La Fiscalía negoció un pacto con Hamlyn hasta días antes de la difusión de los audios

Representantes de la Fiscalía se reunieron con José Antonio Choclán, abogado del dueño del Grupo Hafesa, Alejandro Hamlyn, al que se juzga por un presunto fraude de hidrocarburos de 154 millones de euros. Según fuentes judiciales, el encuentro tuvo lugar en la sede de la Audiencia Nacional en octubre de 2024, justo un mes después de que se aplazara sine die, a petición del Ministerio Público. A partir de ahí se abrió una negociación que avanzaba por buen camino hacia la consecución de un pacto que, sin embargo, se rompió abruptamente poco antes de que viesen la luz los audios en los que Hamlyn negociaba la entrega de presunto material sensible para acabar con el teniente coronel de la UCO Antonio Balas. Una operación que comandó la ‘asesora’ del PSOE Leire Díez.

En el encuentro, el letrado de Hamlyn, que también representa al comisionista Víctor de Aldama en el caso Villafuel, propuso a los fiscales llegar a un acuerdo. Para ello, se exigió al acusado reconocer el delito y el resarcimiento del daño o reparación del perjuicio. El empresario de los hidrocarburos se comprometió a entregar como aval los bienes embargados. Sin embargo, los fiscales le respondieron que «no podía hacer frente a la deuda con algo ya requisado». Por lo que no se llegó a ningún acuerdo, pero las conversaciones continuaron.

Unos meses después entra en acción el grupo de colaboradores afines al PSOE liderado por Leire Díez. En febrero de 2025, la «asesora» dio instrucciones al dueño del Grupo Hafesa de cara a sellar un pacto con la Fiscalía. Tal y como desveló este periódico, la orden fue clara: «No hablar con fiscales de los que no os digamos el nombre concreto». Una advertencia que, según consta en el audio íntegro de su conversación al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, dieron los tres principales participantes cercanos al PSOE, después de ofrecerle al empresario vasco residente en Dubái un encuentro que contemplaba enviar al Ministerio Público al país árabe para cerrar un acuerdo «escrito». Sin concretar en nombre de quién hablaba, la militante socialista afín a Santos Cerdán no puso reparos a dicho desplazamiento porque «los fiscales también viajan para resolver este tipo de cuestiones».

Los fontaneros del PSOE

A cambio, los que se presentaban como enviados por el PSOE solicitaban a Hamlyn pruebas incriminatorias contra altos mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Incluso especificaron su objetivo: la «nulidad del procedimiento», señaló Pérez Dolset, empresario vinculado a la trama negociadora que está imputado en la Audiencia Nacional por desviar fondos de su empresa Grupo Zed, sobre la base de «vicios, errores» que, según complementó Jacobo Teijelo, permitirían demostrar que «se han incumplido las garantías» procesales de los encausados. A ello se suma la sugerente oferta concretada por el letrado de que «se puede arreglar un delito fiscal vertiendo la información que permita llegar a los culpables», basándose en el artículo 305 del Código Penal.

Tanto Díez como Dorset mencionaron expresamente la necesidad de «ser muy discreto» y que no trascendiera ninguno de sus movimientos a los medios de comunicación. La ex jefa de prensa de Enusa y exdirectora de Filatelia de Correos Leire Díez incluso subrayó la importancia de este selecto y reducido grupo implicado en esta operación para «desmontar el entramado» de la llamada «camorra de la Guardia Civil». «El número de personas que tratamos este tema es absolutamente limitado. Absolutamente limitado». Y advierte a Hamlyn: «Tengo la mala manía de querer saber siempre desde dónde se filtra».

Y llegaron los audios

Según las mismas fuentes, las conversaciones con Fiscalía continuaron hasta unas semanas previas a la celebración del juicio, que se inició sin un acuerdo previo del Ministerio Público. El mismo día que comenzaba la vista oral salieron a luz los audios de ese pacto que se estaba fraguando con un grupo que hablaba en nombre del Gobierno con poder en la Fiscalía.

Finalmente, el juicio se ha tenido que aplazar porque el acusado Alejandro Hamlyn se encuentra fugado de la justicia y residente en Dubái. Hamlyn aprovechó un permiso de la Audiencia Nacional para viajar fuera de España y no ha regresado. Tiene una deuda de 3.000 euros con la hacienda dubaití, y la legislación del país impide abandonarlo si hay cargas pendientes con el fisco local.