El Gobierno se enroca e ignora la acogida de los mil menores de Canarias que exige el Supremo

El Gobierno no tiene previsto cumplir a corto plazo el auto del Tribunal Supremo que le obligaba el pasado 25 de marzo a hacerse cargo de más de mil menores extranjeros que han pedido protección internacional en Canarias. Dos meses después, el Ministerio de Migraciones no ha evaluado todavía ninguno de los casos de estos jóvenes inmigrantes que viven hacinados en los centros que ha improvisado en el último año el Gobierno autonómico, porque este último no ha aportado la documentación necesaria para iniciar los trámites, según aseguraron distintos representantes de la Administración del Estado este jueves en una vista celebrada en el Alto Tribunal. El encuentro, que pretendía encauzar un acuerdo entre ambos Ejecutivos, culminó alejando más esa posibilidad.

«Se ha constatado que no hay voluntad de cumplir con el auto. Ni con Canarias, ni con los menores», señala a este periódico el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello. «Todo sigue exactamente igual que hace dos meses», insiste. Cabello asegura que se ha remitido toda la información necesaria para que los ministerios implicados —Interior y Migraciones— acojan a los menores inmigrantes. En concreto, informes con listados individualizados, entrevistas, expedientes y todos los datos necesarios respecto a su ubicación. Frente a esto, sin embargo, critica el portavoz, «se excusan en las complejidades y deficiencias del Sistema de Protección Internacional».

A lo largo de la vista, que se extendió durante tres horas y fue presidida por el expresidente del Supremo Carlos Lesmes, el Gobierno manifestó su voluntad de colaborar; al mismo tiempo, quedó clara su negativa a hacerlo, según refieren las fuentes consultadas. Por un lado, se justificó en que no dispone de plazas para acoger a los mil menores, aunque asegura que intenta acelerar la solución a este problema. Y por otro, se enrocó en defender que la tutela de estos jóvenes no era su competencia, habida cuenta de que no cumplían distintos requisitos. Entre ellos, el de no tener sus necesidades básicas cubiertas —algo de lo que se encarga Canarias—y el de no estar acompañados de un adulto, según justificaron altos cargos del Ministerio de Migraciones. 

Sin acuerdo en la cifra de solicitudes de asilo

Según defendieron desde Migraciones, la red de acogida estatal tiene establecido como criterio la admisión de adultos o de menores acompañados por sus tutores, por lo que ningún centro cuenta con los recursos necesarios para hacerse cargo ahora de los niños y niñas extranjeros que han pedido asilo. Canarias advierte de que tampoco había medios cuando el número de menores migrantes que llegaba a las islas comenzó a dispararse. «Nos hicimos cargo de ellos sin tener capacidad. Teníamos 20 centros. Ahora hay 86. El Gobierno nos exigió entonces asumir la situación, pero ahora el Estado se escuda en que no tiene capacidad. Lo que vale para Canarias no vale para sí mismos», critica Cabello. 

El choque entre ambos Ejecutivos se advirtió hasta en el número de solicitantes de asilo que hay actualmente en el archipiélago. El Gobierno central rebajó la cifra de menores hasta los 762, el número que había superado la formalización de la solicitud. El Ejecutivo canario, sin embargo, señala que son más de 1.200, habida cuenta de que los ministerios implicados en esta cuestión solo han valorado las peticiones completadas, pero no las pendientes. Sin contar, además, con que siguen llegando al archipiélago cayucos con menores que huyen de conflictos en África. El pasado miércoles fallecieron cuatro mujeres y tres niñas tras volcar una patera con más de 150 personas en El Hierro. 

Un protocolo no vinculante

Durante el encuentro, Lesmes también preguntó a los representantes de la Administración por la colaboración entre los ministerios implicados, el de Migraciones e Interior, y la respuesta dejó claro que era escasa. Por otro lado, la Abogacía del Estado presentó un protocolo de actuación que envió a Canarias ese mismo jueves, lo que enfadó aún más a los letrados del archipiélago. Un documento que, según las fuentes consultadas, «se hizo de manera unilateral y que, el mismo Gobierno asumió que no era vinculante». Al parecer, este borrador establece que la acogida de los menores se llevará a cabo por una u otra administración, cuando -censuran estas mismas fuentes- el Tribunal Supremo establece que debe hacerse cargo el Estado; y estira los plazos hasta septiembre de 2025. 

«El protocolo, presentado ayer de manera unilateral y sin ser consultado ni participado por nadie, evidencia la intención que tiene de dilatar los plazos el Gobierno. Es una clara intención de dar una patada adelante a esta situación», critica el portavoz canario, Alfonso Cabello. Otra prueba de ello es que la información que demandaba la Administración desde hace meses sobre los menores se envió el pasado 23 de mayo y tuvo entrada en el Gobierno canario el pasado miércoles.