Diputación Foral de Vizcaya tras mantener conversaciones con la formación nacionalista. Hamlyn, que durante años se había beneficiado de aplazamientos fiscales por parte de Hacienda vasca por un total de 225 millones de euros, expresó su malestar al considerar que su trato preferente se había deteriorado.
Alejandro Hamlyn, el petrolero «mimado» por el PNV que presume de trabajar con militares
En el sector de los hidrocarburos, Alejandro Hamlyn, presidente del Grupo Hafesa, es calificado como “un fantasma” o “un personaje” por su perfil singular y reservado. Originario de Neguri (Vizcaya), es una figura bien conocida en el ámbito energético, en parte por los beneficios que obtuvo durante años gracias a la Diputación de Vizcaya , que le concedió sucesivos aplazamientos en el pago de impuestos especiales e IVA por un total de 225 millones de euros. Un trato preferencial por parte de la administración vasca que no solo era evidente, sino también admitido públicamente.
El misterio de la empresa de Aldama y Delcy: el oro venezolano se gestionó desde Suiza
Suiza vuelve a ser el punto de conexión entre Víctor de Aldama y la influyente vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. Según reveló a comienzos de este año Alejandro Hamlyn, presidente del Grupo Hafesa, al entorno del PSOE, ambos, el empresario español y la figura clave del régimen de Nicolás Maduro, están vinculados a una empresa conjunta con sede en Ginebra dedicada a la compraventa de hidrocarburos.
El Gobierno da el primer paso para ampliar las empresas sometidas a su control inversor
Este martes, el Gobierno ha dado luz verde al anteproyecto de Ley de Protección y Resiliencia de Entidades Críticas, que enviará con carácter urgente al Parlamento. La norma busca fortalecer la seguridad de infraestructuras esenciales frente a amenazas como sabotajes, riesgos tecnológicos y desastres naturales. Según fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, este paso inicial prepara el terreno para que el Ejecutivo amplíe la lista de empresas estratégicas, lo que implicaría que nuevos sectores queden protegidos bajo el mecanismo antiopas que Moncloa utiliza para controlar la inversión extranjera en industrias clave.