Panadero, conserje... El salario de los presos ha aumentado un 24% en diez años

El salario medio de la población penitenciaria que tiene un puesto de trabajo mientras cumple condena apenas se ha incrementado un 24% en los últimos diez años, según los datos facilitados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en una respuesta del Portal de Transparencia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. De acuerdo con esta estadística, que muestra la evolución salarial entre 2014 y 2023, las cerca de 100 empresas que dan trabajo internos de las cárceles españolas apenas han incrementado en un euro la retribución por hora. 

En el caso de los presos que se dedican a labores de mantenimiento, el salario por hora de un «operario base» en los centros ha pasado de 3,77 (2014) a 4,68 euros (2023), esto es, un 24,13% más. Por otro lado, los internos que trabajan como panaderos, cocineros, electricistas o en el economato —las máquinas que dispensan productos a bajo coste— perciben 4,53 euros (un 23,7% más) por hora trabajada frente a los 3,66 que cobraban hace diez años, siempre según la información del departamento de Prisiones. 

Los reclusos que mejor remuneración reciben son los que tienen un empleo de confección industrial: 4,73 por hora; y aquellos que tienen el estatus de «operario superior», que alcanzan, en algunos trabajos como la cocina, los 5,44 euros por hora trabajada; y en otros como «madera» o «metálica», 5,62 euros. La obtención de estos trabajos superiores depende de grado regimental y de la experiencia laboral que tienen los presos, según explican fuentes penitenciarias. Cabe destacar, además, que estos empleos pueden desarrollarse en el interior de las cárceles o en el exterior, habida cuenta de que estas medidas están enfocadas a la reinserción de los presos.

Por debajo del SMI

En cualquier caso, los salarios de la población penitenciaria están muy por debajo del sueldo mínimo interprofesional vigente, a partir del cual se determina la retribución de los presos, según señala el Real Decreto aprobado en 2001 sobre la relación laboral de carácter especial de los penados que realizan actividades laborales. De esto alertaba en julio de 2024 precisamente el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) en un informe en el que calificaba de «indigno» el salario que perciben los internos, frente al incremento de los últimos años del SMI. 

En este sentido, explica esta organización jurídica citando la norma, «se toma como referencia el salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, de tal manera que el salario resultante se fija proporcionalmente al número de horas realmente trabajadas y al rendimiento conseguido por el trabajador». Una legislación que se aplica solo a aquellos que trabajan en talleres laborales de la propia prisión o en colaboración con empresas externas que introducen en las cárceles los equipos necesarios para la actividad industrial que las caracteriza. Es decir, los empleos que desgrana la respuesta de IIPP, a la que ha tenido acceso este periódico. 

Salarios «indignos»

De acuerdo con esta estadística, señala el Consejo de la Abogacía, los sueldos de los presos no se han actualizado con respecto al SMI. Mientras que en 2017 el salario medio de las presas y presos que trabajaban en cárceles españolas era de 308,22 euros, en el año 2022 el mismo ascendía a 339,96 euros, lo que supone un incremento del 10,30%. Frente a esto, el salario mínimo se incrementó en el mismo lustro cuatro veces más, concretamente un 41,31% (de 825,65 euros a 1.166,70 euros, calculados sobre 12 pagas anuales).

«Es imprescindible hacer una reflexión respecto a la importante diferencia que se da entre unas cifras y otras, añadiendo que la diferencia no sólo afecta a la desigual evolución en lo que se refiere a incrementos, sino también al hecho de que el salario medio de las personas trabajadoras en prisión es tres veces más bajo que el Salario Mínimo Interprofesional, situación que es, sin lugar a duda, indigna», según el CGAE. 

Polémica con algunos empleos

Algunos de estos puestos de trabajo, por otro lado, han generado polémica en los últimos años por el tipo de presos que pueden ejercerlos. El caso más grave fue el del preso de la cárcel de Mas d’Enric, en El Catllar (Tarragona) que asesinó con un cuchillo a una trabajadora de la cocina de la prisión, en la que también trabajaba el recluso como pinche. La muerte de la empleada causó gran conmoción y cientos de funcionarios de prisiones catalanes protestaron en las calles pidiendo cambios frente a este tipo de políticas de empleo penitenciario. Los trabajadores incluso convocaron huelgas y cortaron los accesos a prisiones catalanas, pidiendo la dimisión de los responsables políticos.  

Finalmente, la citada prisión decidió retirar a los 15 presos de la cocina como medida de seguridad tras el asesinato. Todos los afectados habían sido condenados por delitos violentos, la mayoría por asesinatos. Ahora, el consejero de Justicia de Cataluña ha dado los primeros pasos para impedir que los presos condenados por este tipo de ilícitos puedan trabajar en las cocinas de las cárceles catalanas.