Puertas giratorias: 20 altos cargos de Sánchez se pasan a la empresa privada en cuatro meses

Las puertas giratorias, un atajo para los altos cargos que quieren dar el salto al sector privado antes de los dos años legales, funcionan a toda velocidad. Solo entre enero y abril de 2025, la Oficina de Conflicto de Intereses ha permitido a una veintena de altos cargos acceder a un puesto de responsabilidad en grandes empresas o consultoras, o volver a la universidad a dar clase -los menos-. Las autorizaciones son más numerosas, ya que algunos solicitan más de un permiso.

El registro actualizado de las autorizaciones a altos cargos y asesores para trabajar en el sector privado al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE muestra que solo entre enero y abril de 2025 se concedieron 36 autorizaciones. Estas suponen casi la mitad de las concedidas en todo 2024 -76-, el segundo año, después de 2019 -87-, con más permisos. Sorprende además que en algunos casos el salvaconducto ha llegado solo 22 días después del cese.

Cada vez hay menos altos cargos que solicitan un permiso para dar clases en la universidad o retomar su anterior profesión y más los que recalan en consultoras, lobbies y grandes empresas. El detalle muestra que hasta siete altos cargos han solicitado dar el salto a Telefónica, Indra, SAPA o Airbus.

Altos cargos en el sector privado

Antonio José Olivera, director de Gabinete del ministro Ángel Víctor Torres en Política Territorial y su mano derecha cuando era presidente del Gobierno de Canarias ha obtenido el consentimiento para trabajar en el sector solo 22 días después de su cese, «a petición propia y por motivos familiares», el pasado 2 de abril.

Olivera ha tenido que declarar en las comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados y en el Senado, por el caso Koldo, y en el Parlamento canario por el caso Mascarillas. Su papel en la compra de mascarillas que hizo el Gobierno canario durante la pandemia del covid está en el punto de mira. Ejerció como director del Servicio Canario de Salud (SCE) y viceconsejero de Presidencia, así como en la comisión de investigación por el caso mascarillas del Parlamento de Canarias. Olivera tiene ahora permiso para ocupar un puesto en tres compañías: Japan Tobacco, la Asociación Canaria de Industriales Tabaqueros y la consultora Atheryon Holding.

Airbus, Indra y Telefónica

Por su parte, Santiago Cabanas Ansorena, exembajador de España en Estados Unidos, que cesó en enero de 2024 para jubilarse, ha pedido formar parte del Patronato de la ONG Centro Internacional de Toledo para la Paz. El consentimiento ha tardado un año y tres meses en llegar. Otro alto cargo, Lilith Verstringe, ex secretaria de Estado de la Agenda 2023, también ha tirado de puertas giratorias y ha elegido una ONG, en este caso Bibliothèques sans Frontiéres, con sede en Francia.

Carmen Pérez, exdirectora del Departamento de Información Internacional de Presidencia de Gobierno, tiene autorización para trabajar en Indra Sistemas. En la empresa que ahora preside Ángel Escolano, Pérez dirigirá la comunicación. Carmen Pérez ha ocupado la dirección general de medios internacionales en Moncloa desde 2018. La autorización ha tardado en llegar menos de tres meses. También recalará en Indra Sistemas el exjefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra, Fernando Ángel García y García de las Hijas. El visto bueno para su pase a una empresa de defensa ha tardado menos de un mes.

De Renfe a SAPA

El representante ante el Comité Militar de la OTAN, Francisco Javier Fernández Sánchez, ha pedido -y ha recibido la autorización- trabajar en Airbus. La empresa europea es el destino habitual de numerosos mandos de Defensa cuando abandonan el ministerio. A Airbus también irá el exembajador en Nigeria, Juan Ignacio Sell.

Por su parte, Raül Blanco, expresidente de Renfe Operadora se ha incorporado a SAPA Placencia -accionista de Indra- como director ejecutivo de Estrategia. Blanco tuvo que enfrentarse a numerosos incidentes en Renfe Operadora, que abandonó de mutuo acuerdo con el ministerio de Transportes. Durante su mandato hubo incidencias en alta velocidad y cercanías, y un descarrilamiento entre Chamartín y Atocha. Por su parte, Francesc Vallés, ex secretario de Estado de Comunicación, será miembro del Consejo Asesor de Telefónica. El mismo destino ha sido elegido por Agustina Piedrabuena, directora de gabinete del ministro de Transformación Digital. En este caso ha sido autorizado su reingreso, ya que ya había trabajado en la compañía de telecomunicaciones.

Las puertas giratorias a la empresa privada solo se cierran de forma muy puntual, sobre todo, cuando saltan alarmas en los medios de comunicación. La experiencia y los conocimientos de los altos cargos son muy apreciados por la empresa privada, y también sus contactos. A menudo surgen dudas sobre un hipotético aprovechamiento de información privilegiada. También aparecen incógnitas sobre que su paso pueda, finalmente, perjudicar al sector público.

¿Qué dice la ley?

Según la Ley 5/2006 de regulación de los conflictos de intereses de los altos cargos del Estado, durante los dos años posteriores al cese no podrán desempeñar servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado. Existe relación directa cuando los altos cargos, sus superiores a propuesta de ellos o los titulares de sus órganos dependientes, por delegación o sustitución, hubieran dictado resoluciones en relación con dichas empresas. También en el caso de que hubieran intervenido en sesiones de órganos en los que se hubiera adoptado algún acuerdo en relación con dichas entidades.

Los altos cargos que con anterioridad a ocupar el puesto público han ejercido su actividad profesional en empresas privadas a las cuales quieren reincorporarse no incurren en incompatibilidad cuando la actividad no está directamente relacionada con las competencias del cargo público ocupado.