Furor de teléfonos en las cárceles: a un preso le han requisado 16 móviles en cinco años

La incautación de teléfonos móviles a presos se ha convertido en un asunto cada vez más relevante y mediático desde que, en las últimas fechas, se hiciera público que algunos encarcelados muy conocidos, como Ana Julia Quezada (asesina confesa del niño Gabriel Cruz) o Miguel Carcaño (autor del crimen de Marta del Castillo) gozaban de estos privilegios durante su cumplimiento de condena. Entre sus prerrogativas se encontraba el manejo de dispositivos electrónicos, concretamente móviles, cuyo uso está prohibido expresamente por el Reglamento Penitenciario. Su posesión supone una infracción grave o muy grave.

Pero lo cierto es que no se trata de casos aislados, sino que este incumplimiento de las normas de prisión es frecuente en las cárceles españolas. Además, los que cometen esta falta suelen reincidir en muchas ocasiones. De hecho, a un preso le han requisado 16 móviles en cinco años, según los datos aportados por el Ministerio del Interior en una resolución del Portal de Transparencia a partir de una solicitud de THE OBJECTIVE. Los diez condenados con más incautaciones cuentan con unas cantidades de reiteración del incumplimiento de la norma que varían entre las 14 y las 18 confiscaciones.

Cuando ocurre esto, las posibles sanciones son la suspensión de actividades o beneficios penitenciarios, el aislamiento en la celda por un máximo de 14 días, la pérdida de permisos (salidas, visitas…) y/o el bloqueo o retroceso en la progresión de grado. La implantación de unas u otras medidas dependerá de la gravedad del caso. Además, si se sospecha que el dispositivo fue usado para cometer o planear un delito (extorsión, amenazas, estafas…) se puede iniciar un procedimiento penal, remitir el caso al juez de vigilancia penitenciaria o incluso al juzgado de instrucción y, si finalmente se prueba un nuevo delito, ampliar la duración de la condena.

Igualmente, en todos los casos el móvil se le retira al preso de forma inmediata y además, se le abre un expediente disciplinario. Incluso puede analizarse el contenido del dispositivo, si hay indicios de delito. En algunos casos se destruye el aparato o queda bajo custodia judicial. Cabe destacar que si un preso reincide en el incumplimiento, las sanciones se agravan.

Incremento en la última década

En la última década, el número de móviles incautados a presos ha crecido considerablemente, con un aumento del 109%. Desde 2015, por años, el número de dispositivos confiscados han sido los siguientes: 1.058 en la primera fecha, 1.098 el segundo año, 1.217 el tercero, 1.515 en 2018, 2.214 en 2019, 1.894 en 2020, 1.737 en 2021, 2.141 en 2022, 2.224 en 2023 y 2.212 en 2024. En cuanto a 2025, la última cifra registrada es de 542 dispositivos requisados. Es decir, desde el año 2015 se han incautado un total de 10.596.794 teléfonos móviles.

Este aumento se debe, tal y como contamos en este periódico, a que adquirir un teléfono dentro de prisión en la actualidad es tan fácil como hacerlo en la calle, según lo evidencia la estadística sobre la intervención de estos dispositivos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Respecto a los registros del pasado año, las prisiones de Almería, Madrid III y Málaga I encabezaban la lista de centros con más incautaciones.

La incautación de móviles en una cárcel indica un fallo en el sistema de control interno del centro penitenciario y suele desencadenar un aumento de los controles de seguridad. Ese incremento de las medidas incluye generalmente la intensificación de requisas en celdas, el endurecimiento de los registros a internos, visitas y paquetes y la revisión de los inhibidores de señal, que a menudo se han quedado anticuados. También implica un refuerzo de la vigilancia sobre el personal, y se aumenta especialmente la supervisión de los presos reincidentes.

Uso de móviles

El uso más común de estos dispositivos por parte de los encarcelados es mantener contacto con familiares o personas no autorizadas a través de llamadas, videollamadas o mensajes en aplicaciones cifradas. Además, hay reclusos que emplean los móviles para dirigir redes criminales, coordinar estafas o realizar transferencias económicas a través de plataformas digitales. En otros casos, los móviles sirven para consumir contenido en línea o ver series, mientras que en situaciones más graves se han utilizado para amenazar a víctimas o testigos. El acceso a teléfonos móviles en prisión permite a los reclusos romper el régimen de control y vigilancia.