Acusaciones particulares en la dana se oponen a su unificación como piden las defensas
Las acusaciones defienden que su actuación no ha causado dilaciones ni perjuicios en el procedimiento judicial
Coches amontonados en una zona afectada por la dana. | Europa Press
Varias acusaciones particulares, como AVA, FETAP-CGT o Ciudadanos, han presentado este martes escritos al juzgado que instruye la causa por la gestión de la dana, en la que muestran su oposición a la unificación de todas las acusaciones como han solicitado las defensas de los dos únicos investigados, Salomé Pradas y Emilio Argüeso.
El abogado del ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso secundó la propuesta que hizo el letrado de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y solicitó también a la jueza instructora del Juzgado número 3 de Catarroja la unificación de las acusaciones en la causa penal por la gestión de la dana.
El letrado de Pradas, Eduardo de Urbano, solicitó que se impusiera la unificación o agrupación de las más de 40 acusaciones particulares y populares que se han personado en la causa porque, a su juicio, esta cifra “afecta al buen devenir” del procedimiento y causa indefensión a su defendida.
Solicitud denegada
Según el escrito de una de estas acusaciones, al que ha tenido acceso EFE, se oponen a la unificación de acusaciones “al amparo de lo establecido en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el sentido de permitir a cada acusación popular tener su propia dirección letrada». Otra de las acusaciones, señala que “de lo actuado hasta ahora no consta en absoluto que se haya producido dilación alguna en el trámite del procedimiento debido a las acusaciones particulares y populares personadas en el procedimiento”.
Recuerdan que no se ha producido “la suspensión de ninguna diligencia acordada por ese Juzgado debido a la actuación de alguna de ellas ni se han repetido actuaciones inútiles o perjudiciales o se haya distorsionado la marcha del procedimiento”. Niegan también que se haya “violentado el derecho de defensa», por lo que no entienden cuál es el fundamento que justifique “una decisión tremendamente vulneradora del derecho de defensa previsto en el artículo 24 de la Constitución”.
Otra de las acusaciones, a cuyo escrito ha accedido EFE, plantea que “el artículo 24 de la Constitución Española reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva, así como el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa”. Añaden que “de igual modo, el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos consagra el derecho a un proceso equitativo, lo que incluye la posibilidad de que cada parte desarrolle libremente su estrategia procesal sin sujeción a imposiciones indebidas que menoscaben su autonomía”.