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Miguel Ángel Gallardo el día de su estreno en la Asamblea de Extremadura. | Jero Morales (EFE)
Este lunes 9 de junio, mantente al tanto de los asuntos clave que dominan la escena tanto nacional como internacional. En THE OBJECTIVE te acercamos a la actualidad con reportajes a fondo, análisis rigurosos y las declaraciones más relevantes de los protagonistas que están marcando el pulso informativo del momento.
Las acusaciones populares en el caso David Sánchez denuncian una maniobra legalmente cuestionable por parte de Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE en Extremadura, para obtener aforamiento. Gallardo accedió al escaño tras la dimisión coordinada de una diputada y la renuncia de cuatro suplentes anteriores, todo el mismo día y ante el mismo notario, según consta en la documentación del caso. Vox, Manos Limpias y Liberum han calificado la operación de irregular y la han llevado a los tribunales, alegando que busca entorpecer el proceso judicial por la contratación del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz.
Las eléctricas creen que el caos ferroviario del 22 de abril está relacionado con el gran apagón
El pasado 22 de abril se produjo un caos ferroviario parcial que afectó a más de 10.000 pasajeros entre las estaciones de Madrid-Chamartín y Valladolid por un fallo en el suministro eléctrico. Ese mismo día, una caída de tensión obligó a detener un AVE dentro de un túnel en la variante de Pajares. Las compañías eléctricas consideran que estos incidentes podrían estar conectados con el gran apagón que se produjo una semana después, el 28 de abril, y que dejó sin luz durante más de diez horas a amplias zonas de España y parte de Portugal. Si esta hipótesis se confirma, reforzaría la teoría de que hubo errores de gestión por parte de Red Eléctrica que desencadenaron el blackout.
Mismo día y mismo notario: las pruebas del posible fraude de ley del aforado Gallardo
Una maniobra coordinada. Las acusaciones populares en el caso David Sánchez afirman que Miguel Ángel Gallardo llevó a cabo un ardid legal para obtener aforamiento, lo que consideran un posible fraude de ley. Para acceder al escaño, el dirigente socialista en Extremadura necesitó que una diputada renunciara y que otros cuatro candidatos con mejor posición en la lista electoral rechazaran asumir el cargo. Todo ocurrió el mismo día y ante el mismo notario, según la documentación disponible. Fuentes del Parlamento califican la maniobra como poco habitual. Vox, Manos Limpias y Liberum han denunciado esta estrategia, que, según alegan, pretende retrasar o alterar el proceso judicial sobre la contratación del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz.
Leire Díez intentaba desacreditar al juez Peinado vinculándolo con pruebas falsas
La trama dirigió sus esfuerzos especialmente hacia los jueces que están investigando al entorno del Gobierno. El dosier entregado por Leire Díez la semana pasada en la sede del PSOE en Ferraz contiene material comprometedor sobre los magistrados que instruyen las causas contra el hermano y la esposa del presidente Pedro Sánchez. En particular, se buscaba desacreditar al juez Juan Carlos Peinado, al vincularlo con la supuesta aceptación de pruebas falsas proporcionadas por un policía en el caso contra Nervis Villalobos, exviceministro de Hugo Chávez, que estuvo 14 meses en prisión preventiva. Un informe al que ha tenido acceso la prensa acusa a ese agente de manipular documentos y hacer desaparecer actas con el fin de armar una acusación por desvío de fondos contra el exfuncionario venezolano.
Los emisarios del PSOE pedían fondos para publicar en una web los audios de Villarejo
Durante varios meses, personas cercanas al entorno del PSOE —entre ellos el empresario Javier Pérez Dolset, la periodista Patricia López y la militante Leire Díez— habrían impulsado una operación con dos frentes. Por un lado, ofrecían a empresarios investigados acuerdos de colaboración con la Fiscalía a cambio de que desacreditaran públicamente a agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Por otro, solicitaban financiación para poner en marcha un medio digital desde el que difundir información delicada procedente del excomisario José Manuel Villarejo, con el objetivo de señalar a jueces, fiscales y responsables policiales.
Leire Díez fue consejera de Correos Telecom y le otorgaron poderes especiales en el grupo
Leire Díez Castro, militante del PSOE hasta el pasado miércoles y designada directamente para un puesto de responsabilidad en el Grupo Correos, también ocupó un asiento en el consejo de administración de Correos Telecom, la filial encargada de las infraestructuras de telecomunicaciones de la empresa estatal. Permaneció en ese cargo durante casi tres meses. Este consejo tiene como función principal proteger los intereses de los accionistas y supervisar el trabajo de la dirección, además de definir la estrategia corporativa y tomar decisiones relevantes para el futuro de la compañía. Los integrantes del consejo son seleccionados entre los directivos del Grupo Correos y de la SEPI, procurando mantener un equilibrio de género en los nombramientos.
El Gobierno paga 113.000 euros por un informe tergiversado para decir que crece el racismo
El Gobierno ha destinado 113.000 euros a un estudio que fundamenta su afirmación de que en España ha aumentado la percepción de discriminación por motivos raciales o étnicos. El informe fue encargado por el Ministerio de Igualdad a la consultora Red2red, con un coste de 108.420 euros. A esto se sumaron 4.499,93 euros adicionales para su presentación durante un acto celebrado en la Semana Antirracista el pasado marzo, según datos oficiales obtenidos en exclusiva.
El PP acelera el cerco a Sánchez en el Senado: desde octubre tendrá que ir todos los meses
El Grupo Popular en el Senado refuerza su presión sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y esta semana está previsto que el Pleno apruebe una reforma del Reglamento que lo obligará a comparecer mensualmente. Según fuentes del PP, la medida podría entrar en vigor en octubre, coincidiendo con el inicio del nuevo periodo de sesiones y una vez concluido el trámite parlamentario. El PSOE, por su parte, no ha propuesto ninguna alternativa a esta iniciativa.