España, paraíso de los aforados: tiene 250.000 frente a los 19 de Francia o uno en Italia
La mayoría de países no concede aforamientos, aunque sí alguna forma de inmunidad parlamentaria excepcional
El recién aforado Miguel Ángel Gallardo junto a su nuevo escaño en la Asamblea de Extremadura. | EFE
España ostenta el récord europeo en aforamientos, con cerca de 250.000 personas que gozan de una protección jurídica especial que les permite ser juzgados por tribunales superiores en lugar de los ordinarios. Esta cifra contrasta con la de otros países europeos, como Francia, que cuenta con 19 aforados, o Italia, con solo uno. Este sistema ha sido objeto de debate y críticas, especialmente en el contexto de casos de corrupción que han afectado a la clase política española.
El aforamiento en España beneficia a una amplia gama de figuras públicas. Se estima que hay aproximadamente 17.600 aforados en instituciones del Estado y de las comunidades autónomas, incluyendo políticos (cerca de 2.000), jueces (unos 5.500), fiscales (unos 2.700), miembros del Tribunal de Cuentas, del Consejo de Estado y del Defensor del Pueblo. Además, más de 232.000 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las policías autonómicas disfrutan de un aforamiento parcial, siendo juzgados por las Audiencias Provinciales en caso de delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. Y cinco miembros de la Familia Real son aforados, además del Rey, que es inviolable.
En otros países europeos el número de aforados es residual en comparación. En Francia, solo el presidente de la República, el primer ministro y los ministros gozan de aforamiento, sumando un total de 19 personas en la actualidad, aunque pueden rozar la treintena cuando hay gobiernos más numerosos. Italia, por su parte, tiene únicamente al presidente de la República como aforado. Portugal sigue una lógica similar, con el presidente de la República como aforado y los miembros del Consejo de Estado con inmunidad parlamentaria limitada. En Alemania y Reino Unido no existe la figura del aforamiento; todos los ciudadanos, incluidos los políticos y altos cargos, son juzgados por tribunales ordinarios.
Sí suelen existir en las naciones europeas mecanismos de protección parlamentaria: en Austria y Bélgica, los diputados no pueden ser juzgados por su labor como representantes de la Cámara más allá de las medidas disciplinarias que decida adoptar su presidente. En otros, como Finlandia, sí pueden serlo, pero hay que pedirlo formalmente al Poder Legislativo, de modo similar a lo que ocurre con la inmunidad de los eurodiputados.
El aforamiento en España ha sido defendido por algunos como una medida para proteger la independencia de los altos cargos y evitar presiones políticas en su contra. Sin embargo, los críticos argumentan que este sistema puede romper con la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley al servir como un blindaje para la clase política, dificultando la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. Esta preocupación se ha visto reflejada en informes internacionales. Por ejemplo, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa ha instado repetidamente a España a reducir el número de aforados, señalando que este sistema obstaculiza el funcionamiento de la justicia.
El GRECO, en su último informe de cumplimiento de abril de 2025, reiteró su preocupación por la falta de avances en la reforma del sistema de aforamientos en España. El informe destaca que aunque algunas comunidades autónomas han adoptado cambios con respecto a los aforamientos, a nivel del poder central -lo que realmente preocupa al organismo- no se ha tomado ninguna medida significativa, con la excusa de que no se produce el consenso necesario para una revisión constitucional. A diferencia del Consejo de Europa, la Unión Europea no ha presionado pata que se hagan modificaciones en esta línea, aunque jueces y fiscales españoles han ido alertando a Bruselas de los peligros de los aforamientos, los ataques a la judicatura o el uso del término lawfare en los discursos políticos, tres elementos presentes en nuestro país y que según estos profesionales, pueden dar una imagen de “politización” de la justicia.
Recientemente, el debate sobre los aforamientos ha cobrado nueva relevancia tras el caso de Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, que fue investigado por presuntamente colocar al hermano del presidente del Gobierno en un puesto público, una oficina para las artes escénicas de la que David Sánchez pareció desconocer la ubicación y detalles en su declaración judicial. Negó hacerlo para beneficiarse del aforamiento, pero Gallardo pasó por delante de otros compañeros de lista y consiguió un escaño en la Asamblea de Extremadura, lo que le permitirá ser juzgado por un tribunal superior y evitar una posible condena en un tribunal ordinario. Se ha argumentado que el cambio le perjudica al quitarle una instancia de apelación, pero le permite ganar tiempo a corto plazo por el traslado de la instrucción y, en caso de recurrirse una hipotética sentencia condenatoria, facilita una llegada más rápida al Tribunal Constitucional de Conde Pumpido, que ya ha protagonizado revisiones polémicas como la exoneración de condenados por la corrupción de los ERE en el PSOE andaluz.
Esta protección vuelve a debatirse en España y el propio Gallardo, una vez llevada a cabo su maniobra para beneficiarse, ha propuesto eliminar los aforamientos, como el PSOE defendió en 2018 por “regeneración de la democracia”. Sin embargo, este tipo de reformas requieren una modificación de la Constitución, lo que implica un proceso legislativo complejo y la necesidad de alcanzar un amplio consenso político.
La reforma del sistema de aforamientos en España sigue siendo una asignatura pendiente. Aunque existen propuestas y una creciente presión social e internacional para reducir el número de aforados, la falta de consenso político y las dificultades para modificar la Constitución han impedido avances significativos. Mientras tanto, el sistema actual continúa siendo objeto de controversia y crítica, especialmente en el contexto de casos de corrupción que afectan a la clase política.
El sistema de aforamientos, concebido originalmente para proteger la independencia de los altos cargos, puede ser percibido como un privilegio que dificulta la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. La reforma de este sistema, aunque compleja porque exigiría un acuerdo amplio entre los diputados para eliminar la prerrogativa de la que ellos mismos gozan, podría contribuir a fortalecer la confianza en las instituciones y en la Justicia a ojos de los ciudadanos y de la comunidad internacional.