Leire Díez es patrona de una fundación que se hace pasar por la ONU y premia a Zapatero
La Fundación Internacional de Derechos Humanos está registrada en unas dependencias de la Universidad Complutense

Leire Díez, con José Luis Rodríguez Zapatero y Claudia Cambi (presidenta de la Fundación).
La «militante de base» Leire Díez, como definen en el PSOE a la mujer que comanda el equipo de fontaneros que busca información sensible para utilizarla contra la UCO, jueces, fiscales y periodistas, ha tenido ocupaciones más allá de la empresa pública. Además de ser consejera de una empresa privada navarra, Cistec, también es patrona desde hace 12 años de la Fundación Internacional de Derechos Humanos. Una plataforma que ha sido polémica en el pasado por utilizar colores, logos y tipografías que inducían a la confusión con un organismo de la ONU. Su actividad consiste en otorgar premios a figuras de la izquierda, como José Luis Rodríguez Zapatero, Lula da Silva o Jordi Évole, así como presentar denuncias públicas contra dirigentes latinoamericanos de centroderecha. No se le conocen vías de financiación; no consta que haya recibido subvenciones en España, pero tampoco presenta sus cuentas. Está registrada en unas dependencias de la Universidad Complutense, pero su supuesta sede central está en La Haya (Países Bajos). La dirección que aportan dirige a un almacén de venta de electrodomésticos en un polígono industrial a las afueras de la ciudad holandesa.
Leire Díez forma parte de esta Fundación Internacional de Derechos Humanos desde su fundación en 2013. En un primer momento, ocupó el cargo de patrono-vocal, pero en otros documentos más actuales de la fundación aparece referenciada con el término presidencia.

Esta entidad, que declara como fin en sus estatutos el de «contribuir a la difusión y promoción de los principios y valores contenidos en la letra y el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos», aportó como patrimonio de la fundación un inmueble en Madrid situado en la calle Rodas. Sin embargo, su domicilio registral se encuentra en la calle San Bernardo 49, en unas dependencias propiedad de la Universidad Complutense de Madrid.
En el pasado, esta Fundación Internacional de Derechos Humanos fue objeto de polémica -no sólo en España- por la utilización de una imagen de marca que induce a confusión. Aparentaba ser un organismo oficial o algún tipo de agencia dependiente de la ONU, pese a que se trata de una fundación privada sin ningún tipo de vinculación con entidades internacionales. En Colombia, por ejemplo, fue polémica una petición de «orden de arresto» contra los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque que difundieron a través de un comunicado. El asunto llevó a confusión al confundirlo la prensa con un organismo oficial. De hecho, en sus redes enlazaban una web de la ONU en la que aparecía la Declaración de Derechos Humanos.

Supuesta sede en La Haya
Pese a que se trata de una fundación registrada en España, declara tener sedes en multitud de países por todo el mundo aunque no aporta direcciones. Pero su sede central no está en España, sino -declaran- en La Haya (Países Bajos), ciudad que acoge también al Tribunal Penal Internacional y a Europol.
THE OBJECTIVE ha podido comprobar que la dirección aportada en La Haya (Oder 20, 2491 DC Den Haag, Países Bajos) no parece encajar con la ubicación destinada a una fundación de este tipo. De hecho, remite a un polígono industrial a las afueras de esa ciudad, y en esa dirección concreta opera un almacén de venta de electrodomésticos.

Sin subvenciones… ni cuentas
En cuanto a sus actividades, la plataforma vinculada a Leire Díez otorga los Premios Nicolás Salmerón de Derechos Humanos, que han recibido personalidades como José Luis Rodríguez Zapatero, Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner, El Gran Wyoming y Jordi Évole. Además, emiten comunicados críticos contra gobiernos latinoamericanos no afines a la izquierda, acusándoles de atentar contra los derechos humanos.

La fundación no aporta ningún dato sobre sus vías de financiación. En España, al menos, no consta que hayan recibido ningún tipo de subvención en los últimos cuatro años -más allá, Hacienda no permite su consulta-. La fundación no ha presentado sus cuentas en los últimos años ante el Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Cultura, un trámite al que obliga la ley bajo amenaza de cierre de hoja registral. No consta que haya tenido problemas por ello.