Cataluña y País Vasco han solicitado el 39% de las eutanasias desde la aprobación de la ley

Cataluña y País Vasco son las dos Comunidades Autónomas en las que más solicitudes de eutanasias ha habido en los últimos años en España con un 39% del total, desde la entrada en vigor de la Ley de Eutanasia el 25 de junio de 2021. Esta norma autoriza la prestación de ayuda para morir en determinadas circunstancias: personas con una enfermedad grave e incurable o con un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Son datos aportados por el Ministerio de Sanidad en una resolución del Portal de Transparencia a partir de una solicitud de THE OBJECTIVE.

La eutanasia es el acto de provocar intencionadamente la muerte de una persona con el fin de aliviar el dolor cuando no existen posibilidades de mejora ni tratamientos eficaces. Hay diferentes tipos, según el consentimiento del paciente: puede ser voluntaria, involuntaria o no voluntaria (cuando el paciente no puede expresarse, si está en coma). Existen dos métodos para llevarla a cabo: la eutanasia activa (administrar una sustancia letal) y la pasiva (consiste en dejar de aplicar tratamientos que prolongan la vida).

Durante los años 2021, 2022 y 2023, tras el comienzo de la aplicación legal, se solicitaron un total de 1.515 eutanasias, aunque hay que tener en cuenta que los datos de 2021 corresponden a un periodo de 6 meses (debido a la activación de la ley en junio), mientras que en 2022 y 2023 corresponden a los 12 meses del año. De ellas, 173 se corresponden con el primer año, 576 con el segundo y 766 con el tercero. De esas cifras, 459 fueron en Cataluña y 138 en País Vasco, lo que supone un total de 596 peticiones frente al total, es decir, el 39,34% de las solicitudes se realizaron en estas regiones. A pesar estas cifras, se realizaron 697 durante ese periodo de tiempo, es decir, el 46% del total se llevaron a cabo.

De esas eutanasias realizadas, 552 fueron a través de la modalidad de administración por profesional sanitario (236 en 2022 y 316 en 2023) y 29 se llevaron a cabo por autoadministración (11 en 2022 y 18 en 2023). Estos mismos datos respecto al año 2021 no están disponibles. Por otro lado, en 374 casos, el solicitante falleció durante la tramitación del procedimiento (32 de ellos en 2021, 152 en 2022 y 190 en 2023).

Durante el procedimiento, existe la posibilidad de que el paciente desee revocar el procedimiento. Esto es, cuando el solicitante comunica su voluntad de finalizar el procedimiento de solicitud de ayuda a morir o a la prestación si esta hubiere sido ya autorizada. En total se han realizado 28 revocaciones, teniendo lugar la mayor parte de ellas en el año 2023, con una cantidad de 21. Por el contrario, en 2022 solo aconteció una anulación. En 2021 se registraron seis cancelaciones.

Procedimiento para solicitar la prestación de ayuda para morir

Para poder pedir la eutanasia es necesario cumplir una serie de requisitos que se encuentran previstos en el artículo cinco de la LORE. Estos son estar en posesión de nacionalidad española, residencia legal en España o certificado de empadronamiento que acredite la estancia superior a 12 meses en el país. Además, se debe ser mayor de 18 años, ser capaz y consciente en el momento de la solicitud, y, sufrir una enfermedad grave o incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante.

El procedimiento para pedir la prestación de ayuda para morir comienza con una primera solicitud, presentada por escrito y firmada por ambas partes, al médico responsable (MR), que será el interlocutor principal del paciente durante todo el proceso y verificará que se cumplen estos requisitos. En caso de no cumplirse, emite un informe desfavorable y lo comunica al paciente, que puede reclamar ante la Comisión de Garantía y Evaluación (CGyE) en un plazo de 15 días. Si se cumplen los requisitos, se inicia un proceso deliberativo en el que se informa al paciente sobre su diagnóstico, tratamientos posibles, cuidados paliativos y prestaciones sociales.

Pasados al menos 15 días, el paciente debe presentar una segunda solicitud, tras la cual se retoma el proceso deliberativo. Después de 24 horas, si el paciente desea continuar, firma el consentimiento informado. El MR consulta el caso con un médico consultor (MC) ajeno a su equipo, y este emite un informe favorable o desfavorable. Si el informe es favorable, la CGyE designa una dupla (médico y jurista) que revisa el caso y, si procede, emite una resolución favorable. Autorizada la prestación, paciente y MR acuerdan el modo, lugar y fecha. Tras el fallecimiento, el MR debe enviar a la CGyE dos documentos con información del proceso.

Condición médica de los solicitantes

Las patologías más comunes en los pacientes que han solicitado la prestación de ayuda para morir son las enfermedades oncológicas (485), las neurológicas (511) y la pluripatología orgánica severa; en otras palabras, pacientes con presencia simultánea de múltiples enfermedades crónicas (93). Con menor incidencia, también ha sido pedida la eutanasia por personas con enfermedades respiratorias (43) y cardiológicas (20). Asimismo, en muchos casos no constan datos o no se especifica la afección sufrida por los enfermos demandantes.

Edad

En relación con la edad de los solicitantes, las medias se sitúan entre los 66 y los 68 años. En 2021 y 2022, la edad media de las mujeres demandantes fue de 66,37 años, por debajo de la de los hombres, cuya media en esos mismos años fue de 67,32 años. En 2023, en cambio, la media registrada –que incluía a ambos sexos– se elevó a 68,78 años.

Relativa igualdad por sexos

Respecto al sexo, la cantidad de hombres solicitantes es ligeramente superior a la de mujeres. En el año 2021, de las eutanasias que se llevaron a cabo, fueron 38 a hombres y 37 a mujeres. En 2022, respecto al número de solicitantes de la prestación, 281 eran varones frente a las 245 mujeres reclamantes. De este año no se dispone de los datos relativos al sexo de otros dos solicitantes. Por último, en cuanto al género de los demandantes del año 2023, el 50,7% de ellos fueron hombres (389) y 377 solicitantes eran mujeres.