El ex 'número dos' de Interior rechaza el rol que le atribuye la Policía: «Es pomposo y artificial»

El ex número dos del Ministerio del Interior durante la primera etapa del Gobierno de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, insiste en desvincularse de la presunta trama que robó y vendió datos de empresas estratégicas y organismos públicos por la que le investiga la Audiencia Nacional, junto al conocido hacker Jose Luis Huertas, alias Alcasec, el youtuber Álvaro Martín y su socio Adrián Molina. En un escrito presentado por su defensa al que ha tenido acceso este periódico, el ex secretario de Estado de Seguridad pide a la jueza que lo ponga en libertad y argumenta que el «rol central» que le atribuye la Policía en la organización criminal es en realidad una serie de «generalidades y un relato tan pomposo como artificial». También insiste en que no existe ningún riesgo de que destruya pruebas, como advirtió la Fiscalía, habida cuenta «de que no tiene acceso a ellas».

La investigación, liderada por la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional, señala que Martínez, que ingresó en prisión el jueves pasado, desempeñaba «un rol central en la consolidación y sostenibilidad de la organización criminal». «Una función que abarcaría el diseño y la operación del blindaje legal, patrimonial e institucional que permitiría a los miembros técnicos de la trama ilegal, en especial a Jose Luis Huertas —con numerosos antecedentes por hackear empresas e instituciones como HBO, Mediaset o el Punto Neutro Judicial (PNJ)— operar con continuidad anonimato y una legitimidad aparente». En este sentido, según señalan los investigadores, el abogado incluso mediaba para que Alcasec firmase contratos de colaboración con entidades públicas como la UNED o el Ayuntamiento de Madrid.  

En el recurso, la defensa rechaza esta acusación e insiste en que el auto de ingreso en prisión dictado por la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón no «contiene ni una sola acción de Francisco Martínez en el que se le describa construyendo, cual paciente y avezado arquitecto jurídico, ese armazón legal sin el cual José Luis Huertas no habría podido llevar a cabo la actividad que se le imputa y se califica de ‘red compleja con un alto nivel de sofisticación tecnológica y operativa’». En este sentido, recuerda el abogado de Martínez, la Fiscalía puso de manifiesto en el interrogatorio que su intervención jurídica en la trama se había limitado a la constitución de dos sociedades —Horu Corp y Havenio Tech SL— y llevar la contabilidad de la primera de ellas durante unos meses, lo que «constituyen actos neutros propios de todo despacho de abogados mercantilista». 

Blanqueamiento de imagen

Cabe destacar que esas sociedades habrían sido empleadas por la trama para presuntamente blanquear el dinero que obtenían de la compraventa ilícita de datos tras lanzar ciberataques a empresas y organismos públicos. Aun así, el abogado insiste en que Francisco Martínez «no aparece ni en un solo acto de gestión, administración, dirección o apoderamiento en esas u otras mercantiles». «¿Dónde está ese blindaje legal y patrimonial? ¿Dónde está esa cobertura legal a una estructura ilícita altamente tecnificada? ¿Dónde están esas empresas pantalla? ¿Qué participación ha tenido en los pagos en cripto-activos, en la canalización de ingresos ilícitos, en la facturación simulada o en la apariencia de actividad lícita?». 

Lo único, advierte, con «algo de concreción» es «el blanqueamiento de imagen» de Jose Luis Huertas mediante distintas iniciativas tendentes a introducirle en entornos académicos profesionales «legítimos», destacan, «a través de acuerdos con instituciones educativas, participando en programas de formación y actividades relacionadas con la ciberseguridad»; y el acceso al Bot de Telegram, facilitado al ex secretario de Estado por el propio Alcasec, donde efectuó 21 consultas en ocho meses de datos presuntamente ilícitos. El escrito defiende que «se ignora qué consultó a través de esa herramienta» y que, en cualquier caso, no es «una actividad de blindaje legal» ni de «consolidación y sostenibilidad de la organización criminal». 

El acceso de Martínez al bot

Para los agentes de la CGI el acceso de Francisco Martínez, sin embargo, supone una prueba clave de su implicación en la organización, habida cuenta de «que le permite realizar consultas sobre bases de datos obtenidas ilícitamente como las de la Dirección General de Tráfico o de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)», señalan los autos consultados por THE OBJECTIVE. Un acceso que «revela no solo una relación de confianza operativa, sino también un conocimiento concreto por parte del investigado de las actividades ilegales del grupo». Y que implica, según los investigadores, el uso que hacía Martínez de los recursos ilícitos de la organización para «fines personales o profesionales», es decir, no solo como asesor legal.

Por otro lado, advierten que el número dos conocía «en detalle» la «existencia y funcionamiento» de las citadas empresas. De acuerdo con las pesquisas realizadas, «puede deducirse que habría intervenido en su configuración legal y operativa, cumpliendo un rol central en el diseño de estructuras societarias que actuarían como fachadas legales de la actividad criminal». Estas sociedades, administradas por terceros como el otro investigado, Adrián Molina, se utilizaban para canalizar ingresos ilícitos, emitir facturación simulada y aparentar una actividad económica lícita. Una arquitectura que permitía también desvincular de los beneficios del entramado al conocido hacker Jose Luis Huertas. 

Andorra y República Dominicana

En cualquier caso, la trama encabezada por Alcasec no solo habría penetrado en empresas y organismos públicos españoles, también había logrado hacerlo en sistemas sensibles de países extranjeros como Andorra, Bolivia y República Dominicana, indican fuentes jurídicas. Respecto a este último país, según ha publicado El Mundo, los investigadores buscaban cruzar datos del paraíso fiscal con los que ya contaba la trama de otros organismos: como la Agencia Tributaria, la Policía nacional o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el objetivo de extorsionar posteriormente a posibles blanqueadores de capitales y defraudadores fiscales en nuestro país. 

De acuerdo con la citada información, los investigadores han acreditado que la organización habría hackeado, por ejemplo, la base E-ticket, de la Dirección General de Migraciones de la República Dominicana, que contiene el registro de todos los ciudadanos extranjeros que han visitaron el país desde 2021. El objetivo principal de la trama era elaborar perfiles lo más completos posible de empresarios, políticos y, en definitiva, de miles de ciudadanos, para poder utilizar esa información posteriormente y conseguir una contraprestación económica.